La Audiencia de Palma le entregará esta mañana la notificación para entrar en la cárcel, después de que el Tribunal Supremo dejara la condena definitiva en cinco años y diez meses
13 jun 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El Tribunal Supremo dejó ayer a Iñaki Urdangarin a las puertas de prisión. Y la sección primera de la Audiencia Provincial de Palma ya ha citado para hoy, entre las 9 y las 14 horas, a Iñaki Urdangarin, Diego Torres y Jaume Matas para entregarles en mano el «mandamiento de prisión», una vez que el Supremo ha convertido en firmes sus penas. La decisión de la Audiencia de notificar directamente las prisiones acerca, todavía más, a Urdangarin a la cárcel, ya que la sala ha descartado realizar una vistilla previa para decidir sobre el ingreso en prisión de los acusados e ir directamente a la ejecución de sentencia.
Catorce años después de que el yerno del entonces jefe del Estado emprendiera su aventura empresarial en Baleares, bajo la apariencia de una falsa fundación sin ánimo de lucro y de la mano de Jaume Matas, el alto tribunal ha certificado que el marido de la infanta Cristina se prevalió de su «privilegiada posición» en la familia real para hacer negocios ilícitos en el archipiélago a base de dinero público. Tal y como había sentenciado en primera instancia la Audiencia Provincial del Palma en febrero del año pasado, Urdangarin y su instituto Nóos, con la connivencia de las autoridades baleares, fue recompensado con convenios a dedo, sin ningún control administrativo y sin posibilidad de concurrencia, por el mero hecho de ser quien era.
Solo varían las penas
La Sala Segunda del Supremo le impone una condena de cinco años y diez meses por los delitos de malversación, prevaricación, fraude, dos delitos fiscales y tráfico de influencias. Se trata de una pena cinco meses menor que la dictada por la audiencia palmesana (que lo condenó a seis años y tres meses de prisión), ya que el alto tribunal lo exculpa del delito de falsedad en documento público. La sentencia, de 353 folios, también se muestra benigna con el socio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, que pasa de una condena de ocho años y medio de prisión a cinco años y ocho meses de reclusión, al resultar absuelto de tráfico de influencias, blanqueo y falsedad.
El fallo, a grandes rasgos, confirma los argumentos del tribunal de primera instancia. De hecho, al margen de las reducciones de condena a los dos principales encausados, no hay cambios de entidad. Jaume Matas sigue condenado a tres años y ocho meses de prisión. Tampoco hay variaciones en las penas a los otros implicados de la trama balear (que no ingresarán en prisión después de pactar con la Fiscalía) ni para los procesados de la rama valenciana, para los que el Supremo confirma su absolución, que ya tuvieron en primera instancia.
Sí hay variaciones mínimas en el caso de Cristina de Borbón y de Ana María Tejeiro, mujer de Diego Torres. Mantiene la responsabilidad de partícipes a título lucrativo de ambas en el delito de malversación y fraude de sus maridos, pero no en los delitos fiscales, lo que reduce las cuantías.
La sentencia de los magistrados Manuel Marchena, Antonio del Moral (ponente), Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero y Juan Ramón Berdugo desatiende, en esencia, la mayor parte de los argumentos de la Fiscalía, que el pasado marzo, en la vista sobre los recursos, había pedido incrementar hasta diez años la pena a Urdangarin por considerar que fue el «motor» que corrompió a las instituciones baleares. El fallo conocido ayer queda muy lejos de las peticiones de Anticorrupción durante el juicio, cuando llegó a reclamar para el cuñado de Felipe VI hasta 19 años y medio de prisión.
Pero, aun así, la sentencia es muy dura para la imagen de Urdangarin, hasta el punto de que, más allá de las irregularidades administrativas y las adjudicaciones a dedo, afirma que «sustrajo» directamente 445.000 euros públicos, dinero pagado por la Administración balear a Nóos «pese a no haberse producido la correlativa contraprestación» porque Urdangarin no llegó a realizar los servicios para los que se los contrató.
Inductor de la corrupción
El Supremo no llega a calificar al yerno de don Juan Carlos de «motor» corruptivo, como hizo Anticorrupción, pero casi. El fallo afirma que fue «inductor» en la «actividad malversadora» del Gobierno balear. Y que lo hizo desde el «trampolín de su privilegiada posición», no solo limitándose a la contratación, sino también «y particularmente a la exclusión de toda concurrencia posible obviando las condiciones, presupuestos y proyectos que otras empresas habrían podido ofrecer mejorando las fijadas casi unilateralmente por Urdangarin y su socio».
