En el juicio que arranca mañana se decidirá si el expresidente ourensano enchufó a 104 personas en la Diputación en las vísperas del congreso del Partido Popular
29 jun 2014 . Actualizado a las 15:15 h.Pilar de Lara tendrá que esperar. José Luis Baltar Pumar no declarará mañana en Lugo como pretendía la jueza de la operación Pokémon, que le imputa un delito de cohecho por haber recibido, supuestamente, un pago de 6.000 euros de Vendex. Quien fuera presidente de la Diputación ourensana entre 1990 y el 2012 está citado desde hace meses en el Pazo de Xustiza de Ourense para enfrentarse a un juicio que determinará si prevaricó para enchufar a 104 personas en la institución provincial.
Pese a que las denuncias respecto al nepotismo en la Diputación han sido una constante durante la presidencia de Baltar Pumar, las contrataciones por las que será juzgado son las que tuvieron lugar en los primeros meses del 2010. El PSOE denunció que en aquellas fechas el presidente provincial utilizó esos empleos para ganar votos para la candidatura de su hijo en el congreso que el PP ourensano celebró el 30 de enero de aquel año.
José Luis Baltar firmó «de su puño y letra» ocho decretos ordenando la incorporación temporal de 104 personas que el fiscal jefe de Ourense considera «que fueron elegidas por el propio presidente de la Diputación sin sometimiento a los mínimos principios que rigen la contratación pública [?] siendo el único criterio de contratación un mero acto arbitrario de designación». Baltar incumplió incluso la ordenanza de personal aprobada bajo su mandato, es decir, sus propias normas. Así figura en la querella que el día 28 de diciembre del 2012 presentó la Fiscalía después de dos años y medio analizando las denuncias del PSOE. Para entonces Baltar ya había abandonado la política activa. En el 2010 cedió la presidencia provincial del PP a su hijo (en el polémico congreso con el que se vinculan las contrataciones) y a inicios del 2012, también la Diputación.
De ahí que la condena a la que se enfrenta carezca de transcendencia efectiva. Pese a los intentos del PSOE para que también fuese acusado de malversación, Baltar Pumar llega a juicio procesado solo por prevaricación. Ese delito conlleva únicamente la inhabilitación para el desempeño de cargos públicos durante un máximo de diez años.
El expresidente, de 73 años, que lleva más de dos años jubilado de la política, se enfrenta solo al bochorno que podría suponer una condena como broche a su carrera. Mañana tendrá que volver a enfrentarse al trago de verse rodeado de cámaras mientras entra al Pazo de Xustiza de Ourense.
Debido al interés generado el juicio será en la sala de la Audiencia Provincial. La sesión arrancará a las 9.30 horas y José Luis Baltar será el primero en declarar. Es más que probable que el expresidente insista en la versión que ofreció cuando el juez de instrucción Leonardo Álvarez le tomó declaración. Aquel 6 de febrero del 2013, después de un amago de desmayo por el tumulto que se formó a las puertas de los juzgados, Baltar Pumar descargó en los altos funcionarios de la entidad toda la responsabilidad.
El instructor concluyó sus pesquisas sin dar credibilidad a la versión del expresidente. Lo acusó entonces de prevaricación por contratar a quienes «le vinieron en gana» y vinculó esas contrataciones con el cónclave del PP que terminó con la sucesión de padre a hijo. Las incorporaciones se realizaron, escribió el juez, «siendo la mayor parte de las personas beneficiarias de los contratos afines de uno u otro modo al Partido Popular y ello en vísperas del congreso que tenía por objeto nombrar al presidente del PP ourensano, resultando curiosamente elegido su propio hijo».
Con Baltar padre inhabilitado por propia iniciativa tras abandonar la política, el juicio solo servirá, si finalmente hay condena, para mancillar el recuerdo del expresidente y poner en cuestión la legitimidad de la sucesión dinástica del PP ourensano.