Un constructor admite una comisión «legal» a Jordi Pujol Ferrusola de 400.000 euros
ESPAÑA
La sospecha de la Policía Judicial es que recibió ese dinero como comisión por sus servicios de intermediación y asesoría
10 feb 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Los empresarios de la construcción citados ayer como testigos en la causa que investiga el origen de la fortuna de los Pujol Ferrusola dieron algo de luz al papel que tenía Jordi, el primogénito de la familia. Uno de ellos, Manuel José Nadal, consejero delegado de la Promotora del Mediterráneo (Promomed), admitió al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que abonó 400.000 euros en comisiones «legales» por su intermediación y asesoría para la venta de una promoción de lujo en Ibiza, llamada Life Marina Ibiza, según fuentes judiciales presentes en la declaración.
La «legalidad» de los pagos a Jordi Pujol Ferrusola quedaron plasmados en un contrato y se trataba de la construcción de 226 viviendas de lujo en el puerto deportivo de Ibiza. Según la versión del empresario, el investigado se implicó también en la gestión e intentó rebajar los gastos, escatimando en las calidades de las viviendas y en la inversión en el piso piloto que debían visitar los compradores, muchos de ellos rusos, y en el que se invirtió más de un millón de euros. El primogénito de los Pujol Ferrusola incluso llegó a abonar una entrada para la compra de una de las casas, que se vendieron por hasta dos millones. Según los testigos, este pagó 200.000 euros que terminó perdiendo cuando renunció a adquirir la vivienda. Sin embargo, la sospecha de la Policía Judicial es que recibió ese dinero como comisión por sus servicios.
El juez comenzó con este testigo la ronda de interrogatorios que llevará hoy a la Audiencia Nacional al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley y a su mujer, Marta Ferrusola. Ambos declararán en calidad de investigados.
Durante esta primera jornada también testificaron el presidente de Life Global Group, Sebastián Vives, otro de los inversores del Life Marina Ibiza. Tanto él como el directivo de Promomed negaron haber obtenido adjudicaciones de la Generalitat, según fuentes jurídicas.