Las asesinas de Isabel Carrasco se arrepienten diez años después: «Pedimos perdón por el dolor causado»
ESPAÑA
Tras una década en prisión, Montserrat y su hija Triana prometen que «nunca jamás» harán daño a los allegados de la dirigente leonesa del PP. La política, que entonces tenía 59 años, fue asesinada a tiros el 12 de mayo del 2014 en plena calle. «Era Isabel o mi hija. Por eso decidí matarla», dijo la madre
13 ene 2025 . Actualizado a las 19:19 h.Montserrat González y su hija Triana Martínez, condenadas a 22 y 20 años de prisión respectivamente por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco, han mostrado por primera vez su arrepentimiento por su participación en el crimen de la destacada dirigente regional del Partido Popular. Unos hechos que tuvieron lugar en la capital leonesa el 12 de mayo de 2014 y que causó una gran conmoción en la opinión pública y en la clase política nacional. En sendos escritos remitidos al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Oviedo, competente para decidir sobre la situación carcelaria de las internas de Villabona (Asturias), piden disculpas «sinceras, plenas y absolutas por el daño causado» y prometen que su comportamiento futuro «nunca jamás será doloroso» para la familia de Isabel Carrasco.
Los escritos llegan diez años y siete meses después de entrar en prisión tras ser detenidas la misma tarde del asesinato. Una década larga de reclusión que han pasado en tres centros penitenciarios diferentes, compartiendo celda y donde acumularon al comienzo bastantes sanciones por mal comportamiento. En este período solo han podido dejar la cárcel para asistir al funeral del marido y padre, respectivamente, el inspector de la Policía Nacional Pablo Martínez, fallecido por el coronavirus en noviembre de 2020.
La sentencia firme consideró a Montserrat autora material del asesinato tras tirotear por la espalda a la dirigente del PP cuando cruzaba un pasarela sobre el río Bernesga, en León, mientras que Triana fue castigada como cooperadora necesaria del plan criminal. La tercera condenada a 14 años como encubridora fue la policía local de León Raquel Gago, que está en tercer grado (semilibertad) desde septiembre del 2023. En los documentos a los que ha tenido acceso este periódico, que vienen acompañados de una carta dirigida a la jueza de Vigilancia Penitenciaria de Oviedo, María Elvira Gutiérrez, las reclusas muestran su pesadumbre de forma «íntima y sincera» por los hechos que las llevaron a prisión en 2014.
Este cambio de registro, alejado por ejemplo de la actitud fría y distante de Montserrat durante el juicio, donde llegó a admitir que «mentiría si dijese que estoy arrepentida», se produce «tras una profunda y sosegada reflexión y un acto de contrición para ponerse del lado de quien fue ofendido y mostrar su gran pesar por lo que acaeció». Una conducta que sirva también de ejemplo «a toda la sociedad», detallan los escritos de Fernando Pamos de la Hoz, abogado de las dos condenadas.
En la cárcel
El defensor explica que los años de internamiento «en condiciones muy duras (hacinamientos, convivencia, normas rígidas, carencias y falta de libertad) producen un ánimo en el ser humano proclive a la reflexión y la introspección». Por este motivo, remacha que «fruto de esos años, que los plurales informes de los diferentes profesionales de la Junta de Tratamiento avalan, se han configurado dos personalidades muy distintas a las que en su momento cometieron los hechos».
«La humildad, la conciencia por el daño causado y la creencia en la necesidad de dirimir los conflictos con el diálogo han arraigado en su ser más íntimo y ya conducen su vida», asegura el abogado. «Supone una suerte de desideologización» del rencor, la obsesión y el «odio profundo» -en palabras del fiscal del caso- que motivaron la muerte de Carrasco por las rencillas laborales y personales que mantuvo con Triana, según explicó su madre en el juicio. «Le hacía la vida imposible, era ella o mi hija. Tan solo he hecho justicia», admitió entonces la autora material del crimen. La misiva, fechada en Villabona el pasado 9 de diciembre, está dirigida a la jueza Gutiérrez y consta de cinco puntos. Afirman «que la violencia no debe ser nunca el medio de dirimir controversias de ningún tipo»; rechazan «cualquier clase de acción que no sea pacífica»; piden disculpas «sinceras, plenas y absolutas por los hechos por lo que fuimos condenadas»; recuerdan que, tras abonar las responsabilidades civiles (150.000 euros), «nos seguimos poniendo a disposición de los perjudicados para cuanto pudieran necesitar»; y prometen que su comportamiento «nunca jamás será doloroso para terceras personas».
