Efectivos de la Policía Judicial y el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach realizaron ayer sendos registros en los domicilios de la expresidenta del Parlamento balear y del Consell de Mallorca María Antònia Munar y de su exvicepresidente, Miquel Nadal, en las poblaciones de Costitx y Palma, respectivamente, en busca de parte de los cuatro millones de euros que, según las últimas revelaciones, las empresas Sacresa-Ferratur pagaron en comisiones a políticos de Unión Mallorquina (UM) por la venta supuestamente fraudulenta de un solar público durante la legislatura 2003-2007 conocido como Can Domenge.
Los registros se produjeron horas después de que el exconsejero Bartomeu Vicens, uno de los imputados en este sumario y que ya tiene otras dos condenas por casos de corrupción, se haya avenido a colaborar con la Justicia y haya reconocido que él mismo se quedó con 600.000 euros de esa millonaria coima, que se repartieron otros miembros del Gobierno de la isla, entre ellos Munar.