El Estado no halló las urnas, se dejó «engañar»por los Mossos y desoyó el consejo de ocupar los colegios y no desalojarlos
04 oct 2022 . Actualizado a las 12:05 h.Aquel domingo en Cataluña se desató una «tormenta perfecta» (expresión de uno de los mandos policiales de Interior de la época) cuyos efectos se sintieron con intensidad durante meses y cuyos coletazos todavía hoy se perciben. Las duras imágenes de policías nacionales y guardias civiles tratando de impedir las votaciones del 1-O y enfrentándose a ciudadanos dieron la vuelta al mundo y cinco años después siguen en la retina de muchos. El Gobierno de Mariano Rajoy consideró aquellos sucesos como un desenlace inevitable del órdago del Ejecutivo de Carles Puigdemont. Sin embargo, son muchos los protagonistas de aquellos días que creen que la batalla campal del 1-O sí que podía haberse evitado y que un cúmulo de errores de diferente signo se unieron para que el desenlace fuera el que ocurrió.
Las urnas
Sin duda si las urnas no hubieran llegado a los 2.300 colegios electorales el 1-O no hubiera existido como tal. O hubiera sido muy diferente. De hecho, conseguir la imagen de ciudadanos votando en cajas de cartón improvisadas fue desde el primer momento la gran obsesión de los servicios de inteligencia, sabedores de que esa fotografía echaría por tierra buena parte de la legitimidad del referendo. El CNI, según han revelado en las últimas semanas fuentes de La Casa, destinó cerca de un millar de efectivos a tiempo completo a encontrar las urnas. Pero no anduvieron ni siquiera cerca. Los servicios secretos, probablemente en el mayor ridículo de su historia, no tuvieron un solo indicio de que las 10.000 urnas estaban desde finales de julio del 2017 en tres contenedores en el puerto de Marsella. El CNI tampoco se enteró de nada cuando el 14 de agosto tres camiones llevaron las 800 cajas con las urnas a un almacén a la localidad catalanofrancesa de Illa. Ni la Policía Nacional, ni la Guardia Civil, ni el CNI lograron interceptar ni a uno solo de los centenares coches particulares que introdujeron el cargamento electoral en España.
Falta de discreción
El Ministerio del Interior que dirigía por entonces Juan Ignacio Zoido —tras el cariz multitudinario de las movilizaciones, sobre todo a partir del asedio de la Consejería de Economía el 20 de septiembre— decidió hacer conscientemente una exhibición de fuerza para tratar de disuadir a los independentistas y no hizo nada por ocultar el enorme despliegue policial «Copérnico Avispa», que acabó por movilizar a 12.000 policías y guardias civiles. Es cierto —explican mandos de la época— que hubiera sido imposible camuflar un despliegue de esa envergadura, pero la decisión, entre otras, de alojar a buena parte de los efectivos en barcos del puerto Barcelona y en otros lugares muy conocidos por la ciudadanía facilitó el seguimiento a los operativos durante las operaciones de los días previos para tratar de abortar la consulta. El domingo del referendo, los movimientos de los agentes fueron radiados en directo por todas redes sociales.
Despliegue menor
La cúpula de Interior desoyó las recomendaciones de los especialistas y forzó un dispositivo muy diferente al que proponían los técnicos de las fuerzas de seguridad. Los especialistas, conscientes de que de los 12.000 agentes solo algo menos de 3.000 pertenecían a unidades de «contención de masas» y que con ese contingente era imposible intentar si quiera «personarse» en los más de 2.300 colegios de Cataluña, propusieron un despliegue mucho más modesto.
Los mandos de las unidades de intervención de la Policía (UIP, antidisturbios), de las unidades de prevención y respuesta (UPR) del CNP y de los grupos de reserva y seguridad (GRS) de la Guardia Civil avisaron con días de antelación de que era materialmente imposible intentar desalojar los cerca de 500 centros que se estimaron en un primer momento. Aunque la resistencia fuera exclusivamente pacífica —alertaron—, con ese plan algunos grupos de 50 operativos tenían que desalojar hasta 20 colegios diferentes.
Al final, ningún contingente consiguió llegar a más de cinco o seis colegios y el número final de centros clausurados por los funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado terminó siendo de solo 92.
«Ocupar, no desalojar»
Nadie en la cúpula de Interior valoró seguir la recomendación de los técnicos policiales: «Ocupar, no desalojar». Los especialistas en contención de masas propusieron hacerse con el control desde el inicio (madrugada) de entre 30 y 40 centros electorales «clave», tanto de la ciudad de Barcelona, donde se concentraban los grandes medios nacionales e internacionales, como de otros grandes núcleos de las cuatro provincias. Nada de expediciones de cierre. Centros escogidos por su «relevancia mediática», pero también por la escasez de público.
Si los congregados no abandonaban el colegio, cerrar el mismo, precintarlo y establecer un cordón de seguridad para impedir la entrada de público y, sobre todo de las urnas. Los defensores de esta opción alegaban que así se daba la imagen de firmeza contra el 1-O ordenada desde la Moncloa.
¿Engaño de los Mossos?
Diego Pérez de los Cobos, el máximo responsable policial contra el 1-O, en el juicio a su enemigo íntimo, el mayor Josep Lluís Trapero, reconoció que los expertos de las fuerzas de seguridad del Estado se «equivocaron» al apostar que el día del referendo los Mossos d'Esquadra iban a actuar, al menos a medio gas, para impedir la consulta ilegal.
Sin embargo, lo cierto es que los servicios de información advirtieron hasta la saciedad de que los colegios iban a estar ocupados por una muchedumbre si el despliegue de las Fuerzas de Seguridad no concluía antes de las cuatro de la mañana del 1-0. Es más, que no tenía sentido esperar a que los Mossos comenzaran a actuar a las seis de la mañana porque ya habían avisado de que no iban a desalojar ningún centro. Las órdenes del propio mayor de la policía autonómica el 29 de septiembre en un documento de cinco páginas ya dejaban meridianamente claro que los funcionarios autonómicos tenían prohibido el «uso de la fuerza».