Madrid / La Voz

Pedro Sánchez sorprendió ayer al anunciar su intención de lanzarse a una reforma de la Constitución con el objetivo de «acabar con los aforamientos», según comunicó en el acto que organizó en Madrid para festejar los cien días de su llegada al poder. En su discurso mencionó la «supresión» de esta figura jurídica que afecta a unas 250.000 personas, en su mayoría policías y letrados, que solo pueden ser juzgados por tribunales superiores, pero, tan pronto como se retiró entre bambalinas, los asesores jurídicos de la Moncloa se esforzaron en matizar que su propuesta solo afectaría a los mencionados en la Constitución: diputados, senadores y miembros del Gobierno; y exclusivamente para cuestiones relacionadas con su vida privada, como un positivo al volante, y nunca con las vinculadas al ejercicio de su cargo, por lo que quedarían fuera los delitos por corrupción, malversación o prevaricación. Es decir, que había mucho que afeitar al anuncio tan rotundo del presidente.

Esta reforma exprés que busca modificar la Constitución en poco más de 60 días se antoja más que complicada, especialmente tras la negativa del PP, cuyo apoyo en la ecuación resulta indispensable. En Génova han encajado el tema como un ataque directo contra su presidente, Pablo Casado, quien se ha visto beneficiado por su aforamiento mientras se mantiene a la espera de que el Supremo decida si asume la causa de su máster, un asunto por el que ya se encuentran imputadas tres de sus compañeras.

Parece cantado que a Sánchez le resultará imposible sacar adelante esta reforma, pero lo que ya ha conseguido es que se abra un debate entre las distintas formaciones políticas sobre la posibilidad y la conveniencia de modificar la Carta Magna. Cómo, cuándo y hasta dónde. La subasta ya ha comenzado.

PP

Un ataque contra Casado. En Génova quieren conocer la letra pequeña de la propuesta, aunque tienen claro que se trata de «una cortina de humo» para desviar la atención sobre la debilidad del Gobierno y, a su vez, intentar poner en apuros a Casado. En principio, el caso del presidente del PP no se vería afectado por esta reforma, pero es «una estupenda forma de hacer ruido», aseguran fuentes de la dirección popular. El secretario general, Teodoro García Egea, criticó que no afecte a diputados autonómicos, «como Susana Díaz», apuntando que podría también ser un ataque contra ella, que se negó en varias ocasiones a aprobarlo en Andalucía, y pidió que se hiciera una reforma «para todos o para ninguno».

Podemos

Votarlo en un referendo. En Podemos quieren más, y consideran que, si se lograra abrir el candado de la Constitución, hay que aprovechar para operar bien a fondo también en otros asuntos. De primeras reciben la propuesta de Sánchez «con alegría», según reconoció ayer su portavoz Noelia Vera, por lo que avanzaron su predisposición a votar a favor, pero a su vez exigen que no se salve al rey emérito, que se blinden los derechos sociales y un nuevo encaje territorial para España. Además, requieren que todos estos supuestos cambios deben ser refrendados en las urnas mediante un plebiscito, como siempre han defendido en la formación morada para cualquier reforma constitucional. Aunque ayer desde le Gobierno descartaron cualquier tipo de consulta, Podemos podría forzarla, al disponer de más de 35 diputados en la Cámara Baja.

Ciudadanos

Se apuntan el tanto. Rivera celebró ayer el cambio de postura del PSOE respecto a los aforamientos. El presidente de C’s celebró «haber torcido el brazo» de Sánchez gracias a la presión ejercida por su partido en este campo. «No puedo esconder mi satisfacción», comentó en los pasillos del Congreso, en donde este martes se debate una moción sobre este asunto. Rivera también invitó a aprovechar este impulso para modificar la ley electoral y que el voto de cada ciudadano tenga el mismo valor.

