La posverdad embarra el segundo aniversario de los ataques yihadistas en Cataluña
ESPAÑA
El independentismo alienta la conspiración para implicar al Estado en la masacre
11 ago 2019 . Actualizado a las 15:38 h.El 10 de octubre del 2018, el juez Fernando Andreu firmaba un auto de 43 páginas con el que ponía punto final a la instrucción sobre los atentados de Cataluña de agosto del 2017 con el procesamiento de los dos únicos miembros de la célula que sobrevivieron, Mohamed Houli Chmelal y Driss Oukabir, y un colaborador del grupo, Said Ben Iazza. Tras 419 días de investigación, la justicia consideraba agotadas las pesquisas.
Es cierto que la instrucción, como ocurre en casi todos los grandes atentados, no ha aclarado por completo todas las lagunas, particularmente cuáles eran los objetivos contra los que los terroristas querían atentar antes de que la explosión de la casa de Alcanar les obligara a improvisar los atropellos masivos de Las Ramblas y Cambrils, que provocaron 16 muertos.
La muerte de siete de los miembros de la célula ha sido determinante para que algunos interrogantes persistan. Durante casi dos años parecía que los atentados del 17A se iban a librar de entrar en esa posverdad, pese a las oleadas de fake news que desde el principio los tuvieron como objetivo, coincidiendo con los convulsos días previos al referendo ilegal del 1-O.
El segundo aniversario de los atentados está marcado por una teoría de la conspiración nacida en las últimas semanas y basada en un dato que desde el principio fascinó al independentismo: que el imán de Ripoll fue visitado por agentes del CNI que pretendían ficharlo como confidente mientras estuvo preso por tráfico de drogas entre los años 2010 y 2014.
Los servicios secretos reconocieron desde el principio estos contactos. Incluso, el exdirector del CNI, el general Félix Sanz Roldán, lo admitió cuando compareció en la Comisión de Secretos Oficiales en marzo del 2018. Pero ha dado igual.
Comisión de investigación
Un serial en un diario digital a mediados de julio en el que se llegó a afirmar que el CNI tenía intervenidos los teléfonos de los terroristas durante la preparación de los atentados y que el imán fue confidente de los servicios secretos hasta su muerte ha dado alas a los independentistas para llegar a insinuar, incluso, que el Estado permitió la masacre como forma de frenar el proceso secesionista. La ofensiva del secesionismo a las puertas del segundo aniversario del 17A contra el Estado a cuenta de las informaciones sobre Abdelbaki es Satty está siendo continua y con el Govern y todo su aparato, incluida TV3, a la cabeza. La Generalitat y los grupos de ERC y JxCat en el Congreso siguen reclamando al Gobierno explicaciones. La Generalitat continúa a la espera de tener una reunión con la vicepresidenta, Carmen Calvo, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, para hablar de la teoría alternativa de la conspiración.
Da igual que responsables de los Mossos y del Ministerio del Interior hayan explicado a los responsables políticos catalanes de ni el CNI ni la policía catalana ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil tenían bajo seguimiento a la célula de Ripoll. Es más, que no hay ni una sola prueba que demuestre lo contrario.
La mancha de la posverdad se extiende. Y esto es lo que más preocupa en el Ministerio del Interior. Ada Colau ha llegado a calificar de «gravísima» la posibilidad de que el CNI haya destruido pruebas de su relación con el imán y ha prometido que su consistorio exigirá llegar hasta el final sobre el papel de los servicios secretos en los atentados. El último episodio tuvo lugar esta semana. El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado instar al Congreso de los Diputados a impulsar una comisión de investigación sobre los atentados y el papel del CNI. La proposición ha salido adelante con los votos a favor de ERC, JxCat y de los comunes. Tres de las cuatro principales fuerzas parlamentarias de Cataluña, con más de dos millones de votantes, se han apuntado oficialmente a la teoría de la conspiración del 17A.