El juez del caso Begoña Gómez cita a Pedro Sánchez como testigo el próximo 30 de julio
ESPAÑA
Juan Carlos Peinado acepta así la petición formulada por las acusaciones populares, dirigidas por Vox. La prueba testifical se realizará en la Moncloa. La Fiscalía Provincial de Madrid prevé recurrir la decisión del magistrado
22 jul 2024 . Actualizado a las 22:03 h.El titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, citó este lunes a declarar como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 30 de julio a las 11.00 en el palacio de la Moncloa en la causa en la que investiga a su mujer, Begoña Gómez, por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. El juez tiene pensado desplazarse hasta la Moncloa para tomar declaración a Sánchez y ha dado las instrucciones para que la declaración sea grabada en vídeo. «Será el magistrado quien se desplace a las dependencias donde se encuentra el despacho oficial y domicilio del testigo, el Complejo Presidencial de la Moncloa», dice el juez Peinado, aunque se prevé que la Fiscalía Provincial de Madrid recurra su decisión, según confirmaron fuentes del caso a Europa Press.
El magistrado toma su determinación después de que la semana pasada Begoña Gómez se acogiera a su derecho a no prestar testimonio. Explica el juez que el delito de tráfico de influencias contempla la modalidad de «en cadena», por lo que estima «conveniente, útil y pertinente recibir declaración al esposo de la investigada, Pedro Sánchez Pérez-Castejón».
La clave para que el juez Peinado diera este giro en su investigación está en la declaración del empresario Juan Carlos Barrabés, que admitió haberse reunido cerca de ocho veces en la Moncloa con Begoña Gómez y que en dos de esas reuniones estuvo presente Sánchez. Tras esa declaración, el juez cambió la situación del propio Barrabés, pasando de testigo a investigado. Al citar a Sánchez, el juez accede a la petición de la acusación popular, en la que figuran las asociaciones Hazte Oír, Iustitia Europa y el partido político Vox. El magistrado asegura que su intención es averiguar «la posible relación de la persona investigada con una autoridad» y determinar si la autoridad de Sánchez fue la que facilitó el supuesto intercambio irregular de favores.
La ley permite a los altos cargos del Gobierno responder por escrito como testigos en las instrucciones judiciales en el caso de que el testigo haya conocido el asunto investigado por razón de su cargo. Pero según el juez, el interrogatorio al que pretende someter a Sánchez es sobre «cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo». Es decir, que le interrogará en su calidad de esposo de Begoña Gómez, y no de jefe del Gobierno. En esos casos, la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla que el juez se desplace al lugar de trabajo del testigo.
El PSOE anunció un recurso a la decisión del juez de llamar a declarar a Sánchez. Sostiene que las diligencias son absolutamente injustificadas y revelan la naturaleza «política» del caso. El PSOE no está personado en la causa, por lo que el recurso deberá presentarlo la defensa de Gómez. El portavoz socialista Patxi López afirmó que lo que llamó el «caso Peinado» es un «montaje» para beneficiar al PP.
La ley le exime de declarar contra su pareja
Aunque con los argumentos esgrimidos por el juez a la hora de citar a Pedro Sánchez este tenga obligación de comparecer, la legislación española exime a cualquier persona de testificar en contra de su cónyuge y otros familiares próximos en un procedimiento judicial. El artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aplica esa dispensa. La ley establece además que el juez instructor tiene la obligación de advertir de ese derecho al testigo que se encuentre en esa situación.
Reacciones de los barones del PP
Los barones territoriales del PP han lamentado la imagen que se da de España cuando su presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es llamado a declarar por un presunto caso de tráfico de influencias de su mujer, y le han advertido de que en un Estado de Derecho «nadie está por encima de la ley».
Así lo han manifestado en la sede del PP antes de asistir a la Junta Directiva Nacional, en la que el portavoz del PP, Borja Semper, ha avisado de que «ni siquiera el presidente del Gobierno, ni su entorno» están por encima de la ley.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha incidido en el deterioro que está sufriendo en muy poco tiempo el Gobierno y su presidente, a quien considera que «le están acorralando» los asuntos de corrupción en su entorno y en el partido.
Para «la marca España», según el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, «esto no es nada bueno», algo que ha compartido el presidente de Murcia, Fernando López Miras, quien ha considerado que la citación es «un episodio más de esta serie alarmante, sorprendente y triste para los españoles y para la democracia».
Para el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, la citación «tiene toda la lógica» porque entiende que «es evidente» que la mujer del presidente «se dedicó a hacer negocios en los despachos de Moncloa». «Esto es inédito en la democracia», ha apostillado.