Anticorrupción pide al juez del caso Púnica exculpar a Esperanza Aguirre
ESPAÑA
![Aguirre y Ayuso en el acto para descubrir el retrato de la expresidenta de Madrid, el pasado 30 de mayo](https://img.lavdg.com/sc/MjJxHiI3uiomzWxw8jMmdY8n8_c=/480x/2022/07/19/00121658235541131978125/Foto/efe_20220530_122619687.jpg)
Con el informe de la Fiscalía, el titular de la causa, el juez Manuel García Castellón, debe decidir a qué imputados procesa en la pieza sobre la investigación de la caja B
19 jul 2022 . Actualizado a las 15:48 h.La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez, que investiga la presunta caja B con la que el PP madrileño financió campañas electorales, que levante la imputación de la ex presidenta regional Esperanza Aguirre y de su sucesor Ignacio González, según ha avanzado El Español y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.
Este informe del Ministerio Público era uno de los últimos trámites que quedaban por completar de cara a que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, decida a qué imputados procesa y para cuáles archiva esta pieza separada número 9 del caso Púnica, cuya investigación concluyó el pasado enero
La 9 es la pieza separada de mayor trascendencia de esta trama de corrupción. García Castellón intenta determinar si existió una caja B en el PP madrileño que sirvió para costear las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.
Las pesquisas arrancaron en el 2014 tras el hallazgo de una agenda de su ex secretario general Francisco Granados, considerado el cabecilla de la Púnica, en la que pueden leerse unas siglas, que corresponderían a donantes, junto a unas cantidades de dinero.
En el primer golpe de esa operación se dio ese mismo año cuando fueron detenidas más de 50 personas, entre políticos, funcionarios y empresarios, como miembros de una trama de corrupción que habría otorgado contratos públicos por valor de 250 millones de euros, al menos desde el 2012, en la Comunidad de Madrid.
Por un lado, los responsables políticos y administrativos hacían las adjudicaciones a dedo y, de otro, los empresarios beneficiados por ello les pagaban comisiones ilegales que se blanqueaban mediante un entramado societario, de acuerdo con el relato judicial.
El entonces juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, investigó los hechos como un todo hasta que en el 2015 decidió trocear la causa para profundizar en los actos delictivos diferenciados que fue observando.