Una dirigente local de Vox propició su arresto, el 19 de septiembre por los Mossos
09 nov 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Tenía la firme determinación, es más, confesó tras su detención que no le importaban las consecuencias. Tenía los medios, un verdadero arsenal, y poseía la pericia y los conocimientos técnicos porque, sin ser un gran tirador, practicaba a menudo. Los Mossos d’Esquadra afirman que solo le faltaba una fecha para tener a tiro a Pedro Sánchez e intentar asesinarle con uno de sus cuatro rifles de alta precisión para cazar venados. Pero aun así, los mandos de la seguridad del Estado insisten en que Manuel Murillo Sánchez no había llegado a elaborar un plan concreto para el atentado, que todo estaba en «fase preliminar» y que la seguridad del presidente del Gobierno nunca ha estado comprometida. La policía catalana, sin embargo, no restó, ni mucho menos, gravedad al asunto después de que ayer se conociera públicamente que Murillo había sido detenido el pasado 19 de septiembre en la localidad barcelonesa de Tarrasa acusado de intentar asesinar al jefe del Ejecutivo como venganza por su decisión de exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos.
«Tenía una clara intención y voluntad de llevar a término acciones contra el presidente del Gobierno», reveló el inspector Albert Oliva, portavoz de los Mossos, quien añadió que «lo que le faltaba era solo apoyo logístico, que pedía fundamentalmente en redes sociales». Los investigadores apuntan a una acción aislada de un lobo solitario. Murillo, de 63 años y vigilante de seguridad, era muy conocido en los círculos ultraderechistas del Vallés occidental (particularmente en su Rubí natal y en la localidad de Tarrasa ,donde residía), pero, según las fuerzas de seguridad del Estado y los Mossos, no militaba en ningún partido ni en ningún colectivo ultraderechista. Nadie le ayudaba en sus planes para acabar con el presidente.
De hecho, fue cazado cuando buscaba colaboración. Su falta de discreción fue clave. A mediados de septiembre, después de que el Congreso convalidara el decreto ley que autorizaba el traslado de los restos del dictador, Murillo reveló en un grupo de WhatsApp sus intenciones homicidas. El vigilante, explican los investigadores, llevaba desde principios de verano lanzando improperios contra Sánchez y su anuncio de trasladar los restos de Franco, incluso había vertido amenazas de muerte contra el líder socialista en ese grupo de mensajería. Pero hasta septiembre no habló abiertamente de sus planes, quería matar a ese «rojo de mierda».
Al principio, los participantes del grupo se tomaron como otra bravuconada sus comentarios, pero la cosa cambió cuando comenzó a detallar como quería matar al presidente con un rifle de precisión. El detenido, que se jactó de ser capaz de acertarle desde más de un kilómetro a pesar de que era un tirador mediocre del Club de Tiro Olímpico del Vallés, encendió todas las alertas cuando, ante su falta de habilidad con las búsquedas en Internet, solicitó ayuda para conocer la agenda de jefe del Ejecutivo en busca de un acto abierto para dispararle desde la distancia. También pidió asesoramiento para tener un medio con el que huir del atentado y buscar un lugar donde esconderse.
«Muestras inequívocas»
La inquietud en el chat creció aún más cuando Murillo dio «muestras inequívocas» de no le importaban las consecuencias de matar al presidente del Gobierno. Estaba, dijo, dispuesto a «sacrificarse por España». Aquello fue demasiado para una de las participantes del grupo, una coordinadora local de Vox en Barcelona (actual testigo protegido) que denunció los hechos a los Mossos. Los agentes procedieron, tras una investigación de apenas cuatro días, a la detención del sospechoso a las puertas de su domicilio en Tarrasa. La sorpresa entre los agentes fue enorme, según confiesan, al ver que Murillo atesoraba entre su casa y su vehículo un verdadero arsenal con 16 armas largas y cortas, legales e ilegales, entre ellas los cuatro rifles de caza mayor con mira telescópicas con los que planeaba a matar a Sánchez y dos armas de guerra. Cuando fue capturado, el 19 de septiembre, Murillo no negó los cargos. Dicen los policías que le interrogaron que incluso se mostró orgulloso.
Dos días después, el Juzgado de Instrucción número 4 de Tarrasa lo envió a la cárcel acusado de los delitos de conspiración para atentar contra autoridad con uso de arma, amenazas graves, tenencia ilícita y depósito de armas, municiones y explosivos y un delito de odio. El 4 de octubre, el Juzgado de Instrucción número 3 de la misma ciudad, que instruye el caso, ratificó todo. El 6 de noviembre, la Audiencia de Barcelona, en un auto en el que avalaba las anteriores decisiones, destacó que el instructor no tuvo «duda» de la «seriedad del propósito» del detenido de llevar a cabo el «crimen planeado» para el que ya trataba de recabar información sobre el momento y el lugar para cometerlo.
Un hecho aislado que no comprometió al presidente, dice Celaá
El Ejecutivo restó ayer importancia a la detención del lobo solitario que tenía planeado atentar contra Pedro Sánchez. «Es un incidente aislado», se limitó a afirmar la portavoz Isabel Celaá, que recordó que todos los Gobiernos han vivido episodios similares. En la Moncloa insistieron en que la seguridad del presidente no se vio comprometida «en ningún momento» y reclamaron «serenar» el debate político, dado que el arrestado quería asesinar a Sánchez en venganza por querer exhumar a Franco.
El jefe del Ejecutivo quiso restar también hierro al asunto y agradeció el buen trabajo de los Mossos y las muestras de solidaridad recibidas tras la detención del francotirador. «La única respuesta es sosiego y serenidad, normalidad y trabajo», remarcó.
El líder del PP, Pablo Casado, expresó su «absoluta condena» y avisó de que la confrontación política nunca se debe llevar a la calle, contra las familias ni contra la integridad de las personas. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, llamó por su parte a la «serenidad» y pidió «no confundir quiénes son los crispadores». Y añadió: «No nos van a hablar a nosotros de crispación, que tenemos a nuestros cargos en Cataluña con escoltas o que nos apedrean en Alsasua». Pablo Iglesias denunció que el caso no llegara a la Audiencia Nacional, competente en los casos de terrorismo.