El indulto a los presos del 1-O, un trámite de seis meses que requiere un informe del Supremo
ESPAÑA
El Gobierno lo estudiará desde la próxima semana. El anuncio llega en plena negociación presupuestaria con los separatistas
24 sep 2020 . Actualizado a las 14:12 h.Aunque el Gobierno tiene tres peticiones de indulto distintas, el Ministerio de Justicia tramitará de forma individual el expediente de cada uno de los condenados: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Meritxell Borràs, Santi Vila y Carles Mundó. Los trámites para la concesión de la medida de gracia suelen durar seis meses, tiempo apuntado este miércoles por el ministro, aunque el portavoz de Unidas Podemos Jaume Asens indicó que podrían estar resueltos en entre cuatro y seis meses. En todo caso, la decisión del Gobierno llegaría después de que se haya aprobado la reforma del delito de sedición, lo que podría suponer la excarcelación de los presos, ya que el Gobierno se ha comprometido a tenerla lista antes de fin de año y cuenta con mayoría en el Congreso para sacarla adelante junto a los independentistas.
La concesión o no de la medida de gracia es una decisión discrecional del Gobierno aunque, una vez tomada, debe remitirla al tribunal sentenciador, en este caso el Tribunal Supremo, para que emita su informe. Este no es vinculante para el Ejecutivo. Y antes de que el tribunal se pronuncie, la Fiscalía, que ha rechazado por ahora cualquier medida que alivie la situación penitenciaria de los condenados, tiene que presentar su preceptivo informe. Si el Gobierno decide conceder el indulto, deberá acordarse con un real decreto, lo que implica que debe ser sancionado por el rey, que es formalmente quien lo aprueba.
La medida no tiene por qué afectar a la totalidad de la pena. Puede ser parcial y también estar condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos. Los nueve condenados por sedición no han expresado arrepentimiento por sus delitos y en algunos casos han manifestado incluso su voluntad de repetirlos si tienen oportunidad. La concesión de un indulto es una medida poco habitual. En el 2019, solo prosperaron 39. Un 0,97 % de las 4.022 solicitudes que se tramitaron. Y aún menos hubo en el 2018: solo 17 de 4.382 peticiones estudiadas.
La ley establece que el indulto de la pena principal llevará consigo el de las accesorias que con ella se hubiesen impuesto al penado, «a excepción de las de inhabilitación para cargos públicos y derechos políticos y sujeción a la vigilancia de la autoridad». Algo que afecta a los doce condenados del procés, también inhabilitados, aunque el Gobierno podría plantear otro indulto para extinguir esa pena.
El estudio arrancará la semana que viene
El Gobierno empezará a estudiar la próxima semana el indulto a los nueve líderes independentistas catalanes condenados por el referendo ilegal del 1 de octubre del 2017 a penas que van desde los nueve a los trece años de cárcel por los delitos de sedición y malversación de fondos públicos y a los otros tres sentenciados por desobediencia. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, lo anunció por sorpresa en la sesión de control al Ejecutivo. «El Gobierno está tramitando los indultos. Por cierto, esos que a usted le preocupan, porque les toca, empezarán a tramitarse la semana que viene», le dijo a la diputada de Junts per Catalunya Laura Borrás, quien admitió que la «bomba» la cogió «por sorpresa».
Negociación de los presupuestos
El anuncio llega en plena negociación del Gobierno con los independentistas catalanes para tratar de sumar su apoyo a los presupuestos, y a una semana del 1 de octubre, aniversario del referendo ilegal del 2017. Aunque el titular de Justicia negó que exista relación, fuentes del Ejecutivo admiten que hay «intencionalidad política» en el anuncio. El ministro recordó que el Gobierno está «obligado legalmente» a tramitar el expediente y justificó que se comience a estudiar ahora «y no hace un tiempo» en el atasco judicial generado por el coronavirus. Admitió, eso sí, que su anuncio se produce en un escenario político en el que el Gobierno «ha demostrado que es necesario establecer un diálogo» porque «los problemas políticos deben solventarse con política». El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, señaló que la tramitación de los indultos «allana el camino» al Gobierno para negociar los presupuestos con el «bloque de la investidura».
