Sumar amenaza con resolver la exención fiscal del salario mínimo en el Congreso
ESPAÑA
Yolanda Díaz acusa al PSOE de generar confusión y filtrar la medida a la prensa
18 feb 2025 . Actualizado a las 05:00 h.La gallega Yolanda Díaz se lo juega todo a una carta. La exención fiscal del nuevo salario mínimo interprofesional —catorce pagas de 1.184 euros— no es negociable para la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, quien ayer tensó el pulso con el PSOE y le advirtió de que puede escoger dos caminos y solo el primero es sensato: alcanzar un acuerdo dentro del Gobierno de coalición o solventar esta discrepancia en el Congreso, cuya Mesa debe calificar hoy cuatro proposiciones de ley para revertir la tributación de las nóminas más bajas anunciada por Hacienda hace una semana. «Por hacer pedagogía, creo que no hay que golpear a los más frágiles; a los que más tienen es a los que hay que apretar el cinturón», valoró en RTVE la fundadora de Sumar, quien recordó a los socialistas que no es de izquierdas «regalar» los impuestos a las energéticas ni bonificar el 100 % del IRPF a los rentistas ni hacer tributar a los más vulnerables.
La de Fene se mostró dispuesta a negociar y a retirar su iniciativa en la Cámara Baja si se llega a un pacto, pero lamentó que la propuesta del PSOE esté «más cerca de la derecha» y que la titular de Hacienda, María Jesús Montero, siempre se coloque «al lado de Economía». Pese a su «muy buena relación» con la andaluza —anoche se dieron un beso entre risas al coincidir en un teatro madrileño—, sostuvo que «la política no va de cariños, va de diferencias políticas», y la acusó de generar confusión y de iniciar debates a través de los medios de comunicación. «Esto sí que no es correcto; yo no he hecho jamás esto en mi vida», dijo Díaz, que denunció que se enteró por la prensa de que el SMI iba a tributar en el IRPF y tras un Consejo de Ministros en el que no se hizo ninguna referencia al mismo. Este martes, se prevé que sí se trate el asunto que amenaza con abrir una brecha entre los dos miembros de la coalición. «Cuando hay sentido común en el calle y no lo hay en el Gobierno, es que algo falla», protestó la titular de Trabajo.
También el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, remarcó que serán «firmes y persistentes», y calificó de absurdo que el Ejecutivo se enroque en un debate perdido, lo instó a «mover ficha» y descartó que este vete la tramitación de su proposición de ley y las presentadas por el PP, Podemos y una conjunta del BNG y ERC, para eximir al SMI de tributación. De hacerlo, magentas y populares deberían unir sus votos en la Mesa para rechazar ese veto. El portavoz de estos últimos en el Congreso, Borja Sémper, pese a haber votado siempre en contra de subir el salario mínimo, tachó de «auténtica vergüenza» que se imponga un impuesto a la pobreza.
Mientras el ministro de Transportes, Óscar Puente, opinó que esta crisis se solucionará «dialogando», fuentes de Ferraz insistieron en que «la decisión está tomada» y no quisieron valorar lo que puede ocurrir con las iniciativas en la Cámara Baja. De hecho, lo que suceda hoy es un «buen termómetro», según Podemos, para saber si la discrepancia de Sumar es «un paripé y un teatro» o está dispuesto a llegar hasta el final. El secretario de organización del partido morado, Pablo Fernández, apostó por la vía parlamentaria, y calificó de «incomprensible y execrable» que el Gobierno insista en que el SMI tribute por primera vez en la historia.
Aprovechando este desencuentro entre el Ejecutivo progresista y sus socios, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) avisó de que el ascenso del salario mínimo siembra «incertidumbre y una inseguridad jurídica brutal» y «frena algunas inversiones», y la patronal Cepyme calculó que su subida en un 61 % desde el 2018 impidió la creación de 350.000 empleos. Les respondió la ministra Díaz, quien apeló al récord de casi 22 millones de trabajadores ocupados, y defendió el incremento del SMI como «la herramienta más eficaz para luchar contra la pobreza laboral y la desigualdad».
El BNG reclama que el SMI suba hasta los 1.320,04 euros
El Bloque Nacionalista Galego pidió al Ejecutivo central que suba el salario mínimo interprofesional hasta alcanzar el 60 % del sueldo medio en España —1.320,04 euros al mes—, como recomienda la Carta Social Europea, y que no tribute en el IRPF. Su diputado en el Congreso, Néstor Rego, tachó de «erróneo y peligroso» que la ministra de Hacienda diga que el SMI ya no es un salario de subsistencia cuando los trabajadores tienen «moitas dificultades para chegar a fin de mes».