La crisis migratoria y la financiación de Cataluña cercan a Sánchez en la apertura del curso político

Mercedes Lodeiro REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo y el del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión que mantuvieron en La Palma
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo y el del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión que mantuvieron en La Palma EUROPA PRESS |

El Gobierno se reúne hoy en su primer Consejo de Ministros tras el verano

27 ago 2024 . Actualizado a las 05:00 h.

Desasosiego en el inicio del curso político. El Gobierno, que celebrará hoy su primer Consejo de Ministros tras las vacaciones estivales, comienza con el agua al cuello por el chaparrón de la financiación singular de Cataluña y la tormenta de la crisis migratoria.

El pacto fiscal firmado entre el PSC y Esquerra para investir presidente a Salvador Illa ha inundado de nubarrones toda España. El Gobierno sostiene que la «soberanía fiscal plena» de Cataluña respetará el principio de solidaridad con las otras comunidades, pero no explica cómo.

Y lejos de achicar agua en el resto de territorios y en sus propias filas, la ministra María Jesús Montero destapó la caja de los truenos cuando intentaba calmar las aguas en las comunidades del régimen común de financiación diciendo que el acuerdo en Cataluña no es un «concierto» como el vasco o el navarro. Lo único que logró fue enfurecer a Esquerra. Y a Josep Borrell, quien sí ve en el pacto un «concierto». Tras el cruce de opiniones tuvieron que salir varios ministros y Salvador Illa a tranquilizar a los republicanos para decir que cumplirá lo firmado.

En cualquiera de los casos, la financiación singular, cupo, concierto... requiere de cambios en la ley de financiación autonómica (Lofca) por lo que con la oposición de PP, Vox y UPN, además de 4 de los 31 diputados de Sumar que ya anunciaron que no la respaldarán, y Junts que tampoco está por la labor, no parece que vaya a salir adelante en el Congreso.

Entretanto, el PP ha visto en el pacto fiscal un nuevo flanco con el que erosionar al Gobierno, además del de la amnistía, los casos Koldo y Begoña Gómez, y las comunidades del PP ya adelantaron que presentarán recursos ante el Constitucional si se ven perjudicados sus ingresos. Desde Génova convocaron para el día 6 cónclave de los presidentes autonómicos y no descartan llevar el asunto al Parlamento Europeo.

El otro frente que tiene abierto el Gobierno es el de la crisis migratoria. El presidente Pedro Sánchez viaja esta semana a Senegal, Mauritania y Gambia para intentar paliar las salidas en origen en un momento en que Canarias y Ceuta están en situación de emergencia, pues sus infraestructuras están saturadas y son incapaces de atender las avalanchas de inmigrantes que llegan prácticamente cada día.

El reciente intento de reformar la ley de extranjería para poder repartir por la Península a los menores no acompañados fue infructuoso. Sánchez se comprometió la semana pasada con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en que su Gobierno se esforzará para lograr convencer al PP de que esa norma tiene que salir adelante en el Congreso. Al menos de momento no parece muy factible. Ayer, el portavoz de los populares, Borja Sémper, alejó esa posibilidad al tiempo que acusó al Ejecutivo de inacción. «Si nos atenemos a lo que hace el Gobierno y dice, desgraciadamente no hay ninguna posibilidad de acuerdo porque el Gobierno no atiende. Hace caso omiso, mira para otro lado ante el fenómeno, pero también ante las medidas que proponemos», denunció Sémper. El PP insiste en que sus condiciones pasan por convocar la Conferencia de Presidentes, declarar la emergencia migratoria y dotar de recursos a las autonomías que acogen a los menores que migran solos. El reparto lo obvia. Las palabras amables de Sánchez de afanarse por atraer al PP se hundieron en el charco. El PSOE aseguró que el partido de Feijoo «sigue empeñado en un discurso que vincula la inmigración y la delincuencia» y lo instó a «dejar claro» si está con Vox y Alvise o con la «humanidad que requiere el trato a unos niños y niñas que huyen de las guerras».

