El bloqueo político paraliza el país y deja el futuro de España en manos de ERC

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

ESPAÑA

Pedro Sánchez podría convertirse en el primer presidente que esté un año en funciones
Pedro Sánchez podría convertirse en el primer presidente que esté un año en funciones Zucchi Enzo / EUROPA PRESS

El 15 de febrero se cumplirá un año desde que Pedro Sánchez convocó las elecciones

15 dic 2019 . Actualizado a las 07:55 h.

El anuncio por parte de ERC al PSOE de que no habrá en ningún caso investidura antes de fin de año prolonga la situación de bloqueo político en España como mínimo hasta enero del 2020, sin que pueda descartarse un fracaso final de las negociaciones entre los socialistas y los independentistas catalanes que abriría la puerta al peor escenario: el de una repetición de las elecciones que serían las quintas desde el 2015. El tiempo juega en contra del presidente en funciones porque un proceso de negociación largo complica las posibilidades de que ERC asuma el coste de apoyar la formación de un Gobierno en España frente a las presiones del presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, que tiene en su mano adelantar las elecciones en Cataluña si los republicanos dan ese paso.

Más allá de que la negociación se complique dificultando la investidura, la larga situación de inestabilidad política está teniendo ya efectos negativos sobre la economía por la ausencia de unos Presupuestos del Estado y por la incertidumbre en comunidades y ayuntamientos sobre los recursos con los que podrán contar para planificar sus propias cuentas. Si, tal y como plantea ERC, el posible acuerdo para que su abstención permita la formación de un Gobierno de coalición entre el PSOE y ERC se retrasara más allá de las Navidades, Sánchez podría convertirse en el primer presidente de la democracia que cumpla un año al frente de un Gobierno sin plenas capacidades. La fecha que marca esa frontera es la del 15 de febrero, cuando anunció la convocatoria de elecciones.

Presiones contra el acuerdo

Aunque oficialmente el Ejecutivo entró en funciones el 29 de abril, al día siguiente de los comicios, desde febrero el país está políticamente paralizado. La decisión de Sánchez de apostar por un Gobierno de coalición con Unidas Podemos para el que carece de mayoría suficiente en el Parlamento sin explorar otras vías que pudieran garantizarle la investidura, deja la gobernabilidad de España a expensas de una complicada negociación con ERC, que pone encima de la mesa condiciones no solo inaceptables para el PSOE, sino también inconstitucionales.

A pesar de las cesiones de Sánchez ante ERC, que incluyen el reconocimiento de que en Cataluña existe un «conflicto político» y no un problema «de convivencia», como sostenía antes, la posibilidad de que los republicanos acaben cediendo se complica por el hecho de que el expresidente catalán, Carles Puigdemont, presiona para impedir que se forme Gobierno en España. Aunque en Junts per Catalunya hay división de opiniones, la posición de Puigdemont es contraria al acuerdo. Y, para impedirlo, cuenta con el arma de ordenar a Joaquim Torra que provoque un adelanto electoral en el momento en el que se cierre un pacto con Sánchez. Una hipótesis que dejaría en una situación muy complicada a ERC, al ser presentada como traidora a la causa del independentismo.

En contra del acuerdo, y a favor de la prolongación del bloqueo político juega también la rebelión de los barones socialistas más críticos con ERC, que han provocado incluso un abierto enfrentamiento con el líder del PSC, Miquel Iceta.

La incertidumbre destruye empleo y daña la imagen exterior

¿Qué coste tiene para España la prolongación del bloqueo y la incertidumbre política? Aunque hay quienes defienden que el país puede funcionar incluso mejor sin un Ejecutivo en plenas funciones, y ponen para ello el ejemplo de Bélgica, que en los 541 días que se mantuvo sin Gobierno entre el 2010 y el 2011 creció económicamente por encima de la media europea, lo cierto que España nota ya desde hace tiempo los efectos del desgobierno. Entre otras cuestiones, porque la inestabilidad política desde la moción de censura contra Mariano Rajoy hace que los Presupuestos del Estado vigentes sean los que aprobó el exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro en el 2018.

Esa situación impide la puesta en marcha de reformas estructurales y de las medidas necesarias para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo. Una situación de parálisis que se produce en medio de una inestable situación financiera internacional por el inminente brexit y por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Los servicios de estudios de instituciones como el BBVA o el propio Colegio de Economistas cifran por encima de los 200.000 el número de empleos perdidos en España como consecuencia del bloqueo político y en cerca de dos décimas del PIB el coste económico de esa situación.

El inicio de ese período de inestabilidad se sitúa en el año 2015, cuado por primera vez fue imposible formar un Gobierno con una mayoría estable garantizada. Y, a pesar de que los datos económicos han sido favorables durante ese período como consecuencia de la recuperación tras la grave crisis iniciada en el 2008, los analistas detectan ahora un estancamiento que achacan en buena parte al bloqueo político y a la situación en Cataluña tras la consumación del desafío independentista que provocó una fuga de empresas y capitales. La coyuntura influye negativamente en la creación de empleo, hasta el punto de que el pasado mes de noviembre fue el peor en términos de paro desde el 2013 y en agosto la Seguridad Social registró una pérdida de 212.984 afiliados, el peor dato desde el año 2008.

El coste de bloqueo se mide también en términos diplomáticos y de imagen exterior para España. A pesar de la intensa actividad internacional desplegada por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, incluso estando en funciones, los contactos con el exterior se ven mermados por la falta de estabilidad. Desde que el fracaso en la aprobación de los Presupuestos obligó al líder del PSOE a convocar elecciones, las visitas a España de mandatarios internacionales se han visto drásticamente reducidas, hasta el punto de que desde aquel mes de febrero ninguno ha acudido a la Moncloa, a excepción de los representantes de las instituciones europeas.