La asunción del arrepentimiento no es una exigencia para que el juzgado autorice los permisos de salida que las internas llevan dos años reclamando sin éxito. En el caso de Triana, pese a tener a favor la opinión de todos los integrantes de la Junta de Tratamiento de Villabona y en el supuesto de su madre, solo a la mitad. Pero la jueza los ha denegado de forma sistemática. Está por ver ahora si cambia de opinión tras este nuevo camino personal que han emprendido ambas.
¿Beneficios penitenciarios?
Este lunes, el abogado de las asesinas ha negado que este escrito de perdón sea una maniobra para la obtención de permisos carcelarios y que nadie le ha pedido a sus clientas que muestren su arrepentimiento. «Ni la Fiscalía, ni la Junta de Tratamiento les exige que pidan perdón», ha reiterado Pamos de la Hoz, a la par que ha asegurado que las disculpas «no son requisito para nada», en relación a la obtención de permisos o ventajas carcelarias, explicó para Europa Press.
La presidenta de la Diputación de León y presidenta provincial del Partido Popular, Isabel Carrasco, de entonces 59 años, fue asesinada el 12 de mayo del 2014 en la pasarela peatonal del río Bernesga, en el corazón de la ciudad.
Quien apretó el gatillo fue Monserrat González, que esperó a que Carrasco saliese de su casa. Lo que no esperaba es que una pareja fuese testigo del crimen y de cómo le descerrajaba tres tiros. Y no solo eso, él era agente prejubilado de la Policía Nacional. Pedro Mielgo siguió a Monserrat mientras su esposa llamaba al 112.
La autora de su disparos se deshizo del arma, una Taurus del calibre 38, que recogió su hija, Triana Martínez, y que dejó en el interior del vehículo de su amiga, la policía local Raquel Gago que, en ese momento se encontraba «en actitud de espera» y conversando con un conocido, controlador del servicio de la ORA de León.
La detención fue inmediata ya que Mielgo paró a un coche policial y le dio a los agentes los detalles de todo lo que acababa de presenciar. Su testimonio fue fundamental para esclarecer el crimen.
«Era Isabel o mi hija. Por eso decidí matarla». Esa es la inolvidable frase pronunciada por Monserrat. Triana, ingeniera de Telecomunicaciones y afiliada al PP, trabajaba en la diputación hasta que la víctima la despidió. Madre e hija alegaron que la responsable política la echó porque la joven no accedió a tener relaciones sexuales con ella. Luego, según su testimonio, «le hizo la vida imposible».
En aquel momento, Isabel Carrasco fue un «personaje único, un animal político» que «quiso reinar» en León como si «estuviera en la Edad Media». Así la describió el periodista Javier Calvo en su último libro.
Triana Martínez, una joven «extremadamente inteligente», según su análisis psicológico, frente a las «excesiva dependencia de su madre», la llevó a articular con ella un plan para acabar con la vida de Carrasco.
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La sentencia
Triana y Raquel negaron su participación, pero el jurado popular y la Justicia no lo vieron de la misma manera.
Montserrat fue condenada a 22 años de cárcel, su hija a 20 y Raquel Gago, que disfruta actualmente del tercer grado en Madrid, a 15. La Audiencia Provincial la condenó a cinco años, pero el Tribunal Supremo elevó la condena.
Un cambio político
El asesinato de Isabel Carrasco provocó el final de una era en la provincia de León, donde esta política, que comenzó su carrera como delegada territorial de la Junta que fue consejera de Economía en la Junta de Castilla y León, ostentaba el poder político, que ejercía de manera autoritaria y centralista.
Al frente de la Diputación de León fue sustituida por el entonces vicepresidente, Marcos Martínez Bazarón que, meses después, fue detenido en el marco de la Operación Púnica, y fue condenado a ocho años de inhabilitación.