Los populares ven un pacto con los independentistas

En el PP aguardarán a conocer todos los detalles de la iniciativa de Pedro Sánchez sobre los aforamientos. Antes de pronunciarse quieren que les envíe una propuesta «con tinta imborrable», dijo el secretario general de la formación, Teodoro García Egea, recordando los continuos cambios de parecer en el Gobierno. Pero se huelen que detrás no hay nada bueno. Además de la cortina de humo y el ataque contra Pablo Casado, en Génova sospechan que pueda deberse a un nuevo peaje que debe pagar el Gobierno a los catalanes a cambio de su voto en la moción de censura, que podría derivar de una negociación de Sánchez con los secesionistas de cara a ese nuevo estatuto de autogobierno que propone el presidente del Ejecutivo como solución al conflicto. Un «pacto oculto» mediante el que los independentistas pretenderían zafarse del juez Llarena, magistrado del Supremo encargado de la causa del procés.

Teodoro García Egea recordó ayer que uno de los puntos enmendados por el Constitucional en el último Estatuto fue precisamente la intención de Cataluña de contar con su propio tribunal supremo, sin rendir cuentas a Madrid, por lo que la causa de Puigdemont, Junqueras y compañía sería trasladada a Barcelona.

Intención de derogar la ley mordaza, aunque sin aclarar cómo será el camino

f. B.

La Moncloa logró su objetivo al conseguir que el tema de los aforamientos copara todas las atenciones, pero en el discurso realizado ayer por Pedro Sánchez también hubo lugar para otras cuestiones. Insistió una vez más en su intención de derogar la ley de seguridad ciudadana, popularmente conocida como ley mordaza, aprobada por el Gobierno de Rajoy en el 2015, cuando todavía disfrutaba de mayoría absoluta en la Cámara. Lo cierto es que tampoco es novedoso, ya que durante su discurso en el Parlamento durante la moción de censura anunció su intención de hacerlo, aunque necesita volver a articular una mayoría en la Cámara que no le resultará nada sencillo lograr, ya que el PP y Ciudadanos no se alinearán con los socialistas en este punto, e incluso el PNV ha mostrado sus dudas de regresar a la legislación de 1992, como pretende el PSOE. Para los nacionalistas vascos, la mejor opción pasa por una enmienda de la que se encuentra en vigor. Sánchez no habló ayer ni de plazos ni de caminos para lograrlo, simplemente mostró su intención.

pensiones

En la Comisión del Pacto de Toledo. Otro de los anuncios realizados ayer por Pedro Sánchez, aunque de nuevo falto de concreción y poco novedoso, fue su predisposición absoluta a garantizar y mejorar las pensiones, con especial dedicación a las de viudedad. El jefe del Ejecutivo pidió a los grupos políticos que sigan trabajando en el marco de la Comisión del Pacto de Toledo para que se consiga llegar a una fórmula que satisfaga a todos y que garantice la sostenibilidad del sistema: «Crear oportunidades, recuperar derechos, recuperar y blindar las pensiones nos hace mejores y más fuertes como país», afirmó.

Energía

Que la energía no sea un lujo. «Somos un Gobierno ecologista», repitió ayer en un discurso que recordó a su primera intervención en la Moncloa como presidente. Sánchez se comprometió a impulsar un paquete de medidas «para que la energía no se convierta en un lujo», que integra dentro de su deseo de lograr la transición energética en España.

Una reforma para una reducción limitada y que depende del PP

T. N.

La medida solo afectaría al Gobierno y a los parlamentarios

Después de la semana más negra del Gobierno, que llevó a Pedro Sánchez a un paso del abismo, el presidente se sacó de la chistera un conejo en forma de limitación de los aforamientos. Una medida que requiere una reforma constitucional de la que quien tiene la llave es precisamente el PP.

¿Qué es el aforamiento?

Es el derecho que tienen ciertas personas, en función de su cargo, a ser investigadas, en caso de delito, por un tribunal diferente al que les correspondería en condiciones normales. La razón de ser de este trato diferenciado es el de evitar las presiones políticas y de otro tipo que puedan ejercerse sobre los tribunales ordinarios. Unos condicionamientos muy habituales en el siglo XIX, pero más difíciles de sostener hoy en día. El aforamiento no es un privilegio en sí mismo, porque nada exime a un acusado de vérselas con la Justicia. Solo que en lugar del tribunal ordinario, lo investigará el Supremo o el tribunal superior de la comunidad autónoma correspondiente, según el caso.

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El Gobierno plantea una reducción de aforamientos que hace recelar al PP