La sala abunda en el tráfico de influencias con la Casa Real como gancho y en el hecho de que Urdangarin tiró de la «ascendencia» que le brindaba su puesto para conseguir que el Gobierno balear, a través de una simple «decisión verbal y unilateral», contratara a Nóos para las cumbres deportivo-empresariales de Illes Balears Fórum y la gestión del equipo ciclista. «Está acreditado que el acusado, a través de su amistad con el coacusado, director de Deportes (Pepote Ballester), y la situación de privilegio de que disfrutaba como consecuencia de su matrimonio con una hija de quien era entonces jefe del Estado, consiguió mover la voluntad tanto de Ballester como de Jaume Matas para obtener la contratación», abunda el fallo, que insiste en que la influencia del marido de Cristina de Borbón llegó al extremo de que la Administración autonómica «orillara toda concurrencia, y los condicionantes que podrían derivarse de una tramitación ajustada a la legalidad».
Sin mancharse las manos
Es más, Urdangarin, agrega la sentencia, logró someter «deliberadamente», a través de Matas, a los cargos del Gobierno balear, que actuaron a su dictado con «disciplinada actitud de acatamiento». La influencia del exduque por su «notoria condición» llegó al extremo de que los subordinados de Matas «aceptaran los precios» de Nóos «sin reparar en obstáculos burocráticos o rémoras de reglas administrativas». Urdangarin y su socio promovieron todo tipo de arreglos, sostiene la sentencia, pero ellos no llegaron a mancharse las manos ni estuvieron al tanto de los tejemanejes legales de los altos funcionarios para vestir de legalidad las adjudicaciones a dedo, por lo que el Supremo los absuelve del delito de falsedad, al que sí que fueron condenados por la Audiencia Provincial de Palma, y les quita un pellizco de meses a sus condenas. La sala entiende que «no se les atribuye un conocimiento ni participación en maniobras falsarias llevadas a cabo exclusivamente por quienes a efectos penales tienen la consideración de funcionarios o autoridad».
Las condenas
Iñaki Urdangarin. Cinco años y diez meses de prisión por malversación, prevaricación y fraude a la Administración, además de por dos delitos fiscales y tráfico de influencias, para el exduque de Palma. Multa de 512.553 euros.
Diego Torres. El socio de Urdangarin en Nóos es condenado a cinco años y ocho meses de prisión por malversación, prevaricación y fraude a la Administración. Además, multa de 775.247 euros.
Jaume Matas. Condena de tres años y ocho meses de prisión para el expresidente de Baleares y exministro. Deberá pagar, junto a Urdangarin, el 97,5 % de 619.000 euros a la Fundación Illesport.
José Luis Ballester. El ex director general de Deportes del Gobierno balear es condenado a 15 meses y dos días de prisión, que se sustituye por una multa de 3.600 euros, por lo que no llegará a entrar en la cárcel.
Gonzalo Bernal. Ex director general del departamento de Deportes del Gobierno balear. Condenado a 15 meses y dos días de prisión, que se sustituye por una multa de 3.600 euros. No irá a prisión.
Juan Carlos Joaquín Alia. El exdirector del Instituto Balear de Turismo es condenado a un año y dos días de prisión, que se sustituye por una pena de 24 meses y multas de diferente cuantía.
Miguel Ángel Bonet. Condena de un año y dos días de prisión, que se sustituye por una pena de 24 meses y varias multas para el exasesor legal del Instituto Balear de Turismo.
Responsables civiles a título lucrativo
Cristina de Borbón. Condenada a abonar 136.950 euros como responsable civil a título lucrativo de los delitos de su marido. Son 128.000 euros menos de los que ya había depositado.
Ana María Tejero. La mujer de Diego Torres deberá pagar 172.384 euros como responsable civil a título lucrativo de los delitos de malversación y fraude.
