Junts decidirá tras el encuentro «si vale la pena continuar» con el Gobierno
19 ene 2025 . Actualizado a las 05:00 h.El secretario general de Junts, Jordi Turull, situó este sábado la reunión de Suiza como la última bala para tratar de reconducir las relaciones con los socialistas. Desde las Borges Blanques (Tarragona), el dirigente nacionalista volvió a descartar respaldar una moción del PP y Vox. Los secesionistas critican que se les pida ayuda y, al mismo tiempo, se les quiera meter en prisión. Sin embargo, el dirigente nacionalista añadió más presión a los socialistas, ya que dijo que no teme un Gobierno de derechas. A su juicio vendría a ser lo mismo para los intereses de los independentistas, ya que los socialistas, según su criterio, no cumplen. «¿No habría amnistía? Ahora no la hay. ¿La Generalitat no tendría las competencias para una gestión integral de la inmigración? No las tenemos. ¿El catalán no sería oficial en Europa? No lo es», resumió. Turull aseguró que la reunión en Suiza con los delegados socialistas debe servirles para decidir «si vale la pena continuar o no» con el Gobierno español.
De momento, Junts ha roto a medias con los socialistas: ha suspendido las negociaciones sectoriales, pero mantiene otras, como la del traspaso de inmigración y el reconocimiento del catalán como lengua oficial en la UE.
Turull se jactó de que el PSOE haya aceptado ya la reunión urgente y extraordinaria en el país helvético y avanzó que trabajan ya para «cuadrar las agendas» con los dirigentes socialistas y los mediadores internacionales. El encuentro será pronto, dijo, aunque sin concretar que vaya a ser la semana que viene. «Así no podemos seguir. Cada uno tendrá que tomar sus decisiones de acuerdo a sus convicciones democráticas», afirmó. «No pretendemos engañar a nadie ni alargar según qué agonía», remató.
Cumplimiento de los acuerdos
Junts reclama al mediador internacional, el salvadoreño Francisco Galindo Vélez, que verifique el grado de cumplimiento de los acuerdos suscritos con los socialistas a cambio de la investidura de Sánchez para presionar a los socialistas. Carles Puigdemont ha vuelto a mover el foco. Hasta ahora, todas las miradas estaban pendientes de la cuestión de confianza. Tras la reunión de la permanente de Junts, en la que el expresidente de la Generalitat dejó en suspenso las negociaciones sectoriales con los socialistas (incluidos los Presupuestos), la atención gira en torno a la mesa de Suiza, un ámbito de diálogo y negociación pactado en noviembre del 2023 en el acuerdo de investidura, en el que los posconvergentes quieren poner toda la carne en el asador. Puigdemont ha interpretado la decisión del PSOE y Sumar de no finiquitar la petición de debatir sobre la cuestión de confianza como una «rectificación» y como una prueba de que esta vez sí se han creído que las amenazas de ruptura iban en serio.
Redoblar exigencias
Puigdemont ha subido ya varios grados su órdago: del ultimátum a Sánchez, a pedirle que debata sobre una cuestión de confianza y ahora decirle que sin los votos de Junts debería convocar elecciones. Las relaciones están muy tocadas, después más de un año, en que los nacionalistas invistieron a Sánchez a cambio de una ley de amnistía, que de momento no ha servido para que Puigdemont, Comín y Puig puedan regresar a España. En este año, además, no han sido capaces hasta ahora de acordar el traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat. En estos 14 meses, mientras, Junts no se ha mostrado como un socio fiel: ha hecho caer votaciones en el Congreso y no ha tenido «complejo» en situarse junto al bloque de la derecha. Eso sí, rechazando hasta la fecha, los cantos de sirena de una posible moción de censura impulsada por el PP y Vox.
El órdago amenaza la subida de las pensiones y los descuentos en el transporte
P. de las Heras, L. Pérez
El aviso de los posconvergentes de suspender todas las negociaciones con el PSOE deja en el aire la convalidación de un real decreto ley importante, el que incluye la revalorización de las pensiones y el Ingreso Mínimo Vital o la prórroga de las ayudas al transporte.
Esas medidas, incluidas en un paquete amplio y variado del que forma parte también la prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua, luz y gas y la suspensión de los desahucios en situaciones de vulnerabilidad o la concesión al PNV de la propiedad del edificio en el que se sitúa la sede del Instituto Cervantes en París, incautado en su día por los nazis, se votan el próximo miércoles en un pleno extraordinario. También lo harán el real decreto ley que mejora la regulación de la jubilación parcial, activa y demorada y el del impuesto a las energéticas.
Que el nuevo gravamen a las energéticas, exigencia de los socios de la izquierda, no saldrá adelante se da por descontado porque el PNV y Junts ya habían anticipado su voto en contra. También se sabe ya que la reforma de la jubilación prosperará con el apoyo del PP, porque así lo anunció Alberto Núñez Feijoo. Pero el real decreto ley ómnibus peligra seriamente. Fuentes del partido de Puigdemont aseguran que votarán en contra y que su postura es innegociable salvo que de aquí al próximo miércoles el PSOE acceda a la delegación integral de competencias de inmigración o admita finalmente la tramitación de su proposición no de ley sobre una cuestión de confianza a Sánchez.
Superar las «discrepancias»
En el grupo parlamentario socialista se muestran escépticos. Sánchez eludió el asunto y evitó dar muestras de inquietud en sus intervenciones en los congresos de su partido en Asturias y Castilla-La Mancha. La consigna ahora en el PSOE es no decir nada que pueda agravar la ya delicada situación, con la vista puesta en esa eventual reunión en Suiza. «Vamos a seguir en la discreción que siempre mantenemos en las conversaciones. Cuando haya un acuerdo -zanjan desde Ferraz-, lo comunicamos de inmediato, como también hemos hecho en todos los procesos».