Pedro Sánchez respalda a Irene Montero y descarta una ruptura de la coalición de Gobierno

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

ESPAÑA

Pedro Sánchez, tras la reunión del Consejo Europeo, en Bruselas
Pedro Sánchez, tras la reunión del Consejo Europeo, en Bruselas POOL MONCLOA / FERNANDO CALVO | EUROPAPRESS

El PSOE solicita en el Congreso la tramitación por la vía de urgencia de la reforma de la ley del «solo sí es sí»

10 feb 2023 . Actualizado a las 21:54 h.

«No se contempla». El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiso zanjar así cualquier especulación respecto a una posible ruptura del Gobierno de coalición con Unidas Podemos por las discrepancias en torno a la ley del «solo sí es sí». Al contrario, el líder del PSOE destacó la estabilidad de un Ejecutivo con «más de 200 leyes aprobadas y tres Presupuestos en un contexto muy delicado». Igualmente, Sánchez negó que vayan a producirse destituciones por las consecuencias de la ley, que ha generado rebajas de condenas y excarcelaciones de agresores sexuales. «Todos mis ministros y ministran tienen mi confianza, cuentan con ella, incluyendo la de Igualdad», precisó al ser preguntado por Irene Montero.

«Ya le digo que nada de ruptura. La coalición no se va a romper. Eso no se contempla. El Gobierno de coalición progresista continúa y seguimos avanzando con nuestra hoja de ruta» señaló, descartando que las desavenencias provoquen una ruptura.

Sánchez no aclaró si el PSOE contempla aprobar la reforma de la ley del «solo sí es sí» con los votos del PP, aunque recalcó que «si hay algo que une a todos los grupos, hayan votado o no a favor de la ley, es no rebajar la pena a los agresores y adecuarlas». Lo que sí dejo claro es que la negociación está ahora en manos de «los grupos parlamentarios», lo que excluye a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que hasta ahora había tratado de negociar con la de Igualdad, Irene Montero.

Respecto a si se debe pedir disculpas por lo que está ocurriendo, el presidente dijo que lamenta esos efectos indeseados. «Lamento esta situación y creo que a las víctimas no solo hay que trasladarles la solidaridad con la palabra, tenemos que hacerlo con hechos», dijo, precisando que se trata de «retocar desde el punto de vista técnico un asunto importante que está creando esta alarma social para que no se vuelva a producir en el futuro». «Técnico y no político, porque estamos conservando la cuestión del consentimiento, que es el corazón de la ley», puntualizó.

De momento, y aunque solo cuenta por ahora con el apoyo garantizado del PNV, el PSOE reclamó este viernes en el Congreso la tramitación urgente de la reforma, lo que aceleraría su posible aprobación reduciendo a la mitad los plazos para la presentación de enmiendas parciales o a la totalidad. Aún así, la luz verde definitiva podría demorarse hasta finales de marzo o primeros de abril, ya con las elecciones autonómicas y municipales muy cerca en el calendario.

Los plazos de la reforma

El artículo 93 del reglamento del Congreso prevé la aprobación del trámite de urgencia cuando lo soliciten dos grupos parlamentarios o la quinta parte de todos los diputados. A este último caso se ha acogido el PSOE. La tramitación por la vía de urgencia reduce también el paso de la proposición por el Senado, que tendría un máximo de 20 días para aprobarla definitivamente o devolverla con enmiendas al Congreso.

La Mesa del Congreso se pronunciará el martes 14 de febrero. El PSOE tiene tres representantes, Unidas Podemos tres, el PP dos y Vox, uno. No se prevé ninguna resistencia dado que incluso Unidas Podemos ha adelantado que no se opondrá a que la propuesta dé ese primer paso en el Congreso. Luego, el asunto se trasladará a la Junta de Portavoces, que podría aprobar el 21 de febrero que la propuesta se incluya en un pleno. Según estos plazos, el debate de la toma en consideración podría celebrarse en la segunda semana de marzo.

Interior estrena el protocolo para advertir a posibles víctimas de antecedentes por maltrato de su pareja

El Ministerio del Interior ha aprobado la instrucción en la que regula el protocolo para alertar a las mujeres víctimas de violencia de género si su agresor responde a un perfil de «persistente», que es como se conoce a los hombres con antecedentes hacia parejas anteriores. El 9,3 % de agresores responde a este perfil y, en adelante, se podrá avisar a la mujer si constan antecedentes en los últimos cinco años.

La Instrucción, que entró en vigor este viernes, regula el sistema de alertas que se activará en caso de que los policías detecten un nuevo caso de violencia hacia una mujer por parte de sus parejas o exparejas —aunque no formalice denuncia—, y cuando el agresor tenga antecedentes en el Sistema Viogén con una antigüedad de hasta cinco años. Se excluirán casos prescritos o con sentencia absolutoria o con auto de sobreseimiento.

Siguiendo el criterio de Fiscalía y Abogacía del Estado, la alerta se formalizará previa evaluación policial «caso por caso», no de manera automatizada o generalizada, y siempre que la información sea determinante para la protección de la vida de la mujer víctima de malos tratos o para menores dependientes de ella.

El sistema alertará a las víctimas anteriores y generará de forma automática un aviso a las autoridades judiciales. El sistema Viogén tiene información de 655.571 agresores, aunque el 90 % a día de hoy se refiere a una sola víctima, según explican fuentes del Ministerio del Interior. En la actualidad el 9,3 % de estos agresores encaja en este perfil de persistentes, unos 61.000 hombres, por antecedentes violentos. De estos, 51.092 tienen dos víctimas, 7.832 figuran con tres víctimas y 2.155 tienen más de tres víctimas.

Además, en la actualidad hay 7.771 casos de especial relevancia, de los que 6.833 son medios de especial relevancia, 920 altos y 18 casos clasificados como extremos. Estos casos son los que recogen indicadores que combinados entre sí alertan de «una mayor probabilidad de violencia muy grave o letal».

La alerta sobre agresores persistentes es una de las medidas, junto a impulsar las pulseras de control telemático para proteger a mujeres con riesgo de homicidio, que manejaba el Ministerio del Interior desde diciembre, un mes en el que ascendieron a once las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. En lo que va de 2023 se contabilizan otras ocho víctimas.