Los populares alegan «sentido del Estado» para sortear los vetos de ERC
12 may 2022 . Actualizado a las 20:20 h.El PP salió al rescate del Gobierno con la Ley de Seguridad Nacional. El principal partido en la oposición permitió al Ejecutivo sortear las enmiendas a la totalidad registradas por ERC, uno de sus principales aliados parlamentarios, y de Junts. Estos vetos propuestos por los independentistas catalanes contaron con el apoyo de otras formaciones como Bildu y el PNV, dos fuerzas que también acostumbran a posicionarse con el Gobierno en esta legislatura. De este modo, la llave de la mayoría volvió a quedar en manos de los populares, que apostaron por salvar al Ejecutivo.
«Somos un partido de Estado y actuaremos siempre como un partido de Estado», razonó su secretaria general, Cuca Gamarra, evitando así que el texto fuese devuelto por la Cámara Baja al Consejo de Ministros. Aunque con el anuncio del PP los votos del partido de Abascal se convirtieron en irrelevantes, Vox también decidió rechazar las enmiendas a la totalidad registradas por los secesionistas catalanes.
La reforma de la Ley de Seguridad Nacional fue impulsada desde el Gobierno hace tres meses y no guarda relación con la crisis sobre el espionaje con Pegasus y que desencadenó la destitución de la directora del CNI, Paz Esteban. El texto sometido a votación este jueves en el Pleno del Congreso consiste, según Félix Bolaños, el encargado de defenderlo por parte del Gobierno, en «una modificación puntual y específica» de la ley aprobada por Rajoy en el 2015, y que por tanto «no afecta al contenido esencial» de la que se encuentra en vigor, sostienen desde la Moncloa. De este modo, su único objetivo es «conocer con exactitud y en cada momento los medios públicos y privados» de primera necesidad y de carácter estratégico de los que dispone el país «para superar los problemas que puedan surgir en los ámbitos de especial interés para la seguridad nacional». Es decir, para evitar posibles descoordinaciones entre distintas Administraciones públicas y falta de información como la que atravesó el país fundamentalmente durante los primeros compases de la pandemia.
Aunque no mantenga relación, la destitución de Paz Esteban al frente del CNI provocó que ERC amagase a última hora con retirar sus enmiendas a la totalidad. Sin embargo, su diputada Montserrat Bassa disipó cualquier tipo de duda al inicio del debate: «Las mantenemos, nunca aprobaremos una ley como esta», afirmó, al considerar que se trata de «un 155 encubierto para quitarnos competencias por la cara», y un instrumento que habilita a la Administración central a «centralizar» todas las competencias autonómicas. Por su parte, Miriam Nogueras, diputada de Junts, denunció que se trata de un texto que parece redactado por «el lobo» y acusó al Gobierno de «preparar el camino» para proporcionar las herramientas centralizadoras a «un futuro Gobierno de PP y Vox».
Bolaños niega la centralización
Bolaños rechazó estas acusaciones: «No hay menoscabo alguno de competencias autonómicas. Muy al contrario, se refuerza en materia de coordinación», alegó el ministro de la Presidencia.
El diputado del PP Juan Antonio Callejas volvió a alegar al «sentido de Estado de su formación», pero advirtió a Pedro Sánchez que su apoyo no es «un cheque en blanco», emplazando al Gobierno a tratar «punto por punto» la normativa en su futura tramitación en la Cámara Baja.
Esquerra se desmarca del Gobierno en las cinco votaciones
El Pleno del Congreso votó este jueves sobre las enmiendas a la totalidad presentadas por ERC y Junts a la reforma de la Ley de Seguridad Nacional, pero también sobre otras cuatro iniciativas legislativas presentadas por el Gobierno, y en ninguna de ellas logró contar con el visto bueno de los independentistas catalanes. En Esquerra afirmaban que esto no guardaba relación alguna con su malestar por el supuesto espionaje a dirigentes secesionistas, y que su posicionamiento solo respondía a que no compartían el articulado de los textos sometidos a votación. De este modo, alegaron que se trataba de una coincidencia. En el Gobierno consideran que entre la reunión de Sánchez y Aragonès, y las explicaciones que acabe ofreciendo el presidente del Gobierno en la Cámara Baja sobre Pegasus serán capaces de dar carpetazo a la crisis con sus socios.
Un gran catálogo y superpoderes para Sánchez
La reforma de la Ley de Seguridad Nacional a la que el Congreso dio este jueves su permiso para iniciar la tramitación parlamentaria no guarda relación directa ni con Pegasus ni tampoco con la ley de seguridad ciudadana, la conocida popularmente como ley mordaza y que el Ejecutivo se comprometió a derogar esta legislatura. La sometida ayer a la votación en el pleno del Congreso pretende una modificación de la aprobada en el 2015 por el Gobierno de Rajoy, la incorporación de varias disposiciones con un gran objetivo: crear una especie de gran catálogo de recursos públicos y privados que puedan considerarse «de interés para la seguridad nacional» y que, en caso de una situación de grave crisis, como por ejemplo la ocasionada a consecuencia de la pandemia, el Gobierno pueda garantizar la movilización de dichos recursos en caso de que la seguridad nacional entre en riesgo.
Todas las Administraciones
En la confección de este gran catálogo de recursos cada Administración aportaría su granito de arena. Desde los ministerios hasta los ayuntamientos, y en el mismo deberían recogerse los datos relativos a los recursos humanos, pero también las instalaciones que puedan ser empleadas en un contexto de dificultades, y los medios materiales que puedan ser de importancia para afrontar unos momentos críticos, como por ejemplo los litros de gel hidroalcohólico, las mascarillas o las máquinas respiradoras. La pandemia dejó en evidencia una descoordinación que se trata ahora de subsanar para futuras situaciones de riesgo.
La reforma también implica la creación de una red de comunicaciones especiales de la Presidencia destinada a estos efectos, así como la puesta en marcha del Centro de Coordinación y Producción de la Industria Estratégica, un nuevo organismo encargado de gestionar las reservas estratégicas. Uno de los puntos más polémicos y que los grupos políticos tratarán de enmendar durante la tramitación parlamentaria es el que concede al presidente del Gobierno, como máximo responsable del Consejo de Seguridad Nacional, determinadas competencias.
Los poderes del presidente
Juan Antonio Callejas, diputado del PP, lamentó que «el señor Sánchez puede confiscarte tus bienes y obligarte a que realices prestaciones y servicios sin ningún tipo de compensación económica y quedando todo al albur del señor presidente», según advirtió. En la oposición lamentaron la falta de contrapesos democráticos sobre estos poderes concedidos al Ejecutivo en caso de crisis.