La jueza María Bolaños entiende que «no se ha constatado la existencia de una red clientelar» y que solo se habrían producido «posibles irregularidades administrativas»
12 oct 2016 . Actualizado a las 09:55 h.El juzgado de instrucción 6 de Sevilla resolvió ayer el archivo de la pieza inicial sobre el supuesto fraude de los cursos de formación financiados con fondos de la Junta de Andalucía, que afectaba a 24 exaltos cargos socialistas del Gobierno autonómico. La jueza María Bolaños entiende que «no se ha constatado la existencia de una red clientelar» y que solo se habrían producido «posibles irregularidades administrativas». El archivo se produce tras la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción, que ya advirtió que con los testimonios y pruebas practicadas no quedaba acreditada la existencia de un delito de prevaricación por parte de los altos cargos investigados, entre los que se encontraban los ocho delegados provinciales de Empleo y varios ex altos cargos del Servicio Andaluz de Empleo. Ahora, la juez concede que «no resulta significativo» que entre las más de 18.000 subvenciones otorgadas entre el 2007 y el 2012 haya 39 empresas que tienen alguna vinculación con el PSOE.
El auto desmonta así la tesis esgrimida por la jueza Mercedes Alaya, quien insistió en la existencia de una red clientelar vinculada con la trama de los ERE fraudulentos. La actual reprocha asimismo a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil el «error del que se parte» al apuntar a una subvención no justificada no supone un fraude colectivo.