El «rechazo social» hacia el cuerpo es el principal motivo para no trabajar en esta comunidad
10 may 2018 . Actualizado a las 05:00 h.En el Ministerio del Interior han saltado las alarmas. Cataluña se ha convertido en la nueva «bestia negra» para la Policía Nacional por el clima social instalado a raíz del procés y, sobre todo, tras los incidentes del 1-O. Casi ningún agente quiere ir a trabajar a esa comunidad y una décima parte de los destinados en ella han pedido y logrado el traslado pese a que se trata de una plantilla mermada desde hace años. En el cuerpo apuntan al «rechazo social» hacia la policía como el detonante de la estampida.
La voz de alerta de la situación en Cataluña la dio el martes la publicación del concurso general de méritos del cuerpo, que refleja los traslados autorizados. Según ese informe, más de 260 funcionarios (el 9 % de la plantilla operativa) abandonarán la comunidad mientras que menos de una veintena de agentes han pedido ser destinados a Cataluña. El tema es más grave. De acuerdo con Interior, en Cataluña la situación de la plantilla era, antes de este concurso, la más precaria de España. A pesar de tener un catálogo de 3.946 puestos solo hay 2.859 agentes. Además, de los 1.256 puestos que han quedado desiertos en España en las tres principales escalas (subinspector, oficial y policía) 471 lo fueron en Cataluña. Esa comunidad, pese a tener solo el 4,5 % de los policías del cuerpo acumula el 37,2 % de las vacantes. El año pasado, de las 27 comisarías catalanas hubo vacantes para policías de base en 18. Este año hay plazas desiertas en 25.
Parches con alumnos
Interior espera parchear en parte estas carencias con algunos de los 3.200 alumnos en prácticas, pero hay también otras prioridades. Solo en la Jefatura Superior de Barcelona, en los servicios centrales y más especializados, se dejan sin cubrir 112 puestos de agentes de base, 54 de oficiales y 12 de subinspectores. En las fronteras del aeropuerto de El Prat quedan desiertos 41 puestos, y en La Junquera, 31. «Cataluña se ha convertido en la nueva bestia negra de las plantillas. Siempre ha sido una comunidad cara, pero ahora con la situación social la cosa ha empeorado. Solo se quedan los que tiene mucho arraigo familiar. Y sin contar con que no existe el plus [económico] de zona conflictiva que se cobra en otras zonas como el País Vasco, que son cerca de 600 euros al mes», explica José María Benito, de la UFP. Ramón Cossío, portavoz del SUP, señala que el «conflicto social» ha provocado un deterioro de la plantilla que viene de atrás por los altos precios de la vivienda de alquiler.