El operativo para recuperar documentación sensible en posesión de Bárcenas, la obstrucción a las pesquisas judiciales y el presunto encubrimiento de estas podrían dar un vuelco al proceso
28 mar 2021 . Actualizado a las 20:37 h.El juicio por la caja B del PP concluyó la semana pasada la prueba testifical de la plana mayor de la formación durante las presidencias de José María Aznar y Mariano Rajoy. Ante el tribunal de la Audiencia Nacional, los principales dirigentes del partido en los últimos 30 años desmintieron la versión de Luis Bárcenas sobre la existencia de una contabilidad paralela y el cobro de sobresueldos en dinero negro. En suma, no reconocieron los registros realizados por el extesorero en su agenda manuscrita. O, como cuantificó Rajoy, «más del 95 % de las personas» señaladas por el acusado han dicho que su anotación «es falsa».
Esta versión de los testigos, que tienen el deber de decir la verdad, y el argumento compartido de que los asuntos contables eran exclusivos de la tesorería y la gerencia se han erigido en una suerte de armazón impenetrable para las acusaciones populares. Por este motivo, el único elemento desestabilizador para elevar la responsabilidad política por el funcionamiento de esta supuesta contabilidad opaca no se encuentra en este procedimiento, sino en uno paralelo: la operación Kitchen, una de las piezas separadas del caso Villarejo.
Pero, ¿por qué esta causa podría afectar al futuro del juicio por la caja B? Existen varias razones. En primer lugar, el elemento nuclear de Kitchen -operativo parapolicial de seguimiento a Bárcenas- tenía como objetivo recuperar documentación sensible en poder de este y contener los daños que pudiera ocasionar al partido. En segundo término, el plan orquestado en el 2013 desde la cúpula del Ministerio del Interior obstruyó las pesquisas judiciales que entonces se llevaban a cabo sobre los llamados papeles de Bárcenas. Es decir, el dispositivo dirigido por el comisario jubilado José Manuel Villarejo y su compañero Enrique García Castaño «ocultó deliberadamente» el resultado de sus actividades a la unidad policial que investigaba la trama Gürtel. Un grupo liderado por el inspector Manuel Morocho. El mismo que relató el pasado jueves las presiones de sus superiores en la comisión de investigación del Congreso sobre este asunto. En tercer y último lugar, este presunto encubrimiento incluyó el registro de inmuebles de la familia Bárcenas y el volcado de dos teléfonos móviles y un ordenador que fueron intervenidos por los agentes de García Castaño con la ayuda del confidente Sergio Ríos, chófer del extesorero.
El resultado de estas incautaciones, esto es, lo que sustrajeron y no fue judicializado, es en definitiva la prueba clave que podría dar un vuelco a la causa de la caja B.