Sánchez y ERC pactan una plantilla de 25.000 «mossos» y un consorcio para acelerar inversiones
25 feb 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Cataluña verá reducida su deuda con el Estado en algo más de 17.100 millones de euros. Es uno de los principales acuerdos arrancados al Gobierno por Esquerra Republicana, con el que Pedro Sánchez espera asegurarse el apoyo de sus socios de investidura para evitar que descarrile la legislatura. El anuncio lo hizo público ayer, con el permiso de la ministra de Hacienda, el líder de la formación, Oriol Junqueras, en plena pugna con Carles Puigdemont por ver cuál de las dos fuerzas independentistas es capaz de sacar mayor tajada de la debilidad parlamentaria del Ejecutivo. De hecho, la cifra final es superior a la pactada por socialistas y republicanos para investir a Sánchez, que era de 15.000 millones de euros más intereses, alcanzando el 22 % de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), dos puntos más. «Es fácil constatar que hemos ido más allá de lo inicialmente previsto», reivindicó Junqueras desde la sede del partido en Barcelona.
Los 17.104 millones perdonados equivalen a todas las inversiones que la Generalitat prevé acometer en los próximos cuatro años, casi el 20 % de la deuda global de la Administración autonómica y 2.300 euros por catalán, según las estimaciones de ERC. Solo en intereses, la comunidad se ahorrará 1.500 millones de euros, entre 250 y 300 millones al año en función de cada crédito y del tipo de interés asociado. La quita de la deuda del FLA se eleva a 83.252 millones para todas las comunidades, con Andalucía como primera beneficiada en términos absolutos, y se aprobará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles.
Una veintena de acuerdos
No fue la única buena noticia del día para Cataluña. Como muestra de la «nueva etapa de diálogo y acuerdos» —en palabras del consejero catalán de la Presidencia, Albert Dalmau— que mantienen los Gobiernos central y catalán, ambos en manos de los socialistas, celebraron ayer en Barcelona la comisión bilateral Estado-Generalitat, que hacía dos años que no se reunía, y la comisión mixta de transferencias, que lo hizo por última vez hace 14 años. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que presidió el encuentro, lo celebraba: «Es un buen día para nosotros, no creo que lo sea para otros». Y es que la cita dio lugar a la firma de una veintena de acuerdos. El más destacado, la ampliación de la plantilla de los Mossos d’Esquadra hasta alcanzar de forma gradual los 25.000 en el 2030, unos 6.000 más que en la actualidad.
También se incrementará el número de «unidades judiciales» en una sesentena con el fin de alcanzar la ratio de jueces del conjunto del Estado. En Cataluña, es de 10,9 por cada 100.000 habitantes, mientras que la media española se eleva a 12,1. La Generalitat trabajará con el Poder Judicial para decidir los lugares en los que prestarán sus servicios.
Otro acuerdo de calado es la creación del consorcio de inversiones, un ente paritario que servirá para acelerar las inversiones del Estado en Cataluña, y que fue pactado entre Esquerra y el PSC para la investidura de Salvador Illa. Un grupo de trabajo decidirá antes del verano el importe pendiente de financiación de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía, correspondiente al déficit de inversiones en infraestructuras durante el período 2009-2013.
La Generalitat también asumirá las funciones y facultades para la formación y el nombramiento de funcionarios municipales. En total, el Gobierno central ha desbloqueado 14 transferencias ya acordadas, como el traspaso a la Generalitat de la gestión de las becas y ayudas al estudio.
Para el PP catalán, las bilaterales solo han servido para hacer «más concesiones a los independentistas para sacar el Estado de Cataluña». Su secretario general, Santi Rodríguez, tiró de ironía al afirmar que «las amenazas de Puigdemont no suelen durar más de ocho segundos», en referencia a la efímera declaración unilateral de independencia de octubre del año 2017. Por su parte, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, denunció que el «chantaje del separatismo al Gobierno de Sánchez lo acaban pagando todos los españoles».