Con la fe irredenta del converso, Álvaro García Ortiz ha decidido convertirse en un capítulo especial de una futura entrega del Manual de resistencia de Pedro Sánchez. Pocas dudas había de que sería imputado por vulnerar los derechos constitucionales de un anónimo, por mucho que sea la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y más después de haber asumido por carta la responsabilidad. La consecuencia es otro hito histórico del sanchismo: por primera vez en la historia de la democracia, el jefe de los fiscales ha sido imputado. Tampoco extraña la reacción del presunto: agarrarse a la silla y negarse a dimitir.
Álvaro García Ortiz tiene poco que ver con el aguerrido defensor de la justicia que salió de Galicia para escoltar a Dolores Delgado y protagonizar algunos escabrosos episodios en la Fiscalía General. No conforme con haber sacado de un partido de la Champions del Atleti al fiscal encargado del caso de la pareja de Ayuso para que le mandara más allá de la medianoche una documentación de la que debería haber permanecido al margen, se ha convertido en el peor publicista de sí mismo para defender un comportamiento que todos los estamentos judiciales le dicen que fue incorrecto. El auto del Supremo recoge la petición del juez instructor, pero también las quejas de los fiscales —las dos principales asociaciones gremiales han pedido la dimisión y la otra se calla, porque García Ortiz fue su presidente—, o las declaraciones públicas de los antecesores en el cargo del fiscal general, como Consuelo Madrigal, entre otros muchos.
García Ortiz, que siempre tuvo buena relación con los medios, ha recurrido al manual sanchista de defensa: bulos, fango, mentiras... Pero ignora lo más importante. No debe anteponer su lealtad a los intereses del presidente del Gobierno por encima de las obligaciones de su cargo. Y, mucho menos, ajusticiar los derechos de un ciudadano para intervenir en una guerra política que le debería ser ajena. El fiscal general hundió su prestigio en la defensa del nombramiento de su madrina política, Dolores Delgado, que fue dos veces revocado, y forzando la dimisión de sus compañeros en el juicio del procés por no acatar una orden que consideraban injusta para aceptar la amnistía a los malversadores separatistas. García Ortiz olvidó su juramento de respetar la imparcialidad, ser neutral y dar ejemplo. Seguramente, el envite le saldrá mal. Pero conviene no olvidar de quién depende la Fiscalía. Pues eso.