Basa su decisión en que el expresidente valenciano ya no dispone de recursos para huir
08 feb 2019 . Actualizado a las 05:00 h.La investigación al expresidente Eduardo Zaplana ha llegado ya a su primer final de etapa en el caso Erial. El minucioso rastreo de las supuestas comisiones pagadas en su día por las adjudicaciones de las ITV y de los parques eólicos ha desembocado en una cuenta en Suiza con un saldo de algo más de seis millones de euros. La cantidad ya se encuentra bloqueada por orden de la instructora y, al parecer, existe un perfecto entendimiento entre las autoridades helvéticas y españolas. No habrá problemas para que la repatriación del dinero sea un hecho. La jueza ya ha emitido una orden para que esas cantidades se transfieran a la cuenta del juzgado. La operación todavía no se ha materializado. Y este era el primer objetivo de los investigadores desde que hace tres años arrancaron con unas pesquisas que surgieron, una vez más, del exgerente de Imelsa Marcos Benavent con la extraña colaboración de un personaje todavía con recorrido en toda esta historia, un eximán sirio de la mezquita de Valencia.
Los investigadores no descartan que las cuentas en Suiza sean solo una parte del dinero supuestamente obtenido a cambio de tratos de favor en las adjudicaciones públicas. El depósito no se encuentra vinculado únicamente a una persona física, sino que también tendría acceso una sociedad. El entramado que supuestamente ideó el exministro con ayuda de conocidos blanqueadores internacionales destaca por su especial complejidad. Recientemente, los investigadores viajaron a Sudamérica y a otros países europeos para impulsar las pesquisas y comprobaron in situ algunas de las sociedades que formaban parte de la trama. La clave durante todo este tiempo -y de ahí las restrictivas medidas con Zaplana- era que este no pudiera acceder a los depósitos para tratar de mover el dinero. De ese dinero, el 90 % «presunta e indiciariamente» corresponde a Eduardo Zaplana y el resto a sus otros dos compañeros de prisión, el supuesto testaferro Joaquín Barceló y el asesor fiscal Francisco Grau.
Dos de los motivos que alegaron en su día para decretar la prisión provisional de Zaplana fueron el riesgo de fuga y la reiteración delictiva. El primero de los supuestos estaba basado en la ocultación de un importante patrimonio en el extranjero que le permitiría vivir sin problemas en algún país que dificultara su extradición. Además, Anticorrupción también exponía el riesgo de reiteración delictiva, que no estaba centrado tanto en que pudiera volver a recibir dinero al no ser ya cargo público, sino en la posibilidad de que continuara esa presunta labor de blanqueo que le atribuye la instructora. Pese a todo, la jueza mantiene algunas medidas cautelares sobre los tres investigados, como la entrega del pasaporte -lo hicieron ayer mismo- y la obligación de comparecer ante el juzgado cuando sean reclamados.
La defensa del exministro trató de manera incesante durante los últimos ocho meses de obtener la libertad del expresidente debido a su delicado estado de salud. La presión se incrementó en los últimos meses, cuando prácticamente todos los responsables de los grupos políticos, desde Compromís al PP pasando por PSPV y Podemos, se expresaron a favor de que saliera de la cárcel. Su médico en La Fe, la persona que llevó su tratamiento contra la leucemia, un experto mundial en la enfermedad, también defendía esta tesis ante el riesgo inminente de que llegara a fallecer si volvía a la cárcel. El expresidente continuaba ayer en el hospital. Fuentes sanitarias consultadas informaron de que todavía no se había preparado la documentación necesaria para concederle el alta y que además tiene pendientes varias pruebas médicas, por lo que seguirá ingresado.
Su puesta en libertad se produce 259 días después de que entrara en prisión, de los que se ha pasado los últimos 51 ingresado en el hospital.