Crecen las críticas al pacto en Sumar y la aprobación de la ley podría fracasar por falta de apoyos
07 mar 2025 . Actualizado a las 13:08 h.El pacto sobre inmigración alcanzado entre el PSOE y Junts, que deja en manos de la Generalitat la capacidad para decidir expulsiones de inmigrantes, sigue cosechando duras críticas del PP, pero también desde Sumar, cada día con más dudas, y de socios del Gobierno como Podemos. El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, afirmó desde Bruselas que «no se puede apelar a la unidad de Europa cuando se destruye la unidad en España». Tras asistir a la cumbre del Partido Popular Europeo, indicó que «no se puede reivindicar la legalidad internacional cuando se quiebra el Estado de derecho en España».
El líder del PP acusó a Sánchez de estar «parcelando competencias que afectan a la seguridad nacional, como es el desmantelamiento del control de fronteras por parte de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, las políticas de inmigración y las políticas de extranjería». También desde el PP el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, preguntó al PSOE hasta dónde va a llegar su «arrastre permanente» de «la dignidad institucional» de España. Y, dirigiéndose a los socialistas, les preguntó qué hubieran dicho si el acuerdo entre PSOE y Junts lo hubiera hecho el PP. Moreno ironizó diciendo que si al Ejecutivo le faltan votos se los pedirían a Vox «y les llamarían progresistas».
Tanto el Gobierno de la Región de Murcia como el de Aragón anunciaron que recurrirán el acuerdo al Tribunal Constitucional. El presidente aragonés, Jorge Azcón, explicó que su recurso se basará en las palabras de los miembros del Gobierno de Sánchez que aseguraron que se trata de competencias «indelegables».
Podemos, Compromís y Chunta
También la portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, aseguró que el pacto sobre inmigración supone «una desconexión total de Cataluña con España». Y el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández, criticó que la ley pactada entre los socialistas y Junts se refiera a los no nacidos en Cataluña como causa de sus problemas en la gestión de los servicios públicos.
Pero las criticas llegaron también por la izquierda. El coportavoz de Podemos Pablo Fernández reclamó a Junts que «no pretenda esconder su racismo detrás de las legítimas demandas de autogobierno del pueblo catalán», a la vez que garantizó de nuevo que su partido votará en el Congreso «radicalmente no» al texto consensuado por el PSOE y Junts. A su juicio, el acuerdo no supone centralizar competencias sino «descentralizar el racismo», con un texto en el que se reflejan unos «marcos de la derecha y la ultraderecha» en materia de inmigración.
Desde Compromís, integrado en Sumar, el diputado Alberto Ibáñez anunció también su voto en contra porque, según dijo, se pretende desplazar la agenda política hacia «marcos racistas». «Fijar el debate en la seguridad de las fronteras o en la expulsión de personas inmigrantes no me parece progresista», sostuvo. También Más Madrid y la Chunta, integrados en Sumar, rechazan la cesión, mientras que el líder de IU, Antonio Maíllo, dijo ayer que hay «dudas técnicas, legales e ideológicas».
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró que el pacto es «profundamente constitucional» y precisó que no contiene «ningún requisito en referencia a la lengua» para obtener el permiso de residencia. Sus palabras fueron corregidas sin embargo de inmediato por el secretario general de Junts, Jordi Turull, que insistió en que el catalán «tendrá que ser un requisito para los diferentes permisos» en materia de inmigración, porque «el catalán es lengua propia de Cataluña».