Vox, Podemos y Junts se oponen, Sumar se abstiene, y ERC, Bildu y BNG no votan
25 jul 2024 . Actualizado a las 12:07 h.El Congreso aprobó ayer como era previsible la toma en consideración del pacto alcanzado entre el PSOE y el PP para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, eso sí tras un áspero debate, tónica que, por otra parte, viene siendo habitual. El acuerdo no sirvió para bajar el tono, más bien para mostrar que cuando los socialistas se arriman a la derecha sus socios a la izquierda rehúyen de la alianza de la investidura. Así, el texto logró 258 apoyos (PP, PSOE, CC), 43 votos en contra (Vox, Junts, Podemos y Gabriel Rufián, de ERC, este por error), y 33 abstenciones (Sumar, PNV y UPN). ERC, Bildu y BNG no participaron en la votación en señal de protesta. Tampoco lo hizo Pedro Sánchez, pero por encontrarse en la Moncloa con el presidente electo del Consejo Europeo, António Costa.
El portavoz popular, Miguel Tellado, defendió que este primer pacto de Estado no es un «balón de oxígeno para el Gobierno para facilitar su supervivencia, sino un balón de oxígeno para la justicia, para garantizar su independencia». Y desgranó que la que se llevará a cabo «será la última renovación [del CGPJ] que se producirá con este sistema; en seis meses los nuevos vocales del Consejo presentarán una propuesta seria» para cambiar el modelo.
«Favores»
«Es un acuerdo que solo ha enfadado a los radicales, justo lo contrario que hace este Gobierno, que no escucha a la calle ni representa a la mayoría social, por eso no tienen un Gobierno que gobierne, sino que sobrevive de hacer favores a sus socios de investidura», lanzó.
«Cuanto más débil estaba el Gobierno, salen a su rescate», le recriminó Pepa Millán (Vox).
En cambio, Patxi López (PSOE) celebró el acuerdo, «que no es poca cosa», pero le calentó la mejilla al PP al volver a acusarlo de haber bloqueado la renovación durante años. «El PP cumple por fin la Constitución», zanjó. Y continuó con otro reproche: «Cada vez que se daba por hecha la posibilidad del acuerdo, el PP sucumbía al ala dura de la derecha y daba marcha atrás». Además, criticó que los de Feijoo tengan una doble vara de medir: «Hace dos días, como les gustó alguna decisión sobre la ley de amnistía, el Estado de derecho funcionaba perfectamente y era garante de las libertades y la igualdad», dijo López en referencia a la decisión del Tribunal Supremo de no conceder la amnistía a Carles Puigdemont. «Al día siguiente, como el Tribunal Constitucional en el caso de los ERE dijo que hacer leyes no puede ser un delito, pues no, en ese caso los socialistas nos estamos cargando el Estado de derecho», continuó. «Señor Feijoo, rectifique sus palabras: o se respetan las instituciones o no se las respeta y se está fuera de ellas», le espetó.
«La mafia judicial»
Las recriminaciones entre PP y PSOE no fueron las únicas. Los socialistas tuvieron que soportar que su socio en el Gobierno, Sumar, escenificara una ruptura en la votación, al abstenerse porque las medidas que contiene el pacto son «correctas, pero insuficientes». La misma posición adoptó el PNV, para el que el texto no afronta la politización de la justicia.
Los otros socios de la investidura fueron muy críticos con el acuerdo. Ione Belarra (Podemos) llamó al PSOE a romperlo y a trabajar por recomponer el bloque de la «mayoría democrática» ya que el pacto, dijo, «legitima la guerra sucia judicial contra Podemos y los partidos independentistas y ahora contra la familia del presidente». El mismo argumento esbozó la portavoz del Bildu, Mertxe Aizpurua.
Rufián defendió que «los jueces no se pueden elegir entre ellos». Deben estar sujetos a la soberanía popular, incidió. Míriam Nogueras (Junts) subió un peldaño más al manifestar que «el pacto no regenera nada» y que «España no será una democracia si no se acaba con la mafia judicial, la toga nostra».
Por su parte, el nacionalista gallego Néstor Rego opinó que la reforma abre la puerta a que jueces fascistas nombren a más jueces fascistas.
Acuerdo en el papel y dialéctica bronca en la tribuna
m. l.