El yerno que puso en jaque a la Corona
El escándalo Nóos dañó la imagen de la monarquía y precipitó la abdicación de don Juan Carlos
Gonzalo BAreño
«La Corona debe buscar la cercanía con los ciudadanos, saber ganarse continuamente su aprecio, su respeto y su confianza; y para ello, velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente, como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social». Cuando en junio del 2014 el rey Felipe VI pronunció estas palabras durante su discurso de proclamación, era perfectamente consciente de que llegaría un día en el que la entrada en prisión de Iñaki Urdangarin pondría a prueba la institución misma de la monarquía. El escándalo del caso Nóos había causado ya un daño inmenso a la imagen de la familia real que precipitó la abdicación de Juan Carlos I y dejó bajo mínimos el prestigio de la Corona. De ahí que, en aquel histórico discurso, Felipe VI prometiera instaurar «una monarquía renovada para un tiempo nuevo». Un compromiso que se tradujo después en la decisión de retirar a su propia hermana, la infanta Cristina, el uso del título de duquesa de Palma.
Iñaki Urdangarin Liebaert (Zumárraga, 1968) había pasado en pocos años de ser considerado el yerno ideal, inteligente, deportista y con estudios, a causar el mayor daño a la Corona desde la restauración de la monarquía. Aquel chico considerado discreto y disciplinado demostró pronto ser un hombre ambicioso que no estaba dispuesto a limitarse a ser «un florero como Marichalar». Eso llegó a decir a un íntimo en referencia al exmarido de la infanta Elena. Tras su boda con la hija del rey, abandonó su carrera deportiva y estudió Empresariales. Cursando un máster en Esade conoció a Diego Torres, entonces profesor, luego su asociado y futuro compañero de cárcel.
Enriquecimiento indisimulado
Los contactos de Urdangarin y la habilidad empresarial de Torres les permitieron, utilizando la figura de la infanta Cristina y el nombre de la familia real, ingresar a través del Instituto Nóos, en teoría una fundación sin ánimo de lucro, ingentes cantidades de dinero que Urdangarin ni siquiera se molestaba en disimular. La adquisición de un palacete en Pedralbes hizo saltar todas las alarmas y puso el foco sobre su injustificado enriquecimiento. Pero fue el registro del Instituto Nóos ordenado en el 2011 por el juez José Castro, que investigaba una pieza separada del caso Palma Arena, el que marcó el principio del fin de Urdangarin y el comienzo de un proceso que puso contra las cuerdas a la propia institución monárquica.
La ruptura con el rey Juan Carlos había comenzado mucho antes. En el 2006, el entonces jefe del Estado ya le había ordenado que se abstuviera de hacer negocios con Administraciones Públicas. Pero su yerno, insaciable, se limitó a desvincularse de Nóos y siguió operando con Diego Torres. En el 2009, los rumores sobre las andanzas ilegales de Urdangarin eran ya tan intensos que, con la pantalla de un empleo en Telefónica, los duques de Palma fijaron su residencia en Washington tratando de silenciar el escándalo.
Pero el daño era ya irreparable. En un ambiente de crisis económica y de creciente indignación ciudadana con la corrupción, la Casa del Rey quiso establecer un cortafuegos para preservar la institución y tomó en el 2011 la decisión de apartar a Urdangarin y a la infanta Cristina, que siempre le respaldó, de cualquier acto oficial. La hija de don Juan Carlos rechazó la sugerencia de divorciarse y de renunciar a sus derechos dinásticos para salvaguardar el nombre de la Corona, con lo que ligó su futuro al de Urdangarin, con el que se trasladó a Ginebra. La decisión del juez Castro de investigar al yerno del monarca por recibir fondos públicos de los Gobiernos de Baleares y de la Comunidad Valenciana y su intención de imputar también a su esposa originó un pulso con la Fiscalía, cuya negativa a que la infanta se sentara en el banquillo extendió la imagen de un trato privilegiado que dañó aún más la imagen de la monarquía.
Una infanta en el banquillo
Pero finalmente ambos fueron juzgados. Urdangarin trató en todo momento de desvincular a su esposa de la trama investigada, aunque también de descargar toda la responsabilidad en su socio, Diego Torres. Una estrategia con la que perjudicó aún más a la Corona, porque Torres respondió tratando de implicar al rey Juan Carlos, asegurando que supervisaba todas las actividades del Instituto Nóos. En una polémica sentencia, la infanta Cristina resultó absuelta, pero Urdangarin, pese a que el Supremo le haya rebajado la pena, se convertirá en el primer exmiembro de la familia real en ingresar en prisión. Una situación que lastra la imagen de la institución, pero demuestra que en la «monarquía renovada» de Felipe VI no hay impunidad para nadie.