La Justicia mantiene la convocatoria para el 14F, pero se da de plazo hasta el día 8 para suspender las elecciones catalanas
ESPAÑA
El Tribunal Superior confirma la suspensión cautelar del decreto del Gobierno catalán que aplazaba los comicios al 30 de mayo por la crisis sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus
21 ene 2021 . Actualizado a las 19:53 h.En Cataluña, desde hace unos años, se cumple la máxima de que todo lo que va mal es susceptible de empeorar. Quim Torra tuvo en su mano convocar elecciones hace un año. Y JxCat y ERC pudieron haber investido a un presidente alternativo cuando Torra fue inhabilitado. Cualquiera de las dos opciones habría evitado el caos jurídico y político en el que se encuentra el tablero catalán, con la fecha de las elecciones en el aire, a solo una semana de que dé comienzo la campaña electoral.
De momento, las comicios se mantienen en la fecha inicialmente prevista del 14 de febrero, según resolvió este jueves el TSJC. Eso sí, la decisión es provisional y el calendario podría cambiar en los próximos días. El alto tribunal se ha comprometido a resolver definitivamente la causa judicial de los recursos presentados contra el decreto del Gobierno catalán, que suspendía la convocatoria del 14F, antes del 8 de febrero.
La campaña arranca el día 29
Si lo hiciera con prontitud, la semana que viene, evitaría algunos quebraderos de cabeza o, dicho de otra manera, escenarios de inseguridad tanto jurídica como del ejercicio de la democracia. Porque la campaña comenzará el próximo viernes 29. Y a los poco días los jueces podrían decidir que el decreto firmado por Pere Aragonès, que algunos juristas y la propia oposición califican de chapuza jurídica, se ajusta a la ley y en consecuencia la llamada a las urnas se aplazaría al 30 de mayo, tal como pretenden el Gobierno catalán y buena parte de las formaciones políticas catalanas, salvo el PSC.
En ese caso, toda la maquinaría electoral debería pararse en seco. Con algunos problemas si ya hay gente que para entonces ha votado por correo, por ejemplo. Uno de los afectados sería Salvador Illa, quien tiene previsto cesar como ministro para la campaña y podría verse sin cargo en el Gobierno y sin carrera electoral.
Pero el TSJC podría decidir también todo lo contrario. En ese caso, el 14F se mantendría como fecha final, aunque el Ejecutivo catalán no descarta nada y trabaja en escenarios intermedios entre febrero y mayo. La Generalitat también tendría la opción de presentar un recurso al Constitucional y pedir medidas cautelares.
Lo que este jueves hizo la Justicia fue dejar en suspenso el decreto del Gobierno autonómico que anulaba la convocatoria electoral, mientras estudia las impugnaciones y las alegaciones antes de tomar una decisión definitiva. Las partes tienen cuatro días para defender sus posiciones. Mientras, y con un ojo en el TSJC y otro en la encuesta del CIS, el independentismo se echó las manos a la cabeza tras la resolución judicial y acusó a la Justicia de querer «interferir» en las elecciones autonómicas y de querer hacer un traje a medida jurídico a los socialistas para que cuaje el «efecto Illa». El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, tachó de «irresponsables» a los jueces del alto tribunal catalán, pues a su juicio mantener la jornada de votación el día de san Valentín obligará a la ciudadanía a elegir entre el derecho a la salud y el derecho al voto.
El secesionismo lleva días cargando con dureza contra la Justicia y ha encontrado un argumento para movilizar a su parroquia, algo desorientada ante las continuas peleas entre JxCat y ERC. La coincidencia casi en el tiempo de la condena al consejero de Exteriores por el 1-O y la resolución sobre las elecciones, ambas decretadas por el TSJC, permitieron al independentismo unirse frente a la «represión» y recuperar las proclamas clásicas del procés. Gabriel Rufián habló incluso de «coalición electoral» entre el PSC y el TSJC.
Situación crítica
Apoyan la celebración de las elecciones el 14 de febrero tanto el Gobierno central como hasta ahora la Fiscalía y el PSC. En cambio, el Gobierno autonómico y todos los demás partidos catalanes del arco parlamentario se han mostrado en contra y son favorables al aplazamiento al mes de mayo. La Generalitat aduce razones sanitarias para posponer la cita con las urnas, pues estamos en pleno pico de la tercera ola y porque la situación dentro de tres semanas puede ser «crítica», con las ucis al borde del colapso.
La Administración catalana argumenta además que el no aplazamiento podría restar legitimidad a la votación, pues se calcula que en torno a 200.000 catalanes —contagiados o en cuarentena— podrían quedarse sin posibilidad de ir a votar. El Ejecutivo autonómico argumenta asimismo que Galicia y País Vasco también pudieron aplazar sus comicios, de abril a julio, obviando que en Cataluña no hay presidente de la Generalitat, que la comunidad catalana no tiene ley electoral propia y que Galicia y Euskadi aplazaron sus comicios sin anular la convocatoria y lo hicieron en un contexto de confinamiento domiciliario y sin que nadie interpusiera recursos.
