El Poder Judicial ve la amnistía como «la degradación del Estado de Derecho»
ESPAÑA
Expresa su «intensa preocupación y desolación» por la medida de gracia
08 nov 2023 . Actualizado a las 16:49 h.El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunió este lunes para debatir y votar la propuesta de ocho vocales del denominado bloque conservador para emitir una declaración institucional en contra de la futura ley de amnistía que negocian el PSOE, Junts y ERC, y que beneficiará a los investigados por el procés y su derivadas en juzgados y tribunales, unas 700 personas en total. La iniciativa ha salido adelante con el noveno voto que necesitaba —el del magistrado del Supremo Wenceslao Olea—, por 5 votos en contra y uno en blanco, el correspondiente al presidente del Consejo Vicente Guilarte. El vocal progresista Álvaro Cuesta fue el único ausente.
El presidente interino del Consejo, Vicente Guilarte, convocó esta reunión extraordinaria después de que el pasado 1 de noviembre estos consejeros le pidieran por escrito emitir una declaración institucional en la que se exprese la «intensa preocupación y desolación» del órgano del gobierno de los jueces por este proyecto de ley del que todavía no se conocen los detalles.
Pese a que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y el reglamento de organización y funcionamiento del CGPJ establecen que deberá celebrarse sesión extraordinaria si lo considerare oportuno el presidente o si lo solicitasen cinco o más vocales, el consejero progresista Álvaro Cuesta remitió el domingo un escrito a Guilarte pidiéndole desconvocar la cita al considerar que es «manifiestamente ilegal» porque su finalidad es contraria «al ordenamiento jurídico».
«Panfleto político»
Afirmó Cuesta que en el «panfleto político» que sus colegas conservadores proponen aprobar como declaración institucional «se descalifica y ataca una eventual proposición de ley de amnistía, aun no presentada ni registrada en el Congreso, y los eventuales acuerdos políticos o decisiones parlamentarias sobre la posible investidura del presidente de Gobierno, calificándola de ilegal e inconstitucional».
Pero Guilarte le contestó horas después para informarle de que el pleno se mantenía de conformidad al reglamento de la casa. En su escrito previo, Cuesta, exdiputado socialista y abogado de carrera, advirtió de que, si el presidente seguía adelante con el cónclave no acudiría, como al final ha ocurrido. Desde el sector progresista descartaron seguir su ejemplo.
Para que la declaración institucional salga adelante son necesarios los votos de al menos nueve vocales, aunque con la incomparecencia de Cuesta podrían valer ocho. De partida, contará con el visto bueno de los firmantes del bloque conservador y, según las citadas fuentes, con la negativa de los seis vocales del sector progresista. La incógnita reposa entonces sobre dos consejeros también identificados con el bloque conservador: el propio Guilarte y el vocal Wenceslao Olea, magistrado del Tribunal Supremo, que, según algunas voces, podrían optar por abstenerse.
Fuentes del CGPJ sostienen que la negativa de los progresistas sería en bloque, dado que estos consideran que se trata de un pronunciamiento político y no de una declaración institucional.
Los vocales conservadores aseguraron que la ley de amnistía tendrá efectos de «degradación» para el país, «cuando no de abolición del Estado de Derecho en España». Insistieron también en que cuando se aplique el Estado de Derecho en España «pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España».