Víctimas vascas piden al Tribunal de La Haya que investigue a ETA por crímenes contra la humanidad
ESPAÑA
La asociación vasca de víctimas del terrorismo, Covite, presentó ayer una denuncia para que el Tribunal Penal Internacional, con sede en La Haya (Holanda), investigue a los exdirigentes de Batasuna Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Pernando Barrena y a ocho jefes de ETA por crímenes contra la humanidad, por entender que desde 2002 -cuando España se adhirió a este tribunal- promovieron 292 asesinatos y pudieron ser autores incluso de un delito de genocidio.
La organización pretende que se juzgue a estas personas al menos por un delito de lesa humanidad y que los crímenes de la banda terrorista ya nunca prescriban. Los denunciantes consideran que las mismas once personas, entre los que están alguno de los últimos jefes de ETA, como Josu Ternera, David Pla o Iratxe Solozábal, además habrían incurrido en un genocidio por cometer estos asesinatos para intentar «destruir total o parcialmente a un grupo nacional». Añaden que, de hecho, unos 40.000 ciudadanos vascos fueron cada año objeto de persecución y que empujaron a dejar la comunidad a 200.000.
México entrega a dos etarras
Los etarras Juan Jesús Narváez Goñi, Pajas, e Itziar Alberdi Uranga, María, llegaron ayer a Madrid procedentes de México, donde se encontraban huidos desde hace 22 años. Ambos permanecen en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.
Tienen un sangriento historial. Acumulan entre los dos 19 causas en la Audiencia Nacional, cinco de ellas comunes. Narváez tiene pendientes 12 causas, nueve sumarios y dos diligencias previas, mientras que Alberdi acumula siete procedimientos, seis sumarios y unas diligencias previas. La Fiscalía tiene previsto rastrear las causas que están repartidas en cuatro juzgados centrales de instrucción para conocer si alguna ha prescrito. Narváez y Alberdi formaron parte del comando de liberados Ekaitz, que cometió 18 asesinatos en un año, por lo que están considerados como los miembros de ETA reclamados por la justicia con mayor número de delitos. Asesinaron en 1992 en Valencia al catedrático de Derecho Manuel Broseta de un tiro en la cabeza. Fueron detenidos en Puerto Vallarta, donde residían «con identificaciones falsas», y expulsados a España en un vuelo comercial.