Caso de los ERE: Un «fondo de reptiles», dinero gastado en cocaína y 139 causas pendientes

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

ESPAÑA

El expresidente andaluz José Antonio Griñán, a su llegada al Tribunal Supremo para declarar por el caso de los ERE en Andalucía
El expresidente andaluz José Antonio Griñán, a su llegada al Tribunal Supremo para declarar por el caso de los ERE en Andalucía BENITO ORDOÑEZ

La Junta de Andalucía gobernada por el PSOE creó una trama para eludir los controles y repartir discrecionalmente la ayudas destinadas a parados

26 jul 2022 . Actualizado a las 23:31 h.

En el caso sobre la denominada pieza política de los ERE se juzgó la creación y el mantenimiento desde el 2000 al 2011 de un sistema ilegal de subvenciones para conceder ayudas a parados y a empresas en crisis. Con esa trama se produjo un reparto arbitrario de 680 millones de euros. Para crear esa sistema y sortear cualquier control, la Junta de Andalucía aprobó un convenio con el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que luego pasó denominarse Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), dependiente de la Consejería de Empleo, que era la que finalmente pagaba los ERE. Ese mecanismo permitió que desde Empleo se repartieran de forma discrecional las ayudas, en muchos casos a personas prejubiladas que eran ajenas a las empresas afectadas. Eran los denominados «intrusos», en la mayoría de los casos enchufados afines al PSOE y que nada tenían que ver con el objetivo de las subvenciones.

Aunque el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez emitió quince informes en los que se advertía de las deficiencias del sistema, nadie, incluido Griñán, que fue también advertido, según declaró Gómez, actuó. 

Dinero «para asar una vaca»

Fue célebre el caso de Juan Lanzas, ex sindicalista y conseguidor en la trama, del que su propia madre dijo que su hijo tenía «dinero para asar una vaca», o el de Juan Francisco Trujillo Blanco, chófer de Javier Guerrero, ex director general de Trabajo y Seguridad y principal responsable del reparto discrecional, que declaró que parte de los fondos sirvieron para «comprar cocaína» para su jefe y para él mismo.

Los fondos objeto del fraude se ingresaban en IDEA mediante un mecanismo de transferencias de financiación con cargo a la partida presupuestaria denominada 31L, que fue calificada luego por el propio Guerrero, como un «fondo de reptiles».

Tras la decisión de trocear la causa iniciada en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, hay otras 139 piezas pendientes de juicio, que acabarán también en el Supremo cuando se presenten los recursos correspondientes. El fallo de estas piezas, de las que 97 están en el juzgado 6 de Sevilla y otras 42 han sido elevadas a la Audiencia Provincial, estará muy condicionado por la sentencia anunciada ayer.

La mayoría de esas causas se refieren a ayudas individuales con dinero procedente del fondo 31L. Los imputados en estas piezas superan los 500, a los que hay que añadir la responsabilidad de los que se consideran partícipes a título lucrativo.