Aragonès aplica solo la sentencia sobre el bilingüismo en 35 colegios afectados

Cristian Reino BARCELONA / COLPISA

ESPAÑA

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, tras celebrar una cumbre para incrementar los controles de que se cumpla la inmersión lingüística en los colegios
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, tras celebrar una cumbre para incrementar los controles de que se cumpla la inmersión lingüística en los colegios Paco Muñoz

Contratará otros tantos profesores de castellano y habrá codocencia en esas aulas

18 dic 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

El Gobierno catalán ha puesto sobre la marcha toda una batería de medidas con las que pretende blindar el modelo de inmersión lingüística, pero sigue sin aclarar cómo piensa cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ratificada por el Supremo, que obliga a impartir el 25 % de las clases en castellano. El consejero de Educación, Josep González Cambray, cada vez más cuestionado, afirmó ayer que lo que seguirá a rajatabla es la ley de educación de Cataluña, que obliga al final de la enseñanza obligatoria a que todos los alumnos tengan plenas competencias en catalán y castellano. Con esta premisa, la Generalitat cree que ya estaría cumpliendo con la ley estatal (Lomloe) y que la sentencia del alto tribunal catalán no le afectaría porque la ley Wert, a la que alude el fallo, ya no está en vigor.

Plataformas en defensa del bilingüismo advierten, no obstante, de que la nueva ley no deja sin efecto la sentencia y que en un mes la Administración catalana tendrá que notificar a la Justicia qué medidas contempla para aplicar el fallo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recordó que las sentencias «siempre se cumplen». Máxime en las que son firmes, como es el caso, «no hay debate», apuntaron fuentes del Ministerio de Educación.

El Ejecutivo catalán no se da por aludido por el fallo del TSJC que obliga a aplicar el 25 % de castellano a todo el sistema y solo prevé adoptar medidas que afectarán a 35 aulas de otros tantos centros, que son los que la Generalitat tiene contabilizados como pendientes de cumplir resoluciones judiciales. Era el caso de Canet de Mar, que ya se ha adaptado a la sentencia judicial.

La Generalitat celebró el jueves una cumbre con la comunidad educativa y para esas 35 aulas lo que ha decidido es contratar a 35 profesores a partir de enero, de tal manera que en las clases donde haya un niño cuyos padres hayan pedido más horas en castellano, habrá dos docentes. El Ejecutivo se asegura así que el 25 % de las clases se dan en castellano para ese alumno y al mismo tiempo el resto tendrá garantizada la escolarización en catalán. Cambray no explicó en qué consiste esa «codocencia». Negó, eso sí, que uno vaya a dar la clase en castellano, y el otro, en catalán. «Las aulas catalanas nunca separarán a los alumnos por ningún motivo», dijo.