Llarena apura el plazo para decidir si eleva una cuestión prejudicial a la UE
ESPAÑA
La Abogacía del Estado pide al juez que aplique la amnistía a Puigdemont
22 jun 2024 . Actualizado a las 19:09 h.El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga la causa contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsejeros Antoni Comín y Lluis Puig y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, todos ellos huidos de la Justicia, apura los plazos para decidir si eleva una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que determine si la ley de amnistía aprobada por el Gobierno es aplicable a los fugados, a los que acusa de malversación, un delito por el que ya fue condenado entre otros el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras.
El magistrado dio un plazo de cinco días a las partes para que se pronunciaran y tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado como el propio abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, han contestado que el delito del que se acusa al expresidente catalán es amnistiable. Ahora, Llarena tendrá que decidir si sigue el criterio de las partes y aplica de inmediato la ley de amnistía a Puigdemont o si espera a que se pronuncie la justicia de la Unión Europea.
Mantiene la orden de detención
De momento, y a la espera de acontecimientos, el juez ha comunicado a la policía que la orden de detención nacional que adoptó contra Puigdemont sigue vigente y activa. En caso de que Llarena consulte a la Unión Europea, la aplicación de la ley de amnistía para los acusados quedaría paralizada, a la espera que el TJUE se pronuncie. Puigdemont instó en su respuesta a Llarena a dejar sin efecto la orden nacional de detención contra él en aplicación de la ley de amnistía. En un escrito remitido al instructor de la causa, el abogado Gonzalo Boye sostiene que «con independencia de la inexistencia de delito alguno», resulta «evidente» que una lectura «reposada y desapasionada» de la ley de amnistía «permite, manifiestamente, su aplicación a los hechos objeto del presente procedimiento», por lo que apremia a Llarena a «declarar amnistiados» dichos hechos acordando el sobreseimiento libre respecto a Puigdemont.
Vox, que está personado en la causa como acusación, ha solicitado al Tribunal Supremo que paralice la causa del procés, manteniendo la orden de arresto de Carles Puigdemont, y plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La Abogacía del Estado pidió también este viernes al Tribunal Supremo que retire la orden de arresto que pesa contra Puigdemont y que le aplique la amnistía, junto al resto de líderes independentistas implicados en el procés.
La Abogacía del Estado defiende el mismo criterio que esgrimió la Fiscalía, que es el de que todos los hechos atribuidos a la cúpula política del procés deben ser amnistiados, incluida la malversación. Pide por ello amnistiar a Carles Puigdemont y borrar la orden de detención nacional que tiene vigente al haber huido.
Perdón para Oriol Junqueras
La Abogacía considera que dado que «la amnistía acordada por la ley orgánica les resulta de aplicación», procede acordar «el inmediato alzamiento» de las medidas cautelares así como «dejar sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión o de detención», que afectan a todo ellos. También solicita la Abogacía del Estado que se aplique el perdón al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y al resto de condenados, y que se extingan las penas de inhabilitación aún vigentes y se eliminen los antecedentes penales.
La Abogacía del Estado —que fue parte en el juicio por el daño causado a las arcas públicas por el referendo ilegal del 1-O— defiende ante el Supremo que el delito de malversación por el que fueron condenados los líderes del procés queda incluido en la ley de amnistía porque su único fin era «financiar, sufragar o facilitar» actos encaminados a lograr la independencia de Cataluña.
El ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes , Félix Bolaños, dijo esperar «que el Estado de derecho funcione y los jueces apliquen las leyes que el Parlamento ha decidido». «Estoy seguro de que los juzgados y tribunales aplicarán la literalidad, lo que el legislador ha querido con la ley de amnistía», repitió.