El Ejecutivo no tiene mayoría para poder aprobar las medidas en el Congreso
03 oct 2024 . Actualizado a las 10:48 h.Camuflada, sin apoyos parlamentarios y sin contar con la opinión de los profesionales de la información. Así presentaron ayer el PSOE y Sumar su conocido Plan de Acción por la Democracia, que incluye una amalgama de medidas que afectarán no solo a los medios de comunicación, sino a artistas y la propia Administración Pública en un compendio de puntos sin relación entre sí hechos a medida del Gobierno que el Congreso deberá avalar.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el de Presidencia, Félix Bolaños, presentaron el plan antibulos del Gobierno nacido en el momento en el que Sánchez se debatía su dimisión tras conocerse el caso judicial contra su mujer, Begoña Gómez, y que se tomó como una cruzada «contra la máquina de fango de la ultraderecha», a la cual responsabiliza de la investigación de su mujer.
Bolaños, apagafuegos por excelencia de la Moncloa, explicó que el plan pasa por combatir a los «seudomedios corrosivos» para la democracia. Pero la batería de 13 puntos relativos a los medios de comunicación no concreta nada sobre cómo se ejercerá el control de la difusión de bulos. En cambio, se limitan a demandar «un registro de medios de comunicación con información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben». El eje central es la publicidad institucional, que también será limitada para que ciertos medios «no sean dependientes o impulsados» con dinero público. O lo que es lo mismo, quitarle la vida a los medios de menor cuota no afines, ya que el plan suma una medida de «discriminación positiva» para aquellos medios cuya difusión se realice en alguna lengua cooficial. Un guiño a las fuerzas nacionalistas e independentistas para recabar su apoyo.
Recompensas y choques
Además, según el texto, también se va a proponer «aprobar una Estrategia nacional de lucha contra las campañas de desinformación» sin que ni Bolaños ni Urtasun señalaran quiénes fijarán los criterios de consideraciones de bulos o falsas noticias ni si estarán recomendadas por expertos de la información. Pedro Sánchez ya encargó a un comité de expertos una tarea similar, pero estos mismos negaron que fuera una propuesta vinculante. Es decir, el Gobierno podrá fijar los criterios de qué es desinformación y qué medios la difunden de forma arbitraria.
Impulsar la ley de secreto profesional de los periodistas será una de las escasas recompensas con las que el Gobierno tratará de desviar la atención de los informadores sobre el control de los medios. Para contentar a Sumar, el Ejecutivo también acordó «reformar el artículo 36 de la denominada ley mordaza», que afecta a los profesionales de la información que cubren en ocasiones actuaciones policiales en manifestaciones, desahucios u otros eventos similares.
Incluso en la propia norma ya resplandecen los choques entre fuerzas. Sumar considera que la derogación de un único artículo de la ley mordaza es insuficiente y exige también cambios en el ámbito judicial, algo que vetó el Partido Socialista. Igualmente, los de Sánchez tuvieron que ceder ante la demanda de los de Yolanda Díaz sobre la reforma penal de los delitos de libertad de expresión que afectan a la Corona y los sentimientos religiosos.
Escasos apoyos parlamentarios
El Ejecutivo, además, encara para aprobar estas medidas un proceso diversificado, ya que las medidas del plan tendrán que tramitarse como leyes o reformas del Código Penal y, en suma, tendrán que presentarse de forma separada ante el Congreso. Y aquí empiezan los problemas para Sánchez. El Gobierno tiene imposible el apoyo de Podemos, Bildu, y ERC en cuanto a la derogación parcial de la ley mordaza, ya que quieren que sea total. Está por ver si el PNV está satisfecho por conseguir introducir la reforma de la ley de secretos oficiales. Y Junts no da su brazo a torcer con el PSOE desde el acuerdo entre ERC y el PSC en Cataluña. En suma, ningún apoyo está garantizado por falta de negociación.
El PP anuncia un plan propio para impedir la censura a los periodistas
Redacción / Agencias
El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, anunció ayer que llevará a la Comisión Constitucional de la Cámara Baja una iniciativa con sus propuestas de regeneración democrática y anticipó al PSOE que su partido no apoyará ninguna medida que busque «la censura» o «tapar» investigaciones judiciales en medios.
En rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Tellado afirmó que resulta «llamativo» que el presidente del Gobierno impulse este plan coincidiendo con investigaciones judiciales contra su Ejecutivo, su partido y su familia. En este sentido, indicó que con este proyecto Pedro Sánchez «quiere tapar todo lo que sucede en el seno de su Gobierno» y llegó a calificar ese plan de regeneración como un «plan de degeneración».
A su entender, los medios de comunicación «no tienen ningún problema democrático» sino que «el que debe regenerarse democráticamente es el Gobierno que preside Pedro Sánchez». Por eso, señaló que el PP va a «defender la independencia de los medios de comunicación de todos con una iniciativa» que llevarán a la Comisión Constitucional del Congreso. Es más, el portavoz de los populares afirmó que, tras las informaciones publicadas estos días, el PP tiene «más claro» que «si hay una máquina de fango contra la que luchar es la que maneja Pedro Sánchez», junto a Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE.
Vox lo ve un plan «infantil»
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, aseguró, por su parte, que el llamado plan de regeneración democrática es «propio de un régimen totalitario» y «fruto del arrebato de un presidente infantil» por la investigación por presuntos delitos de corrupción a su esposa, Begoña Gómez. Rodríguez de Millán remarcó la oposición de su formación a ese plan que Pedro Sánchez llama «contra los bulos» porque, a su juicio, servirá para criminalizar a jueces, periodistas y ciudadanos que opinan sobre temas de actualidad en redes sociales en lo que ve como «la actuación propia de un régimen totalitario».
Las principales medidas del plan
Ampliar la información gubernamental
- Aprobar una nueva Estrategia de Gobierno Abierto y enviar a las Cortes un proyecto de ley de Administración Abierta para reforzar la transparencia y los controles sobre los cargos públicos, en especial en materia de conflictos de interés.
- Establecer una obligación legal de rendir cuentas cada seis meses para todas las administraciones.
- Aprobar una estrategia contra la corrupción, crear la Autoridad independiente de protección del informante y ampliar la plantilla de la Fiscalía para luchar contra la corrupción pública y privada.
- Reformar la ley de secretos oficiales.
- Celebrar en Vitoria la novena Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto en otoño de 2025.
Transparencia y pluralidad en el «ecosistema informativo»
- Crear un registro de medios de comunicación con información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben.
- Obligación de publicar anualmente la inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas.
- Reforma de la Ley de Publicidad Institucional para introducir criterios de proporcionalidad y no discriminación, garantizar sistemas de medición de audiencia transparentes y apoyar a los medios en lenguas oficiales diferentes del castellano.
- Limitar la financiación de las administraciones públicas a los medios, para que no haya medios impulsados o dependientes de ellas.
- Impulsar la ley de secreto profesional de los periodistas y trasponer la directiva que les protege de acosos externos
- Reformar el artículo 36 de la denominada 'ley mordaza', que castiga el uso de imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
- Revisar el marco regulatorio para garantizar el pluralismo y evitar la concentración de los medios de comunicación.
- Aprobar una Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación.
- Reformar la ley de protección al honor y la intimidad y la ley que regula el derecho de rectificación.
- Reforma de los artículos del Código penal que limitan la libertad de expresión, como los que se refieren a las instituciones del Estado, los sentimientos religiosos o el escarnio público.
- Programa dotado con 100 millones de euros para promover la digitalización de los medios
- Reformar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que cuente con competencias en materia de servicios digitales y medios de comunicación.
- Crear una nueva comisión en el Congreso de los Diputados sobre desinformación.
Reglas para el poder legislativo y el sistema electoral
- Reforma del Reglamento del Congreso para fijar la obligación de celebrar anualmente el debate sobre el estado de la nación.
- Reformar la ley electoral para establecer la obligación de celebrar debates electorales y de publicar los microdatos de las encuestas.
- Reforzar las sanciones para los diputados y senadores que no presenten su declaración de bienes o den información falsa o incompleta.
- Aprobar una ley de grupos de interés con un código de conducta durante el proceso legislativo.
- Reforzar las sanciones a los partidos políticos que presenten sus cuentas de manera inadecuada.