El PSOE bloquea el pacto de Junts y PP para eliminar el impuesto a la electricidad
ESPAÑA
Desconvoca sin fecha la reunión de la comisión que debía anular ese gravamen
12 dic 2024 . Actualizado a las 10:41 h.Nueva derrota parlamentaria del Gobierno, que sirve en esta ocasión para encender la alerta en la Moncloa. Caliente todavía la exigencia de Junts a Pedro Sánchez para que presente una cuestión de confianza y ver cuáles son sus apoyos parlamentarios, la formación de Carles Puigdemont da una sonora bofetada en el Congreso al PSOE y a Sumar votando con el PP una enmienda para suspender un impuesto eléctrico. La iniciativa contó, además, con el apoyo de Vox y de otros dos socios de los socialistas, ERC y PNV. Es decir, el Gobierno se quedó solo y en minoría.
«Se trata de un éxito parlamentario y que deja en evidencia que esa mayoría de progreso de la que hablan Sánchez, sus ministros y sus diputados no es tal», celebró Miguel Tellado, el portavoz del PP en la Cámara Baja.
El PSOE reaccionó rápido y desconvocó, sin dar nueva fecha, la comisión que debía abordar la anulación del impuesto, prevista para el jueves. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, adelantó que están estudiando cómo revertir esa enmienda.
Según los populares, la suspensión del citado impuesto ahorraría 1.100 millones en la factura eléctrica, 400 millones a las familias, 500 a las pymes y 200 a las grandes industrias. El PP reseña que en los demás países de la UE no tienen este gravamen, por lo que hace a la industria española «menos competitiva», una contradicción con su trayectoria, pues fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que lo creó en el 2012 para acabar con el déficit de tarifa, es decir, el desfase entre esta y el coste real de la electricidad entre los años 2000 y 2013 por la decisión de los distintos Ejecutivos de evitar que el aumento del coste de la energía repercutiese en los consumidores. Esto llevó a acumular una deuda de más de 27.000 millones de euros.
El éxito de los populares consistió en incluir en la ponencia del proyecto de ley por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero una enmienda transaccional pactada con Junts para pasar a tipo 0 el gravamen sobre el valor de la producción de la energía eléctrica fijado en el 7 % cuando no haya déficit de tarifa. Esto supondría una bajada del precio de la electricidad para los consumidores después de que el pasado julio se recuperase ese impuesto que el PSOE lo tuvo suspendido durante la crisis energética.
Triquiñuelas parlamentarias
El Gobierno sabía que podía perder una votación como esta, por eso suspendió una primera convocatoria de la ponencia para evitar una derrota, utilizó el poder de veto a una enmienda de Junts alegando que supondría pérdidas al Estado por 1.500 millones de euros y vetó otra del PP para rebajar el IVA a importaciones energéticas por conllevar una merma de 2.250 millones de ingresos.
La ley que incluye ahora la transaccional del PP y Junts tiene que ir aún a comisión. Allí el PSOE y Sumar podrían reconquistar a sus socios y bloquear la iniciativa que salió adelante porque faltó un diputado del PSOE en la mesa, donde el Gobierno tiene mayoría, lo que impidió que se aprobase el veto del Ejecutivo. Después tendrá que ir a votación en el pleno del Congreso y entonces es cuando se podrá hablar de si el ahorro sale adelante o no. De momento, el PSOE aplazó sin fecha la comisión que debía abordar el jueves la anulación del impuesto pactada por PP y Junts y que mereció la bienvenida de Tellado a Junts «a este lado del muro».
Cuestión de confianza
La soledad del Ejecutivo es la misma que quiere poner de manifiesto Junts con la proposición no de ley que registró el lunes para que Sánchez convoque una cuestión de confianza. La Mesa del Congreso tiene previsto estudiarla el próximo martes. Está «absolutamente fuera de lugar», apuntó Sumar. «No entraremos en estos papelones», reaccionó Podemos.
No vamos de farol, dice Turull, pero «una moción de censura con Junts es una fantasía»
El día después de lanzar un órdago a Pedro Sánchez, exigiéndole que se someta a una cuestión de confianza, y presentando en el Congreso una proposición no de ley para debatir esa figura parlamentaria, Junts advirtió al PSOE que «no van de farol» en sus exigencias, pero también avisaron al PP de que «es una fantasía» que los de Puigdemont apoyen una moción de censura presentada por Alberto Núñez Feijoo.
«Si con Sánchez no nos fiamos, imagínese con Feijoo. Si Feijoo presenta una moción de censura y espera el voto de Junts, lo he dicho siempre, es una fantasía. No lo haremos», subrayó en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.
Se trata, dijo, de saber si Sánchez quiere estar «en el poder por el poder, aunque vaya perdiendo votaciones y votaciones», o si cumple los compromisos adquiridos en base al acuerdo de Bruselas para la investidura hace un año. Añadió que ellos por el momento no se plantean someter a votación de las bases de Junts su apoyo al jefe del Ejecutivo porque ya lo hicieron al consultar a los afiliados sobre el acuerdo de la investidura.
«Más nación, no gestoría»
Turull recordó al PSOE que la negociación de los Presupuestos del 2025 no ha empezado. «No estamos negociando», aseguró. Para iniciar el diálogo sobre las cuentas, Junts exige a los socialistas cumplir algunos compromisos previos como el traspaso de las competencias en inmigración a la Generalitat y compensar las inversiones previstas para Cataluña que no se han ejecutado. «Queremos ser más nación, no ser más gestoría», resumió.
«Se equivocan», insistió Turull, quienes dan por hecho que los posconvergentes seguirán apoyando al Gobierno mientras están a la espera de la resolución del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía, la gran pieza de la legislatura que no ha salido como esperaban. «No somos rehenes de la amnistía», aseguró.
Junts reiteró que el Congreso debe pronunciarse sobre la cuestión de confianza, que ya descartó el Gobierno. Sus cálculos son que tienen tiempo hasta finales de enero o principios de febrero. Antes, este año, Junts confía en que haya acuerdo y se traspasen las competencias en inmigración.