La Junta de Andalucía estudia intentarlo por la vía civil
21 nov 2019 . Actualizado a las 08:37 h.La sentencia de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía ha impuesto una severa condena a la antigua cúpula socialista. Pero ¿qué pasa ahora con los 680 millones de euros que, según la Fiscalía Anticorrupción y el tribunal juzgador, se distribuyeron de forma fraudulenta durante los diez años en los que la trama operó?
¿La Junta de Andalucía puede recuperar el dinero malversado?
Esa es la pretensión del Ejecutivo autonómico, aunque no será fácil. Lo admitía ayer el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, al explicar que su Gobierno tiene «la obligación» de intentar revertir al erario público todo el dinero defraudado. Anunció que por ello ya se habían dado las instrucciones pertinentes al gabinete jurídico de la Junta para que estudie «cómo se puede posibilitar la devolución».
¿Cuál será la vía para reclamarlo?
La alternativa que le queda a la Administración andaluza para rescatar, aunque sea parcialmente, el dinero indebidamente dispuesto para los ERE pasa por la vía civil, es decir, abrir un nuevo procedimiento ante los tribunales. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, así lo defendió, lamentando que el nuevo camino judicial «tardará sabe Dios cuánto tiempo».
Pero no solo el tiempo es un escollo en el caso, como recordó Moreno Bonilla al apuntar que la tarea «no será fácil» por los muchos años que han pasado y porque muchas de las empresas o bien han desaparecido o han modificado su situación mercantil y jurídica. Además, según fuentes de la Administración citadas por Colpisa, el proceso será complejo porque va a haber que esperar a que las distintas causas desgajadas de la pieza principal, que siguen abiertas en los juzgados y que afectan a las diferentes ayudas que se concedieron a través del procedimiento irregular, se resuelvan a favor de la Administración.
¿Y la vía penal? ¿Qué hay de la fianza civil que se fija para cubrir el quebranto económico?
Lo habitual en los procedimientos penales, como el caso de los ERE, es que el juez instructor imponga a los acusados una fianza civil con la que garantizar, en caso de que finalmente haya condena, el resarcimiento del daño económico causado. Sin embargo, esa situación no se produjo en la recién sentenciada pieza política de los ERE, ya que la Junta de Andalucía, que entonces presidía la socialista Susana Díaz y que estaba personada como acusación particular (era la perjudicada directa del desvío de fondos), se retiró del procedimiento y no pidió que se impusiera fianza civil alguna a los ex altos cargos procesados.
Esta espantada de la Administración autonómica impidió que las demás acusaciones y la Fiscalía Anticorrupción pudieran reclamar fianza, y la instructora de la causa, la jueza María Núñez Bolaños, archivó las piezas de responsabilidad civil.
Así las cosas, los letrados de la Junta están estudiando ahora si esta vía está completamente cerrada o hay alguna posibilidad de reclamar patrimonialmente a los condenados.
En todo caso, en su momento el Ejecutivo de Susana Díaz se reservó de manera expresa el derecho de ejercer la acción civil, una vez concluido el procedimiento penal contra los excargos socialistas. Al culebrón procesal de los ERE aún le quedan muchos capítulos.
Un sistema «ágil» que soslayaba todos los controles
La trama irregular de los ERE nació en abril del año 2000, según la argumentación de la sentencia conocida este martes. El fallo explica claramente el origen de aquella práctica ilegal: fue «la necesidad política de dar una respuesta rápida a los grandes conflictos sociolaborales» la que «llevó a los responsables de la Junta de Andalucía a establecer un sistema ágil, si bien tal agilidad se consiguió eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos». Y ahí estuvo el delito por el que han acabado condenados los que entonces eran los máximos responsables del Ejecutivo autonómico.
El fallo asegura que el pecado original de los «responsables del Gobierno de la Junta» fue establecer en la primavera de ese año 2000 «un sistema distinto», que pasaba por hacer desaparecer en los Presupuestos la partida «adecuada para la concesión de subvenciones [y...] dotar de fondos a otra que no existía en el presupuesto inicial», y «que no era legalmente apropiada». Así nació la partida 440.01: transferencia al IFA en materia de relaciones laborales, un cajón de sastre en el que cupo todo porque estaba fuera de toda fiscalización.
Segunda modificación
Una segunda modificación presupuestaria en julio del 2000 acabó de opacar el sistema y permitió actuar con total impunidad y falta de control a todos los ahora condenados en primera instancia por el tribunal.
El pago de todas esas ayudas, prosigue la sentencia, podía haberse realizado «igualmente sin necesidad de hacer las modificaciones presupuestarias». «Pero en este caso, sí se hubiesen tenido que tramitar los expedientes de concesión de subvenciones, con los requisitos legalmente establecidos para su otorgamiento, así como la fiscalización previa por parte de la Intervención», destaca el fallo, insistiendo en que desde el principio este ardid lo que buscaba era eludir los controles legales.
Casi una década impunes
Y la treta -destacan los magistrados- funcionó a la perfección durante casi una década. «Consta en las actuaciones que no fue fiscalizado ni uno solo de los expedientes de concesión de ayudas sociolaborales y ayudas a empresas durante el período enjuiciado, desde el año 2000 al 2010», señala la sentencia, que ha dejado al descubierto la mayor trama de corrupción de la historia de España y que cuestiona el procedimiento de los Gobiernos andaluces de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de salpicar a la actual secretaria general del PSOE en esa comunidad, Susana Díaz.
