El PP reitera al presidente las graves consecuencias de no suspender el 9-N
02 nov 2014 . Actualizado a las 09:28 h.Un día después de la decisión del Gobierno central de impugnar el 9-N y a una semana de la votación, la Generalitat trabaja a contrarreloj para plantar batalla en los tribunales y tratar de salvar la consulta casi en la foto finish. Así, los servicios jurídicos del Ejecutivo catalán ultiman acciones legales contra el Gobierno español por «abuso de poder» y de «derecho» para defender las competencias de Cataluña en materia de participación ciudadana, que se aprobarán con toda probabilidad el martes en la reunión del Consejo de gobierno autonómico. Ayer el PP, por boca de la líder de los populares en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, volvió a advertir al presidente catalán del peligro que puede tener su estrategia de ignorar la suspensión cautelar de la consulta que el martes dictará el Tribunal Constitucional.
Ajeno a este aviso, la intención del gobierno autonómico es poner sobre la mesa el argumento de que mientras el recurso de la Moncloa al Constitucional se basa en que Mas está impulsando una especie referendo encubierto que, sin garantías democráticas, intenta burlar la suspensión del decreto del 9-N, la votación del próximo domingo es un proceso participativo que ya no tiene nada que ver con la consulta original.
En el Palau de la Generalitat entienden además, según la explicación que dio Mas el viernes, que la Moncloa incurre en un «abuso de poder» porque si cree que la Generalitat está ignorando la suspensión del decreto por parte del Constitucional, lo que tenía que haber hecho es presentar un «incidente de ejecución» ante el propio tribunal y no un segundo recurso, como así ha hecho, pero en ese caso no hubiera llegado a tiempo de paralizar el proceso antes del 9-N. Está por ver si la «legítima defensa», según las palabras que utilizó Mas, podría pasar por una denuncia dentro del ámbito penal o por la vía contencioso administrativa.
La Generalitat pretende agotar todas posibles vías legales en el ámbito de la justicia española y en último término se plantea recurrir a instancias internacionales. «No descartamos actuar donde se tenga que actuar, pero primero lo haremos en los tribunales españoles», dijo ayer su portavoz, Francesc Homs. El consejero de la Presidencia dio a entender que la acción legal en el ámbito de la Justicia española es un trámite necesario, un «paso previo», si la Generalitat quiere presentar batalla legal en el exterior, lo que se suele llamar internacionalizar el conflicto catalán.
Presión externa
Desde el exterior, precisamente, diez personalidades de prestigio firmaron un manifiesto que sale en defensa de la consulta y del proceso catalán. El texto (Dejad votar a los catalanes), suscrito entre otros por los premios Nobel Desmond Tutu y Adolfo Pérez Esquivel, además del cineasta Ken Loach y el hispanista Paul Preston, insta al Gobierno central y al catalán a trabajar juntos para «permitir que los ciudadanos de Cataluña puedan votar sobre su futuro político y, posteriormente, establezcan negociaciones de buena fe basadas en el resultado».
Mientras continúan los últimos preparativos del 9-N. Francesc Homs aseguró que el proceso no tiene marcha atrás y que el dispositivo para la votación está prácticamente listo. La consulta del próximo domingo ha entrado en una fase, según el Gobierno catalán, en que puede «autoejecutarse», es decir, que se ha diseñado de tal manera que no dependerá de la gestión que haga ese día la Generalitat, sino de la que lleven a cabo los colaboradores. «Esta consulta está en manos de la gente, de los voluntarios», dijo Homs. Hasta el punto, por ejemplo, de que antes de que el Constitucional suspenda la consulta alternativa los encargados de abrir y cerrar los colegios habrán recibido las urnas, las papeletas y los ordenadores.