Los presidentes autonómicos del PP se conjuran contra el pacto fiscal entre el PSC y Esquerra 

El Partido Popular calienta motores de cara al nuevo curso político y se centra en redoblar la presión contra el Gobierno a raíz de los últimos acontecimientos. El portavoz del partido, Borja Sémper, anunció ayer tras el comité de dirección que los presidentes autonómicos de la formación firmaron un manifiesto para dejar claro que la postura de los populares es unitaria en defensa de la igualdad de todos los españoles y que no existen fisuras entre los distintos barones regionales.

«Ante la independencia fiscal pactada por el PSOE y ERC, los presidentes y presidentas del PP han firmado un manifiesto donde se resume la posición común del partido», afirmó el también diputado vasco del PP, quien recordó que los líderes regionales del partido tienen previsto celebrar un cónclave presidido por Alberto Núñez Feijoo el 6 de septiembre para abordar este asunto.

El documento de los doce barones autonómicos populares asegura que los acuerdos entre el PSOE y el independentismo buscan «sustituir» el Estado autonómico por un «modelo confederal asimétrico»: «Es un intento ilegítimo de modificar nuestra Constitución y nuestro modelo de Estado por la puerta de atrás», informa Europa Press. Los presidentes autonómicos del PP acusan al PSOE de «dinamitar» la autonomía y la Hacienda del Estado, además de «su capacidad y mandato constitucional de velar por la solidaridad entre comunidades autónomas y el crecimiento cohesionado de todo el país». 

Financiar otro «procés»

«La cesión total de la fiscalidad serviría para financiar sin límites otro proceso independentista, debería costearse con grandes subidas de impuestos a los ciudadanos del resto de comunidades y certificaría la inexistencia del Estado en Cataluña», añaden.

Los barones del PP insisten en que «la igualdad y la solidaridad son principios irrenunciables» del Estado autonómico, por lo que exigen al Gobierno que las decisiones «de este calado» se tomen en foros multilaterales entre todos y «no en negociaciones a puerta cerrada entre partidos que no representan al conjunto de España ni al conjunto de Cataluña». «La sanidad, la educación, los servicios sociales y el conjunto de servicios públicos que proveen las comunidades autónomas y todos los ayuntamientos de nuestro país no pueden ponerse en riesgo, ni ser moneda de cambio en un permanente mercadeo de poder a cambio de privilegios que solo beneficiarán a los políticos artífices de este cambalache inconstitucional», alertan.

Fitch ve positivo el cambio para las finanzas catalanas y negativo para las otras autonomías 

La agencia Fitch considera «poco probable» que la reforma del sistema de financiación de Cataluña acordada por los socialistas y ERC sea implementada a corto plazo y tenga un impacto «inmediato» en su deuda, aunque asegura que sería «positiva» para sus finanzas, informa Efe.

La firma estadounidense analiza en una nota el escenario que se produciría con el nuevo sistema, que sería «negativo» para las otras comunidades españolas.

«No esperamos que la reforma sea implementada a corto plazo», sostiene la agencia, tras apuntar que «se necesita una mayoría en el Congreso de los Diputados para modificar las leyes de financiación regional». «El PSOE ha respaldado el acuerdo, pero se enfrenta a la oposición de otros partidos, particularmente el PP», recuerda.

En opinión de Fitch, «la reforma sería positiva para las finanzas de Cataluña, pero negativa para las regiones que actualmente se benefician de los fondos de compensación, porque Cataluña es un contribuyente neto considerable».

Con el nuevo sistema, Cataluña tendría un sistema de financiación «mucho mayor que el de las regiones españolas de régimen común», y estaría «más cerca» del País Vasco y Navarra. «Cataluña también reduciría su contribución neta a los fondos de compensación con otras regiones», avisa Fitch, que recuerda que aporta más de lo que recibe.