Varios indicios apuntan a que Iñaki Goioaga pertenece a un colectivo que adoctrina y conciencia a los presos para que no se desmarquen de las directrices de la banda terrorista
27 ene 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El senador de Amaiur Iñaki Goioaga tiene cada vez más cerca el banquillo de los acusados por supuesta pertenencia a organización terrorista o colaboración con banda armada. El magistrado del Tribunal Supremo Miguel Colmenero, quien su vinculación con el colectivo de abogados de los presos etarras, llamado frente de Makos (cárceles), elevó ayer una exposición razonada a la Sala de lo Penal para que solicite el suplicatorio a la Cámara alta con la intención de mandarlo a juicio, según fuentes jurídicas. El juez tomó esta decisión tras hallar indicios racionales de la comisión de uno de los dos delitos que conllevan penas de prisión.
Según Colmenero, el senador forma parte del grupo de letrados, encabezado en su día por Arantza Zulueta, en prisión preventiva, que está siendo investigado por ser la supuesta correa de comunicación de las órdenes de la dirección de ETA a sus miembros encarcelados. El magistrado consideró que el escrito que le envió su compañero de la Audiencia Nacional Eloy Velasco describe con detalle indicios que apuntan a que Goioaga pertenece al Colectivo de Abogados BL, «una estructura subordinada e integrada en la organización terrorista ETA» dentro del llamado frente de cárceles. Este colectivo ejerce una labor de adoctrinamiento y concienciación ideológica «de los presos para que no se desmarquen de las directrices de ETA. Dentro de esta estructura, Goioaga realizaba rondas y visitas planificadas a los presos de la banda». En esas «rondas» los abogados trasladarían a los presos aspectos de su línea de actuación y qué «líneas rojas» no podían sobrepasar en relación a su situación penitenciaria, es decir, no colaborar con la justicia ni pedir perdón por sus crímenes o solicitar beneficios penitenciarios de forma individual.
Asistencia jurídica
Asimismo, de los documentos que hay en la causa se puede inferir, según el auto dictado por el alto tribunal el pasado septiembre, que «la labor jurídica del colectivo al que pertenece el senador está supeditada a la labor política descrita». También subrayó que hay datos que apuntarían que los gastos de la asistencia jurídica a los miembros del Colectivo de Presos Políticos Vascos, EPPK, tendrían su origen en la organización de apoyo a presos Herrira, que está suspendida de sus funciones, y que el valor de los servicios prestados por el colectivo de abogados en el 2012 y el 2013 no fue declarado. En diciembre pasado Goioaga quedó en libertad tras responder durante más una hora al magistrado. Declaró de forma voluntaria y aportó documentación que, según su defensa, descartaba los delitos económicos.