Tampoco entiende necesarios los testimonios de Rato y Mayor Oreja
25 sep 2013 . Actualizado a las 00:25 h.La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto en un escrito al juez Pablo Ruz a que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el exvicepresidente Rodrigo Rato y el exministro Jaime Mayor Oreja declaren como testigos en el caso Bárcenas, tal y como pidió una acusación, han informado fuentes fiscales.
Es la segunda decisión de Anticorrupción en el caso Bárcenas en la última semana. También se opuso a abrir una investigación sobre la destrucción de los discos duros de los ordenadores que empleaba el extesorero del PP en su despacho de la sede del PP en Génova y que quedaron en poder del partido tras su dimisión. Varias acusaciones habían solicitado la apertura de una investigación por encubrimiento y obstrucción a la justicia. En el escrito al juez, la Fiscalía señalaba que esta diligencia no aportaría ningún resultado de interés para el avance de la causa.
La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), personada como acusación popular en la pieza de Gürtel sobre la caja B del PP, pidió que declararan debido a que los tres aparecen en los papeles manuscritos de Luis Bárcenas como perceptores de diversas cantidades en metálico, dinero que supuestamente procedía de donativos de empresarios. Según el escrito de la acusación particular, el testimonio de Rajoy era necesario para que explique si percibió las cantidades que apuntó el extesorero del PP durante su declaración del pasado lunes, un total de 45.000 euros en los años 2009 y 2010.
El fiscal del caso Bárcenas, Antonio Romeral, cree en su escrito que no es el momento procesal oportuno para que se tome declaración a Rajoy, Rato y Mayor Oreja, en espera de dos informes periciales en los que se deberá concretar si los donativos a los empresarios y los pagos a los altos cargos del PP de la contabilidad B pudieron ser constitutivos de delito. En concreto, la Fiscalía espera un informe sobre si los pagos que aparecen en los papeles manuscritos se declararon a Hacienda y, en caso de que no fuera así, si por su cantidad pueden ser constitutivos de un delito fiscal.
En cuanto al cohecho y el tráfico de influencias, un segundo informe pericial deberá concretar si las donaciones de los empresarios al PP respondieron a la adjudicación de obras públicas por parte de administraciones gobernadas por ese partido.