El PSOE critica al Tribunal Supremo por meterse en el terreno de la política

La portavoz de la ejecutiva federal del PSOE, Esther Peña, consideró que la decisión del Supremo no afectará a la formación de Gobierno en Cataluña. El PSOE criticó al tribunal en un comunicado por las «consideraciones políticas» que ha hecho y que, a su juicio, son «sorprendentes e innecesarias para la labor jurisdiccional que tienen encomendada». «Es en el ámbito político y no judicial donde corresponde opinar sobre las leyes, los pactos entre diferentes fuerzas políticas y la tramitación parlamentaria de las normas», sostienen.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, destacó que el Gobierno de Sánchez solo ha aprobado la ley de amnistía durante toda la legislatura y, «por lo que se ve ni siquiera saben hacerla». «Las instituciones del Estado funcionan por encima de un mal Gobierno», dijo la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. 

Podemos ve una ofensiva judicial

La líder de Podemos, Ione Belarra, denunció que el Tribunal Supremo se niega aplicar la ley de amnistía y manifestó que esta postura responde a «una dura ofensiva judicial reaccionaria».

La decisión del Tribunal Supremo de excluir de la amnistía a Carles Puigdemont y a Oriol Junqueras por malversación era esperada en Cataluña, aunque los independentistas catalanes no escatimaron en adjetivos grandilocuentes hacia la cúpula judicial. El expresidente de la Generalitat reaccionó con rapidez, comparando a los jueces del procés con la mafia siciliana, «la Toga Nostra», dijo en su perfil de X. El secretario general de Junts, Jordi Turull, que tampoco será amnistiado, fue incluso más lejos, al asegurar que «estamos ante un golpe de toga en el Estado», y acusó al tribunal de «justiciero» y de alinearse con Vox contra la separación de poderes. .

En Junts afirman que el portazo del Supremo a la amnistía no altera los planes de Puigdemont de volver a España para la investidura en el Parlamento de Cataluña. «Es una persona de palabra», señaló este lunes el número dos de la formación, que da por hecho que el expresidente «volverá para el debate de investidura», si es que este llega a producirse.

Los neoconvergentes recurrirán lo que consideran una decisión «política» ante el Tribunal Constitucional ante una decisión «política», que «vulnera las normas elementales de la democracia». También el presidente del Parlamento, Josep Rull, arremetió contra el auto del Supremo, al que se refirió como una «nueva infamia de la cúpula judicial española», y acusó a sus magistrados de arrogarse «un rol político impropio en un Estado de derecho». «De nuevo, ratifico mi determinación de hacer respetar los derechos de los diputados en el Parlament, incluido el derecho a votar y a ser votado», sentenció Rull.

También Esquerra cargó contra el alto tribunal. Los republicanos anunciaron la presentación de un incidente de nulidad y un recurso de amparo ante la no aplicación de la amnistía por malversación por participar en el referendo del 1 de octubre, que consideran «muy grave». «Sabemos el poco respeto que tienen por la democracia y la separación de poderes, por la ciudadanía y por las leyes que tienen que aplicar», señaló su portavoz, Raquel Sans. Para la formación independentista, la decisión del TS «no es ninguna sorpresa», aunque Sans se mostró segura de que «la amnistía es una ley que se tendrá que acabar aplicando». 

Junqueras, hasta el 2031

En ERC, la medida afecta directamente al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, inhabilitado hasta el año 2031 por malversación. Esta circunstancia impide al exlíder del partido presentarse como candidato a unas eventuales elecciones en octubre, en caso de no prosperar la investidura de Salvador Illa, que los socialistas negocian en estos momentos con los republicanos. En cambio, Llarena sí levanta la orden de detención contra la secretaria general, Marta Rovira, huida en Suiza desde el 2017, investigada por un presunto delito de desobediencia.

---

---

---