El Gobierno presiona a sus socios para cerrar la reforma la ley mordaza antes de las elecciones

«Es ahora o nunca» aseguran en Moncloa. El Gobierno está decidido a presionar en las próximas semanas a sus socios parlamentarios, en particular a ERC y Bildu, para tratar de sacar adelante la reforma de la ley mordaza. En el Ejecutivo y en los dos grupos parlamentarios que lo sustentan dan por seguro que si antes de marzo no hay un pacto para desbloquear los puntos más conflictivos en los que todavía no hay acuerdo entre las fuerzas favorables a la reforma (uso de pelotas de gomas, desobediencia, falta de respeto y expulsiones en caliente, entre otros) la ‘ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana' aprobada por la mayoría absoluta del PP en el 2015 va a salir viva también de esta legislatura, pese a las solemnes promesas de derogarla desde que Pedro Sánchez llegó al poder en verano del 2018.

Este martes tuvo lugar una nueva reunión informal de los seis grupos favorables a la reforma: PSOE, UP, ERC, PNV, EH Bildu y Junts. Se analizaron una quincena de artículos y hubo acuerdo en llevar a la ponencia las cuestiones ya pactadas como sustituir las multas por consumir droga en la calle por «actividades de reeducación»; que las declaraciones de los policías solo tengan presunción de veracidad si su relato es «coherente, lógico y razonable»; o en reducir las sanciones, que partirían ahora de 501 euros y no de 600.

Pero una vez más se soslayaron los temas espinosos. Y la preocupación es cada vez más patente en el Gobierno. Saben que si antes de primavera no se cierra un texto va a ser mucho más difícil hacerlo luego ya en precampaña de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.

17 votos

Este jueves se volverá a reunir la ponencia después del encuentro que tuvo lugar en diciembre. Pero el parón navideño no ha servido para que el Gobierno, que cree contar con el apoyo de los 6 diputados del PNV, haya atraído para sí los 17 votos imprescindibles de EH Bildu y Esquerra.

Los aberzales y republicanos, pero también Junts, insisten en que no van a apoyar un texto que no prohíba el uso de las pelotas de goma (artículo 23), pero el PSOE se niega en banda a vetar por ley su utilización. La propuesta de Unidas Podemos de abordar este asunto en una hipotética reforma de la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad, que no estaba prevista por nadie, no convence en absoluto a los socios.

Entre ERC y Bildu cada vez se asienta más la sensación de que el PSOE quiere «salvar la cara» con una reforma light de la ley mordaza en la que no se toquen los dos artículos que se vienen usando de manera masiva para sancionar: el 36.6 (desobediencia) y el 37.4 (falta de respeto). Sobre la desobediencia hubo un acuerdo inicial para considerar que solo la habría si había «oposición corporal» o «fuerza física», pero el PSOE no termina de ver claro ahora esa redacción, que tanto molesta a unos sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil cada vez más movilizadas.

En cuanto a la falta de respeto, Unidas Podemos quiere circunscribir ese ilícito a los «insultos o injurias» directas a los agentes, mientras que el PNV, por su parte, apoya que se limite el castigo a las «conductas o expresiones» que desacrediten a los funcionarios. El PSOE rechaza la limitación a los insultos y cree demasiado vaga la redacción de los nacionalistas, mientras ERC y Bildu exigen definir de manera estricta los supuestos para sancionar por esa falta de respeto.

Expulsiones en caliente

En principio, antes de la llegada al poder de Sánchez, las expulsiones en caliente (que fueron coladas con calzador por el PP en la ley de seguridad ciudadana) iban a salir de inmediato de esa normativa e iban a ser prohibidas. Había acuerdo entre todas las formaciones de la moción de censura y la investidura. Pero todo ha cambiado. El PSOE, después de que el Gobierno esté haciendo un uso masivo de esta figura (como el pasado 24 de junio tras la tragedia de Melilla), ahora simplemente aboga por aumentar las garantías de esas deportaciones exprés. Los socialistas, conscientes de que en el 2020 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Constitucional avalaron estas expulsiones, no quieren prescindir de una herramienta que ahora creen «indispensable», pero que la mayoría de sus socios quiere abolir sin contemplaciones.

En el Gobierno creen que todavía a pesar de estos cuatro escollos todavía hay margen para el acuerdo con sus socios y recuerdan que en diciembre y este mismo martes se han pactado varios puntos, eso sí, que ya venían cerrados desde hacía meses y que no levantaban tantas ampollas entre el Ejecutivos y sus socios. Al margen de los temas cerrados este martes, ya ha habido acuerdo, entre otras cuestiones en suprimir las sanciones por concentrarse alrededor del Congreso, Senado o asambleas de las comunidades autonómicas o por celebrar manifestaciones sin previo aviso; despenalización de la grabación imágenes de los agentes y su posterior difusión; modulaciones de las sanciones según los recursos económicos o la minoría edad; fin de las sanciones graves a las ‘okupaciones'; el fin de las multas por perturbación de la seguridad en oficios religiosos y deportivos; o la luz verde del uso de uniformes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en los casos de «actividades socio culturales».

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