El Gobierno está en alerta para conseguir que el Constitucional pare las iniciativas que promuevan el referendo
06 ago 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Es solo la calma que precede a la tempestad. Hay una tregua de poco más de dos semanas, pero el Estado y sus funcionarios no están descansando. A partir del 16 de agosto volverá la batalla legal con la reapertura de la Cámara catalana y la posibilidad de que la Mesa admita a trámite la proposición de ley del referendo registrada el pasado lunes por Junts pel Sí y la CUP. Pero en el Gobierno, aseguran sus servicios jurídicos, «estamos más que preparados para cualquier escenario que pretenda plantear el Parlament o incluso la Generalitat» para impulsar la consulta secesionista del próximo 1 de octubre.
Las armas legales están afiladas y las órdenes desde Moncloa son taxativas: conseguir que el Constitucional suspenda en menos de 72 horas cualquier ardid, sea el que sea, para promover el plebiscito. En solo tres días, y tras el toque a rebato que supondría cualquier decisión oficial (y por tanto recurrible) del Parlamento catalán o de la Generalitat, habrá respuesta de la corte de garantías, después de que los servicios jurídicos del Estado hayan estudiado el movimiento, el Consejo de Ministros haya autorizado a Mariano Rajoy a presentar el recurso y el Consejo de Estado haya informado a favor de la apelación. El pasado miércoles, Rajoy ya lo avisó. No descarta ni mucho menos convocar una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros en cualquier momento de agosto.
Las alarmas se han encendido después de que el lunes el Constitucional suspendiera la reforma del reglamento que facultaba a la cámara a tramitar en lectura única las denominadas leyes de desconexión. Acto seguido, el portavoz del Gabinete de Carles Puigdemont, Jordi Turull aseguró que hay «muchas fórmulas» para aprobar las leyes. Y desde Junts pel Sí y la CUP, menos discretos, apuntaron directamente a la utilización del artículo 81.3 del reglamento en vigor, que permite la alteración del orden del día en un pleno sobre la marcha.
Otra treta
Los servicios jurídicos del Estado ya contaban con esta posible maniobra tras la decisión del lunes del Constitucional. Los juristas de Justicia también temen que el Parlamento catalán use otra treta para la aprobación exprés de las leyes hacia la independencia: la tramitación a través del artículo 105, de declaración de urgencia, un procedimiento que reduce la tramitación a la mitad de los plazos fijados con carácter ordinario. En el caso de que se tramitara la ya suspendida reforma para la aprobación en lectura única el propio tribunal podría actuar motu proprio, convocando un pleno extraordinario para analizar un «incidente de ejecución de sentencia» y ordenando a la Fiscalía que investigara.
En el Ministerio Público, sea como fuere, están de guardia. El jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General de Estado, José Miguel de la Rosa, en permanente contacto con José Manuel Maza, puede en cuestión de horas movilizar a la acusación. Pero si el Parlament recurre a las vías del 81.3 o el 105 o a cualquier otra maniobra más novedosa, la suspensión pasaría por un nuevo recurso de urgencia ante el Constitucional. Y ahí los resortes también están engrasados.
Según han desvelado fuentes gubernamentales, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Justicia Rafael Catalá liderarían un «gabinete de respuesta» del que formarían parte los principales responsables de los servicios jurídicos del Estado, de la Delegación del Gobierno en Cataluña y de la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales. En caso de recurso, la actividad de ese grupo sería frenética. Los planes de Moncloa son que en «cuestión de pocas horas», tras una resolución de apariencia inconstitucional, el gabinete pida un informe urgente al Consejo de Estado. Al mismo tiempo, la abogacía del Estado prepararía en menos de 24 horas un borrador de recurso, al que se incorporarían de inmediato los apuntes que hiciese el Consejo de Estado, también en estado de guardia. El Gobierno apunta la posibilidad, incluso, de convocar minutos después de recibir el informe del Consejo de Estado al Consejo de Ministros para dar luz verde al recurso. Responsables de los servicios jurídicos del Estado aseguran que el texto de ese recurso, en el caso de que el Parlamento tramite la proposición de ley del referendo presentada el lunes, será fácil de redactar.
Los doce magistrados del Constitucional podrían ser convocados en cuestión de horas en agosto en un pleno extraordinario como ya se hizo el pasado lunes para suspender la reforma del reglamento del Parlament, según confirman fuentes de este órgano. El presidente, Juan José González Rivas, se despidió ese día de sus compañeros recomendándoles que estuvieran localizables en todo momento.
El secesionismo acentúa su papel de víctima ante el Ejecutivo central
«Lo esperamos todo: inhabilitaciones, sentencias y amenazas». Con esta afirmación el diputado de Esquerra Gabriel Rufián denunció los riesgos que corre el independentismo, que es consciente de que el Gobierno central usará todas sus armas legales para evitar que se celebre la consulta unilateral del 1 de octubre. El secesionismo trata de presentarse como una víctima, un papel del que espera sacar rédito al menos a nivel internacional.
El propio Rufián aseguró ayer que la independencia «tiene un Estado en contra que utiliza todo su poder, su fuerza y su maquinaria mediática en contra de la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña». Y este supuesto control del Gobierno sobre los medios de comunicación «hace que se sepa más sobre lo que dice Nicolás Maduro que sobre lo que dice Rajoy en el juicio de la Gürtel», añadió.
El objetivo
Estas palabras de Rufián se suman a otros mensajes lanzados desde su partido. Su compañero en el Congreso Joan Tardá avisó al Gobierno la semana pasada de que caería de inmediato en el caso de usar la violencia contra Cataluña y el propio Rufián advirtió el miércoles de que sería dramático que Carles Puigdemont acabara en la cárcel. El objetivo es presentar a los independentistas como unos demócratas que tratan de colocar las urnas a pesar de las advertencias de un Gobierno que, señalan, usará cualquier medio para evitarlo. Sea como fuere, no hay marcha atrás, sostiene Rufián. En su opinión «lo único que derrotará a Rajoy es que se vote el 1 de octubre». Pero aún si esto sucede, el diputado es consciente de que el Gobierno central no cambiará de postura: «Aunque ganemos por el 90 % de los votos, nos pedirán las siete Bolas de Dragón y sangre de unicornio para reconocer los resultados».