Púnica y Avalmadrid: primeros ceses en el Gobierno de Ayuso
04 sep 2019 . Actualizado a las 05:00 h.El Ejecutivo de la Comunidad de Madrid atraviesa sus primeras turbulencias. Veinte días después de que PP y Ciudadanos se convirtieran en socios de Gobierno, los liberales han movido ficha contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Tras varios días de especulaciones, la formación naranja respaldó este lunes con sus votos la creación de una comisión que investigará en la Asamblea regional el caso Avalmadrid, cuya sombra persigue a la dirigente del PP desde su investidura. «No vamos a tolerar en ningún momento que haya corrupción en el Gobierno regional», justificó el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado.
La gestión de la entidad semipública, participada por la Comunidad de Madrid y destinada a financiar a pymes y autónomos, está puesta en entredicho. En concreto, por un préstamo de 400.000 euros que el padre de Ayuso recibió de Avalmadrid en el 2011, que no ha sido devuelto y que se pudo conceder de forma ventajosa. Está por ver si Cs fuerza la comparecencia de la presidenta madrileña en la Cámara autonómica. El portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, insistió en que «no es una comisión contra una persona», pero defendió que no eludirá «las comparecencias de quienes puedan aportar luz».
Imputados tres cargos de Ayuso
Al encontronazo por Avalmadrid se suma el caso Púnica, en el que como investigados figuraban dos altos cargos del Gobierno de Díaz Ayuso, el secretario general técnico de la Consejería de Sanidad, Francisco Lobo, ya destituido, y Rosario Jiménez Santiago, que hasta la semana pasada tuvo ese mismo cargo en Medio Ambiente. En la web de Transparencia aún no se la ha dado de baja. Además, en el listado de imputados aparece la exdiputada Gádor Ongil, que iba en el puesto 47 en la lista de Ayuso y que no ha logrado un escaño.
Aguado ha sido objetivo del exportavoz del Gobierno con Aznar y asesor en la campaña de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que ha escrito en Twitter: «Al padre del señor Aguado le dieron un contrato de 102.000 euros por la cara en la Asamblea de Madrid. Ya puestos, habrá que investigarlo todo, ¿no?».