Hasta 7.096 euros al mes de indemnización durante dos años para los altos cargos del Gobierno cesados

F. E. REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA

El exdirector del Gabinete del Presidente del Gobierno, Iván Redondo,  antes de presentar el Informe Anual de Seguridad Nacional 2020 en el Congreso.
El exdirector del Gabinete del Presidente del Gobierno, Iván Redondo, antes de presentar el Informe Anual de Seguridad Nacional 2020 en el Congreso. J.J. GUILLÉN / EFE

El objetivo es evitar que incurran en incompatibilidades por sus responsabilidades anteriores

14 jul 2021 . Actualizado a las 10:02 h.

La salida de siete ministros y los diferentes altos cargos que serán relevados en los próximos días tendrán un coste para las arcas públicas en forma de indemnización, conforme a lo previsto en la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

Esta partida salió a la luz pública el pasado mes de marzo, tras solicitar oficialmente su percepción Pablo Iglesias, a pesar de que su partido había sido especialmente beligerante contra lo que consideraba una prebenda de los políticos profesionales y llegar a pedir su eliminación en el Congreso.

La ley recoge que los destituidos tienen derecho a percibir el 80 % de su salario oficial durante un máximo de 24 meses, con el fin de compensar el plazo necesario para no incurrir en posibles incompatibilidades por sus responsabilidades anteriores.

El principal beneficiario de la medida, si opta por solicitarla oficialmente, será Iván Redondo, que obtendrá una paga de 7.096 euros al mes durante los próximos dos años, la cantidad correspondiente por los casi 120.000 euros anuales que percibía como nómina. Esa cifra podría facilitar sus planes de trasladarse a Estados Unidos para instalarse en Washington y aprovechar el tiempo para escribir el libro que ha dicho a sus más cercanos que planea realizar sobre la experiencia de la moción de censura y su paso por el despacho de jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Carmen Calvo y José Luis Ábalos, los dos únicos destituidos que conservan su acta de diputados desde las elecciones del 2019, no podrían acogerse a esta indemnización, aunque si renunciaran a su escaño les corresponderían 5.859 y 5.035 euros, respectivamente, según los cálculos manejados por expertos en gestión pública.

Tampoco podrá acogerse al pago el ex de Justicia, Juan Carlos Campo, que este mismo martes solicitó su reingreso en la carrera judicial, en su plaza de juez de la Audiencia Nacional. 

Menos tiempo

Pedro Duque, Isabel Celaá, Arancha González Laya y José Manuel Rodríguez Uribes podrían recibir poco más de cinco mil euros al mes cada uno, aunque en el caso de los dos últimos solo sería durante 18 meses, porque entraron a formar parte del Consejo de Ministros tras las elecciones del 10N.

Además de Pablo Iglesias, otros cinco ex altos cargos disfrutan de la pensión por cese de actividad. El exjefe del CNI, Félix Sanz Roldán, percibió este mes de julio la última de las mensualidades que le correspondía tras ser relevado.