Así es el abogado belga de Puigdemont
02 nov 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Paul Bekaert es experto en derechos humanos y derecho de asilo, pero en los últimos días se le ha rebautizado como el abogado de Puigdemont. Este flamenco de Kortrijk de 68 años defiende desde hace 30 a toda clase de clientes que acuden a Bélgica en busca de asilo, protección e incluso impunidad. Hasta hace bien poco, su país se consideraba uno de los más garantistas en la UE con los asilados políticos, faceta que supo aprovechar para ganar casos muy polémicos.
Diplomado en Derecho por la Universidad de Lovaina y colegiado en Brujas, Bekaert opera desde su conocido despacho de Tielt. Entre sus paredes se acumulan los archivos de juicios célebres y miles de horas de trabajo dedicadas a la protección de fugados. La causa independentista siempre ha estado en su agenda. Desde el IRA al kurdo Partido-Frente Revolucionario de Liberación del Pueblo y ETA, Bekaert ha sido una piedra angular para la defensa de los condenados de organizaciones terroristas.
En los años setenta se embarcó en las conversaciones con el Ejército Republicano Irlandés como enviado de la Liga de Derechos Humanos. En los ochenta lo hizo con los dirigentes de ETA. Sus éxitos en Bélgica se tradujeron en indignación al otro lado de los Pirineos, especialmente cuando el flamenco logró paralizar la extradición a España de Luis Moreno y Raquel García, una pareja de origen vasco detenida en 1993 tras ser acusada de dar cobijo a miembros del comando Vizcaya. La decisión de las autoridades belgas de no proceder a su extradición desembocó en una crisis diplomática.
Más recientemente, en el 2013, Bekaert logró que la etarra María Natividad Jáuregui esquivase a la Justicia española echando por tierra dos órdenes de detención. No tuvo tanta suerte con la defensa del también miembro de ETA Luis María Zengotitabengoa. La orden europea de detención se paralizó en un primer momento, pero la Justicia belga acabó por darle luz verde.
La situación de su nuevo cliente, Carles Puigdemont, es bien diferente. El expresidente no se enfrenta a cargos por terrorismo, pero cree que puede aprovechar los precedentes para convertir su caso en un «juicio político». Una vía para conseguir un trato más benevolente.