La sentencia del caso Malaya, dictada siete años después de que comenzara la investigación y saldada con penas mínimas, pone de manifiesto que la justicia es lenta e ineficaz a la hora de juzgar los grandes casos de corrupción
13 oct 2013 . Actualizado a las 14:18 h.Si le debes dinero a un banco tienes un problema. Pero si le debes muchísimo dinero a un banco, el problema lo tiene el banco. La vieja máxima financiera puede aplicarse también a la justicia española. Si has estafado dinero tienes un problema con la justicia. Pero si has estafado muchísimo dinero, es la justicia la que tiene un problema para juzgarte. La reciente sentencia del caso Malaya, dictada siete años después de comenzar la investigación, ha puesto de manifiesto las dificultades del sistema judicial para enfrentarse a macroprocesos de corrupción con decenas de imputados y en los que se manejan cifras multimillonarias de dinero estafado o defraudado a hacienda. Cuanto más poderosos son los encausados, más trabas encuentra el juez instructor para llevar el caso a juicio. En la práctica, el sistema establece una justicia de dos velocidades: una rápida, para juzgar a los ciudadanos normales, que investiga, juzga y sentencia con rapidez, y otra lenta para ricos, políticos o famosos, que eterniza los procesos, permite a los acusados permanecer en libertad mientras no haya sentencia y concluye generalmente con penas leves, como ha ocurrido en el caso Malaya. Existen en este momento decenas de casos de corrupción o de delitos contra la Hacienda Pública que afectan a ciudadanos poderosos y que llevan años paralizados o atascados en una maraña de recursos, comisiones rogatorias en el extranjero, peticiones de pruebas y sumarios con decenas de miles de folios que facilitan la impunidad de personas acusadas y la prescripción de los delitos, en muchos casos gravísimos. Estos son algunos de ellos.
CASO GÜRTEL
La denuncia de un concejal de Majadahonda (Madrid) en el año 2009 dio origen a un gigantesco caso de corrupción en el que una red corrupta liderada por Francisco Correa sobornaba a políticos del PP de diferentes Administraciones. Cuatro años después, el caso está siendo instruido en la Audiencia Nacional después de haber pasado por diferentes tribunales. El caso provocó la dimisión de apenas una decena de cargos públicos y ha costado la carrera al juez Garzón, condenado por prevaricación por ordenar escuchas a los abogados. Pero, a día de hoy, no hay un solo político encarcelado por el caso Gürtel y los responsables de la trama corrupta están también en libertad a la espera de un juicio que todavía no tiene fecha. Solo el extesorero del PP Luis Bárcenas se encuentra en prisión, por una caso que se investiga en pieza separada del sumario Gürtel. En el año 2011, cuando el caso se trasladó a la Audiencia Nacional, ocupaba ya más de 50.000 folios repartidos en 169 cajas con 671 tomos y 88 imputados. Hoy, todas esas cifras se han elevado considerablemente.
CASO NÓOS
Es una pieza separada del caso Palma Arena en la que están imputados entre otros el yerno del rey Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres. La investigación se inició en el año 2010 y los hechos presuntamente delictivos se remontan hasta el año 2006. Durante la instrucción que se sigue en Palma, la infanta Cristina fue imputada por el juez y desimputada luego a petición de la fiscalía. El sumario tiene en este momento más de 160.000 folios. Al principal acusado, Iñaki Urdangarin, no se le han impuesto medidas cautelares, más allá de una fianza de responsabilidad civil que no ha pagado. No hay fecha de juicio.
CASO DE LOS ERE
Investiga una red de corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía, con subvenciones y prejubilaciones fraudulentas pagadas con fondos públicos. En este momento, en el sumario, que ocupa 51 tomos con decenas de miles de folios, hay 123 imputados, de los cuales casi 70 ni siquiera han prestado declaración. Los hechos, investigados por la juez Alaya desde el 2010, se remontan al año 2001. Entre los investigados hay dos expresidentes de la Junta: Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En caso de ser imputados, el caso pasaría al Supremo, lo que alargaría aún más el proceso.
CASO BRUGAL
Investiga delitos de soborno, tráfico de influencias y extorsión en la adjudicación de contratos públicos y en concursos de recogida de basuras en varias localidades gobernadas por el PP en Alicante. La investigación comenzó en el 2006, hace siete años. Entre los imputados están el anterior alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, la actual alcaldesa, Sonia Castedo, y el constructor y máximo accionista del Hércules Club de Fútbol, Enrique Ortiz, que obtuvo el control de las cuatro grandes contratas municipales pese a su «íntima amistad» con la alcaldesa, reconocida por ambos. El sumario supera con creces los 50.000 folios y hay decenas de imputados.
CASO EMPERADOR
Es una operación de la Fiscalía Anticorrupción contra la mafia china en España por delitos de blanqueo, fraude, contrabando, delitos contra la Hacienda y amenazas. Errores del juez y los fiscales permitieron a los principales acusados quedar en libertad. Aunque el jefe de la trama, Gao Ping, regresó a la cárcel, varios de sus lugartenientes han huido de la justicia. En el caso están implicados numerosos personajes famosos, millonarios y hasta familiares del rey Juan Carlos.
CASO FABRA
El expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra está siendo juzgado por trafico de influencias, cohecho y delito fiscal. La instrucción ha durado 10 años en los que Fabra siguió ocupando cargos públicos. Hasta 8 jueces distintos han investigado el caso y han renunciado a seguir haciéndolo, lo que ha retrasado el juicio durante años.