Dos de ellos ya fueron apartados por el fiscal Anticorrupción del caso del 3 % de CDC para que lo lleven dos compañeros radicados en Cataluña
29 abr 2017 . Actualizado a las 19:00 h.El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ha ordenado investigar a tres de los fiscales del caso Pujol por coacciones a un imputado, el empresario Rafael Pallardó, algo que los fiscales niegan alegando que éste les exigió dinero de los «fondos reservados» para inculpar al expresidente catalán Jordi Pujol.
Los fiscales de Anticorrupción a los que pide investigar Moix son José Grinda, Fernando Bermejo y Juan José Rosa, dos de los cuales -Grinda y Bermejo- ya fueron apartados del caso del 3 % de CDC por Moix para que lo lleven dos compañeros radicados en Cataluña, según publica este sábado el diario El Mundo y han confirmado a Efe fuentes fiscales.
Moix lo ha hecho tras recibir una denuncia de Rafael Pallardó, el «blanqueador» de la trama Emperador que colaboró con la justicia confesando que se dedicaba a llevar dinero de la red de Gao Ping a la Banca Privada de Andorra.
Este empresario presentó su denuncia contra los fiscales el pasado 28 de marzo y, según las fuentes consultadas por Efe, se reunió con ellos el 30 de octubre de 2014 después de hacerles ver que en la información incautada de sus ordenadores por el caso Emperador había cosas que no habían visto, como correos con las letras «JP» y «Marta» que se referirían al expresidente catalán y su mujer, Marta Ferrusola.
En vista de estas informaciones, los tres fiscales se reunieron con él ese día de octubre de 2014, pero el imputado, según la versión de los tres representantes del ministerio público, no se ratificó en esas palabras y, al contrario, les pidió dinero de los «fondos reservados» para inculpar a Jordi Pujol.
Más de dos años después de esa reunión, Pallardó ha denunciado a los fiscales por coacciones y obstrucción a la justicia afirmando que esa reunión tuvo lugar el 12 de marzo de 2015 y que en ella Grinda, Bermejo y Rosa le presionaron para confesar contra el expresidente catalán.
Tres días después de esa denuncia, ante la que los fiscales han pedido amparo al Consejo Fiscal que se celebra los próximos 3 y 4 de mayo, Moix pidió las comisiones de servicio (documentos donde se plasman los viajes de los fiscales) de todos sus subordinados entre enero de abril de 2015, cuando Pallardó dijo que tuvo lugar la reunión.
Según los denunciados, en esas comisiones de servicio se constata que ni Rosa ni Grinda estaban ese 12 de marzo en Barcelona con Pallardó, tal y como denuncia este último.
Se da la circunstancia de que un día después, el 13 de marzo de 2015, Pallardó acudió a Andorra a declarar y denunció allí al consejero delegado de Banca Privada de Andorra (BPA), Joan Pau Miquel, después de que el fiscal general del Principado le avisara que de no colaborar se le podrían quitar los beneficios que había adquirido confesando en el caso Emperador, han explicado las fuentes.
Miquel fue detenido al día siguiente, el 14 de marzo, en base precisamente a sus confesiones contra él.
Con esa documentación de las comisiones de servicio, Moix envió las diligencias a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, competente para instruir la denuncia de Pallardó, afirmando que hay indicios de delitos de coacciones y de obstrucción a la justicia.
Fuentes oficiales de la Fiscalía se han limitado a precisar a Efe que Moix recibió una denuncia de un ciudadano y se limitó a tramitarla ante la Fiscalía correspondiente para que la resuelva, en lo que supone el cauce normal, pero otras fuentes de Anticorrupción se quejan de que con el fiscal jefe anterior, Antonio Salinas, estas denuncias a los fiscales nunca se tramitaban y eran muy habituales.
Los fiscales han pedido amparo al fiscal superior del Estado, José Manuel Maza, ante esta denuncia y otra de un directivo de la BPA, Santiago Roselló, imputado en la operación Clotilde de corrupción catalana vinculada a la mafia rusa, un caso pendiente de escrito de acusación.
En esta denuncia, Roselló les imputa haber querido propiciar la intervención en 2015 de Banco Madrid (que había adquirido BPA) mediante «acusaciones desproporcionadas», en referencia a la implicación de estas entidades en Clotilde.
También han reclamado que antes se exponga el tema en el Consejo Fiscal, lo que se hará en la reunión de los fiscales que se celebrará el 3 y 4 de mayo.
En ese consejo también se tratará su queja ante la decisión de Moix de apartar a Grinda y Bermejo del caso del 3 % sobre presunta financiación ilegal de CDC a través de comisiones pagadas por empresarios.
De esta manera, Maza deberá oír al Consejo Fiscal -que es el principal órgano asesor del fiscal general del Estado y representa a la carrera- antes de pronunciarse sobre ambas reclamaciones.