El acuerdo entre los principales partidos, PSOE y PP, para renovar el Consejo General del Poder Judicial se limitó a esa rúbrica. Así lo pusieron de manifiesto ayer los portavoces de ambas formaciones en el pleno del Congreso, donde desde la tribuna se intercambiaron duros ataques. La habitual bronca continuó. Miguel Tellado (PP) comenzó su intervención criticando a Pedro Sánchez y el nombramiento para instituciones del Estado de personas cercanas al socialismo o por aprobar una ley, la de amnistía, a cambio de unos votos de Junts. Tellado acusó a Sánchez de ser el «máximo exponente del discurso popular», de perseguir un poder sin límites y empleó el verbo «colonizar» las instituciones para expresar el nombramiento de altos cargos. El portavoz popular puso de manifiesto que pese al acuerdo alcanzado su partido seguirá ejerciendo la oposición al Gobierno con «lealtad» al Estado en una legislatura que «empezó como un error y que avanza como un grave horror». Aludía así la mano derecha de Feijoo a que Sánchez es presidente pese a que quien ganó las elecciones fue el político gallego. Su verbo hiriente fue respondido por el portavoz del PSOE, Patxi López, quien lamentó que su homólogo escogiera el camino del ataque y no el de la congratulación por el acercamiento de posturas.
«Secuestrado»
«Parece que les da vergüenza haber llegado a un acuerdo», le soltó con suavidad, para preparar el dardo envenenado: «O siguen teniendo miedo a que haya algunos o algunas dentro de su partido que estén enfadados». Y afiló también su léxico al decir que el PP tuvo cinco años «secuestrado» el CGPJ y al acusar a Feijoo de intentar demoler con sus críticas a la justicia las bases del sistema democrático.
Las expresiones rudas de las señorías también se dejaron oír desde sus escaños. Cuando el avinagrado portavoz de ERC, Gabriel Rufián, bajaba de la tribuna, un diputado de la bancada del PP le soltó: «Venga, a tomar por culo», lo que obligó a la presidencia del Congreso a llamar la atención a un parlamentario, Enrique Belda, quien a su vez negó con gestos que tal improperio hubiera salido de su boca. Ningún compañero delató al autor de la blasfemia.
La reforma recoge más años para llegar al Supremo y acota el acceso a la Fiscalía General
El texto votado ayer en el Congreso a propuesta del PSOE y el PP contiene dos artículos, una disposición adicional y una disposición transitoria. El primer artículo consta de trece apartados que modifican la Ley Orgánica del Poder Judicial en sus artículos 343, 351, 356, 358, 567, 589, 595, 610 y 630. Estos cambios afectan a los requisitos para el nombramiento de magistrados en las Salas del Tribunal Supremo, los servicios especiales y las excedencias voluntarias de jueces y magistrados y diferentes cuestiones referidas al Consejo General del Poder Judicial.
La proposición «incrementa a 20 años [desde los 15] el tiempo que deben haber cumplido los miembros de la carrera judicial para poder ser nombrados magistrados del Tribunal Supremo», según un extracto elaborado por el Congreso.
Incompatibilidades
Respecto al Consejo General del Poder Judicial, introduce un régimen de incompatibilidades para poder ser designado vocal del organismo por el turno de juristas de reconocida competencia; obliga a los candidatos a comparecer ante la Comisión de nombramientos de la Cámara correspondiente; establece que las Cámaras elijan un suplente por cada vocal titular; y exige una mayoría de tres quintos de los vocales del Consejo para el nombramiento de los presidentes de las audiencias provinciales y del magistrado del Supremo competente para conocer las actividades del Centro Nacional de Inteligencia.
Límites al fiscal general
El artículo segundo de la ley modifica la norma por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Introduce que «el fiscal general del Estado deberá abstenerse de intervenir en los pleitos o causas cuando le afecten algunas de las causas de abstención establecidas para los jueces y magistrados en la LOPJ». Además, no podrá ser propuesto para el cargo de fiscal general del Estado quien, «en los cinco años anteriores, bien haya sido nombrado titular de un ministerio o de una secretaría de Estado o de una consejería de un gobierno autonómico o de una alcaldía o haya tenido la condición de eurodiputado, diputado o senador, o miembro de una asamblea legislativa de una comunidad autónoma».