El manifiesto afirma que el Estado español es cada vez más «autoritario y represivo»
25 oct 2019 . Actualizado a las 19:46 h.«Más de cuatro décadas después de la aprobación de la Constitución Española de 1978 se constata la imposibilidad de una plena democratización del Estado para la resistencia de las viejas estructuras del régimen anterior». Afirmaciones de este tipo, contenidas en el manifiesto suscrito por doce partidos independentistas nacionalistas, entre ellos Junts per Catalunya (JxCat), PDECat, ERC, EH Bildu, BNG o la CUP, fueron excesivas para el PNV, que rechazó sumarse a la Declaración de la Llotja de Mar firmada por el resto de fuerzas, en la que se reclama la «autodeterminación de los pueblos» y la libertad de los «presos políticos». El presidente de la Generalitat, Quim Torra, suscribió también el texto.
La dirección del PNV explicó que no se adhiere a ese documento por cuestiones «de contenido y de contexto». Estima que la declaración carece de «espíritu constructivo» y que, a diez días de la campaña electoral y en un clima político «enrarecido», no es «el momento más oportuno» para sacarla adelante. Los nacionalistas vascos contraponen este manifiesto a la Declaración de Barcelona de 1998, que sí firmaron con CiU, precedente del actual PDECat, al que consideran «partido hermano», y el BNG. «A diferencia de aquella, la declaración ahora suscrita incide casi de forma exclusiva en la denuncia y en la proyección de una visión negativa de la realidad actual en el Estado español, sin apenas espíritu constructivo y/o propositivo», señalan. No obstante, expresan su «plena disposición» para trabajar en los próximos meses, «en un contexto más reposado y con el margen de tiempo que demandan los grandes acuerdos», en documentos similares a la Declaración de Barcelona.
Socios del PSOE lo apoyan
Al manifiesto sí se han sumado, sin embargo, los partidos de Baleares Més per Mallorca y Més per Menorca, socios del PSOE en esa comunidad, y en el primer caso incluso miembro del Ejecutivo con dos consejerías.También el BNG es aliado del PSdeG en la Diputación de A Coruña y la de Pontevedra, además de en los Gobiernos municipales de A Coruña y Santiago. Entre los dirigentes de las formaciones independentistas presentes en el acto estaban el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de ERC; el consejero catalán Jordi Puigneró, de JxC; Arnaldo Otegi, de EH Bildu y el diputado gallego Bieito Lobeira, del BNG.
El texto suscrito cuestiona la sentencia del Tribunal Supremo sobre el desafío independentista y reivindica la unión de los partidos firmantes ante «la grave restricción que esta sentencia imprimirá a la acción política de ahora en adelante». «Determinados ambientes políticos, judiciales, económicos, policiales y mediáticos han impedido, por acción o por omisión, que España se transformara en un Estado plenamente democrático y moderno como los de su entorno europeo», se incide en el documento. Añaden que ante la aparición de movimientos políticos que cuestionan la Transición, «el Estado ha entrado en una etapa de regresión hacia una política de carácter cada vez más autoritario, menos democrático y más represivo». Y, en el capítulo de reivindicaciones, se inscriben «el derecho a la autodeterminación de nuestros pueblos», «la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados»; «las libertades civiles y políticas y las políticas sociales y económicas que permitan el progreso de nuestros pueblos».
Texto sin garantías
Por otra parte, Barcelona en Comú, el partido de la alcaldesa Ada Colau, socio de Unidas Podemos en Cataluña, sumó ayer sus votos a los de ERC y Junts per Catalunya para sacar adelante una moción en la que el Ayuntamiento expresa su rechazo a la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del desafío independentista y pide la liberación de los «presos políticos» y el libre retorno de los «exiliados». «La vía penal no ha sido la adecuada para resolver una cuestión de carácter político», sostienen, además de asegurar que «el juicio se ha desarrollado sin las garantías exigibles».
La declaración institucional fue presentada por los grupos independentistas que forman parte del consistorio y dejó en evidencia las divergencias en el propio seno del Ayuntamiento, dado que el PSC votó en contra. El texto denuncia «la regresión de derechos y libertades» en el Estado y la «judicialización de la política», afirma que «Cataluña tiene derecho a la autodeterminación» y expresa el rechazo a «cualquier forma de violencia».
El candidato al Congreso de En Comú Podem, Jaume Asens, pidió pese a ello una «reflexión» a los independentistas que creen que «cuanto peor, mejor», porque, según su criterio, los altercados violentos «no debilitan al Estado» sino a los secesionistas, que «se equivocan de diagnóstico» porque «Cataluña no es Hong Kong». Aseguró además, en referencia a las protestas por el fallo, que «quemar contenedores, hacer barricadas y tirar piedras a los policías no es desobediencia civil pacífica».
Lesmes creyó que el «procés» intentaba «subvertir el orden constitucional»
«Mi impresión de entonces es que estaban intentando subvertir el orden constitucional. Esa es la impresión que teníamos muchos en ese momento». El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, expresó ayer de esta manera tan prudente su divergencia de interpretación con los magistrados que han dictado la sentencia del juicio del procés respecto a la consideración jurídica de los hechos enjuiciados. Lesmes, añadió no obstante que respeta «plenamente» que la sala del Tribunal Supremo no llegara a esa conclusión tras interrogar a cientos de testigos y examinar «miles de documentos. «Son de los mejores jueces del orden penal y han hecho un análisis muy exhaustivo», indicó. Lesmes dijo entender que la sociedad esté polarizada y consideró justificado que se emitan críticas, pero, en relación a los hechos probados, aseguró que «nada de lo que se cuenta, a uno le es ajeno».
«A la vista de lo que ahí está, no tenían el propósito porque no podían materializarlo», indicó el magistrado sobre las conclusiones a las que llegó el tribunal presidido por el juez Manuel Marchena, que llegó a ser propuesto como su sustituto en el CGPJ y la presidencia del Supremo con apoyo del PSOE y el PP, pero que finalmente renunció al cargo ante la difusión del mensaje del portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, que ponía en cuestión su imparcialidad.
Lesmes explicó ayer en una entrevista en Onda Cero que, a la luz de la sentencia, los líderes del procés crearon una «apariencia» que «muchos creímos», aunque en realidad, según el fallo, buscaban una posición de fuerza. «En aquel momento pienso que se va a subvertir el orden constitucional porque las leyes de transitoriedad subvierten y hay acciones encaminadas: la celebración del referendo del 1 de octubre, los movimientos callejeros, la situación del 20 de septiembre. Pues la impresión es que estábamos ante un proceso cuasirevolucionario», indicó sobre los acontecimientos vividos en septiembre y octubre del 2017.
Respecto a las críticas que ha recibido la sentencia, diferenció entre quienes la consideran demasiado laxa, que a su juicio se han expresado con actuaciones más serenas y con criterios jurídicos por parte de personas «con mayor acierto y otras con menor acierto desde el punto de vista del posicionamiento», de las que se han formulado de manera «violenta» por quienes la consideran injusta y desproporcionada. A su entender, «muy pocas personas» de las que se han manifestado en protestas por el fallo del Supremo se han leído la sentencia, por lo que «estaban protestando con algo que desconocen absolutamente». Frente a lo que debería ser un ejercicio de análisis y racionalidad ante una decisión judicial, se ha puesto enfrente, dijo, el «pataleo sin más». Recordó que la Constitución española ampara «el derecho a la manifestación, el derecho a la reunión y el derecho a la libertad de manifestación», pero «lógicamente, lo que no ampara nuestra Constitución y el sistema democrático es la repuesta violenta frente a una sentencia».