Marlaska cede a los Mossos la investigación de delitos en medio ambiente que realizaba el Seprona
ESPAÑA
Policía Nacional y Guardia Civil se integran en el 112 catalán
10 dic 2024 . Actualizado a las 13:27 h.En una nueva muestra de buena sintonía entre la Moncloa y la Generalitat, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cedió ayer a los Mossos d’Esquadra, «en coordinación con el Cuerpo de Agentes Rurales en lo que se refiera a su ámbito competencial, la investigación de delitos e ilícitos administrativos relacionados con el medio ambiente que tengan lugar en Cataluña, sin perjuicio de los que, al tener una dimensión supra o extracomunitaria, correspondan a los cuerpos de seguridad del Estado». Es decir, al Seprona. Se trata de una de las medidas de más calado adoptadas en la Junta de Seguridad de Cataluña celebrada ayer en Barcelona. La última se había convocado en el 2021.
El ministro también abrió la puerta a una nueva ampliación de la plantilla de los Mossos d’Esquadra, hasta los 25.000 agentes en el 2030, frente al actual techo, que en el 2021 se fijó en 22.006 policías. Esta cifra representa unos 3.000 más de los pactados con el anterior Ejecutivo catalán de Pere Aragonès. En la actualidad, la policía catalana dispone de algo más de 19.000 mossos. La ampliación del tope, de momento sin dotación económica, se evaluará en una comisión mixta con presencia del Ministerio de Hacienda, cuyas conclusiones se conocerán antes de un año.
En el encuentro, en el que participó también el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se acordó, además, la integración de la Policía Nacional y la Guardia Civil en el sistema de emergencias de la comunidad autónoma a través del teléfono 112.
En cambio, se queda fuera la cesión a los Mossos de la seguridad en puertos y aeropuertos, una competencia que asumió este año la Ertzaintza. El traspaso del orden público en las infraestructuras críticas fue acordado en su día por Marlaska y el entonces consejero de Esquerra Joan Ignasi Elena.
Los republicanos cargaron contra lo que consideraron una junta de seguridad «descafeinada», y pidieron explicaciones a Parlon por «rechazar dar más competencias» a los Mossos y «españolizar» el 112. «Renunciar a más competencias en seguridad es renunciar a la seguridad de catalanes y catalanas», señaló la exconsejera y diputada Ester Capella. Los socios de investidura de Illa no entienden que el presidente de la Generalitat «renuncie a un acuerdo que ya estaba trabajado» por el Gobierno anterior. Unas críticas a las que se sumó desde Bruselas el expresidente Carles Puigdemont, para quien el Gobierno de Illa acuerda una medida que «descatalaniza» el servicio de emergencias.