Aunque ninguno de los condenados ha solicitado el indulto a título personal, el Ejecutivo tiene encima de la mesa tres peticiones. El abogado catalán Francesc de Jufresa remitió el pasado diciembre al Gobierno la solicitud de la medida de gracia para todos los condenados. En julio, el sindicato UGT de Cataluña la pidió para la exconsejera Dolors Bassa, que fue secretaria general del sindicato en Gerona. Y en agosto, los expresidentes del Parlamento catalán Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert la solicitaron para su sucesora, Carme Forcadell.
Además de anunciar el inicio de la tramitación de los indultos, el titular de Justicia confirmó que el Gobierno impulsa la reforma a la baja de los delitos de sedición y rebelión del Código Penal, lo que beneficiaría retroactivamente a los presos del procés. Pero también aquí Campo negó que se trate de una «reforma exprés» porque deberá contar con los informes preceptivos, aunque no vinculantes, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.
El anuncio del Gobierno generó la inmediata reacción del líder de los populares, Pablo Casado, quien anunció que recurrirán la concesión del indulto si este llega a producirse. «Si Sánchez no defiende los intereses de España, si se le cae ya la careta y revela el precio tan caro que paga por seguir en el poder, el PP sí está dispuesto a defender a España», señaló. Vox anunció igualmente que recurrirá si se concede. Ciudadanos, que negocia también con el Gobierno la aprobación de los presupuestos, presentará una iniciativa en el Congreso para prohibir los indultos a condenados por sedición, aunque no aclaró si eso afectaría a su apoyo a las cuentas públicas.
ERC acogió con indiferencia el anuncio ya que, según su portavoz, Marta Vilalta, «es una tramitación que marca la ley» y lo que ellos exigen es «la amnistía y la autodeterminación».
Torra se niega a declarar ante el TSJC y asegura que su sentencia «ya está escrita»
«Yo le he dicho al magistrado que aquel no era un tribunal neutral, que dijera lo que dijera, y haga lo que haga, esta sentencia ya está escrita y que, por tanto, me acogía a mi derecho a no declarar». El presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, explicó así este miércoles su negativa a declarar ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Carlos Ramos, que investiga su segunda causa por desobediencia por incumplir la orden judicial para que retirara de la fachada de la Generalitat una pancarta a favor de los políticos presos. El presidente catalán explicó tras el trámite que se siente víctima de una «represión» que, según dijo, «explica muy bien la situación en la que está inmersa el independentismo». «Espero que esto ayude a reflexionar a todos», añadió en referencia a ERC, partido del que discrepa a la hora de plantear las reivindicaciones secesionistas ante el Gobierno.
Torra minimizó el trámite judicial asegurando que tenía que volver cuanto antes a su despacho a trabajar para acabar con la pandemia del coronavirus. Apenas permaneció tres minutos en el juzgado, al que había llegado arropado por los principales dirigentes de los partidos independentistas. Su rechazo a declarar ante el juez, ni siquiera para ejercer su defensa, se debe, según indicó, a que se trata del mismo tribunal que ya lo condenó por desobediencia en un caso anterior, lo que, a su juicio, significa que la sentencia ya está escrita.
A la espera de inhabilitación
El presidente de la Generalitat está a la espera de que el Tribunal Supremo confirme o no la condena a inhabilitación por desobediencia que le impuso el TSJC. De ser avalada por el alto tribunal, la sentencia implicaría su destitución del cargo. En el caso que se vio este miércoles, tras la denuncia presentada por Impulso Ciudadano, asociación presidida por el exdiputado catalán de Ciudadanos José Domingo, los jueces consideraron que la pancarta en favor de los presos y «exiliados» podría provocar una «afección objetiva» sobre los ciudadanos que «no se alineen con la opción ideológica representada».
Torra no acató la decisión. Aunque se le dieron 48 horas, aseguró que los símbolos exhibidos eran un clamor «mayoritario de la sociedad catalana» y se negó a cumplir la orden. Expirado el plazo, el tribunal ordenó a los Mossos retirar el cartel, pero lo hicieron finalmente dos operarios de la Generalitat.