![](https://img.lavdg.com/sc/0zq8yAA2IUhjMgD-uceu-zcqNmw=/480x/2016/08/29/00121472498402666778956/Foto/.jpg)
Las principales diferencias son en el ámbito laboral, en el de las reformas institucionles y en el de las libertades
30 ago 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Ni tan iguales como pretende transmitir Albert Rivera ni tan distintos como se esfuerza en hacer ver Pedro Sánchez. Los pactos que Ciudadanos cerró con el PSOE, en febrero, y el PP, este domingo, tienen muchas coincidencias en el capítulo social y educativo, pero también notables diferencias en el área laboral, en el de derechos y libertades y en el de reformas institucionales.
Economía
El artículo 135. Ambos documentos se comprometen con la estabilidad presupuestaria, el pacto de pensiones y la reforma de financiación autonómica, pero en el suscrito con el PSOE se incluía la reforma del artículo 135 de la Constitución para que el déficit y la deuda no ahogaran el Estado social.
Fiscalidad
IVA cultural. Coinciden en terminar con las bonificaciones fiscales a grandes empresas, recuperar lo perdonado en la amnistía fiscal y con no subir el IRPF a trabajadores y clase media. El documento del PP incluye el compromiso de reducir dos puntos el impuesto de la renta en cuanto el déficit baje del 3 % y solo bajará el IVA cultural del 21 % al 10 % para espectáculos en directo. En el del PSOE, la bajada del IVA cultural era total, abogaba por impuestos más progresivos y uno nuevo para grandes fortunas.
Laboral
Derogación de la reforma. Comparten en reducir los contratos a tres (indefinido, formación y de protección creciente), en crear la mochila austríaca, y en rebajar cargas a los autónomos, pero el del PSOE anulaba los puntos clave de la reforma laboral del PP, pedía una subida el SMI de al menos el 1 %, y recuperaba el subsidio para parados sin ingresos de más de 52 años.
Políticas sociales
Menos dinero. Ambos documentos destinan notables fondos al complemento salarial y a los planes de lucha contra la pobreza infantil y el fracaso escolar, pero el del PSOE incluía unos 2.000 millones anuales más, pues sumaba un ingreso mínimo vital para familias sin recursos. Los dos apuestan por una pacto nacional por la educación (con paralización de la Lomce) y otro contra la violencia machista, por aumentar los permisos paternales por hijo, por revertir los recortes en dependencia, o por facilitar la dación en pago y limitar los desahucios, pero el de los socialistas planteaba la devolución de la tarjeta sanitaria a los simpapeles y el PP solo habla de universalizar la sanidad.
Ley electoral
Sin primarias. Ambos apuestan por impulsar una ley electoral más proporcional, pero el del PP además pide elección directa de los alcaldes y reducción de tiempo de campaña y gastos. En el del PSOE se apoyaba la obligación de celebración de primarias y la prohibición del pluriempleo de diputados y senadores.
Libertades
Solo revisar la ley mordaza. El PP acepta «revisar» la ley mordaza (el PSOE derogaría todos los artículos recurridos). Los socialistas, además, preveían revisar los acuerdos con la Santa Sede y una ley de libertad religiosa, mantener la ley de plazos del aborto, recuperar la jurisdicción universal y derogar la prisión permanente revisable.
Diputaciones
Abaratarlas. El PSOE abogaba por la supresión de las diputaciones y la conversión del Senado en una cámara «estrictamente territorial» y con 100 miembros. El PP solo acepta abaratar la estructura de las diputaciones y solo habla de reducción «sustancial» de senadores.
Reforma constitucional
En estudio. El firmado con el PSOE planteaba el inicio de un amplia reforma constitucional (Estado federal, blindaje de derechos, sucesión en la Corona) y el del PP solo acepta crear una mesa de expertos que debatan los límites y contenidos de «una revisión» constitucional, sin comprometerse a iniciarla.
Poder Judicial
Cambio de elección. El PP acepta que los doce vocales del CGPJ sean elegidos por la carrera judicial y no por el Parlamento, sin tocar el órgano. El suscrito con el PSOE aceptaba reducir los vocales de 20 a 10, pero mantenía su elección por las Cortes, aunque con garantías de independencia. Además se pedía la eliminación de los plazos para instruir causas y que instruyan los fiscales.