Carlos Lesmes Serrano es desde ayer el octavo presidente del Consejo General del Poder Judicial, cargo que lleva implícito el de presidente del Tribunal Supremo. No llega a esos puestos ni era el favorito de Gallardón por casualidad, le respalda un brillante currículo como jurista y como cargo de confianza en la administración de Justicia en gobiernos conservadores, ya en los tiempos de Aznar.
Este madrileño de origen extremeño, de 55 años, padre de cinco hijos, lleva 30 en la carrera judicial, a la que llegó casi al tiempo que a la fiscal, a la que dedicó los diez primeros años de su vida profesional. Reingresó al servicio activo en la carrera judicial en 1993 y por oposición accedió al cuerpo de magistrados de lo contencioso-administrativo.
En 1996, cuando fue nombrado director general de Objeción de Conciencia ocupaba el puesto de magistrado de lo Contencioso-Administrativo en Valencia. Cuatro años más tarde, en el segundo mandato de Aznar, se le encomendó la dirección general de Relaciones con la Administración de Justicia, con Acebes y Michavila como ministros, cargo que ocupó hasta ser elegido presidente de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional en septiembre del 2005.
Desde el 2010 era magistrado de la misma jurisdicción en el Supremo. En ese tribunal fue ponente de la sentencia de la ilegalización de Sortu, anulada luego por el Constitucional. También fue el ponente de la anulación parcial del indulto al banquero Alfredo Sanz y tuvo que renunciar a la ponencia del indulto al kamikaze valenciano porque se quedó en minoría. Esta considerado el cocinero de las grandes reformas legales de Gallardón. Como tal formó parte de las comisiones de expertos que redactaron los proyectos de ley, entre ellos la que regula el CGPJ que ahora preside.